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Por Jorge Marirrodriga
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Enviado especial a Belgrado
 Slobodan Milosevic será
detenido, como muy tarde, el próximo 10 de marzo y acusado de asesinato,
desaparición, fraude fiscal y malversación financiera, según
anunció ayer en Belgrado un portavoz de la coalición DOS,
que agrupa a los 18 partidos políticos que gobiernan Yugoslavia.
La noticia se ha producido el mismo día en que se ha hecho público
un sondeo según el cual la mayoría de los yugoslavos cree
que Milosevic es culpable de haber cometido crímenes de guerra
y que debe ser juzgado por ello. El ministro de Justicia serbio, Vladan
Batic, ha asegurado que las investigaciones encaminadas a detener a Milosevic
son en las últimas horas “muy intensas”.
Los delitos más graves con los que según la coalición
DOS se pretende incriminar a Milosevic son el asesinato del editor Slavko
Curuvija, cometido en abril de 1999, y la desaparición del ex presidente
de Yugoslavia, Ivan Stambolic, quien había formado parte de su
círculo de colaboradores hasta que cayó en desgracia. Hasta
ayer, las pruebas más sólidas contra Milosevic eran las
que lo vinculaban con delitos económicos pero, al parecer, algunos
testigos clave pertenecientes a la cúpula del antiguo régimen
estarían dispuestos a declarar contra quien fuera su protector.
Mientras llueven las acusaciones contra Milosevic, ayer se supo que el
60,3 por ciento de los yugoslavos considera que ha cometido crímenes
de guerra, mientras un 16,6 por ciento de la población cree que
es inocente. Los datos, suministrados por la empresa Argument, muestran
también que una proporción del 60 por ciento piensa que
el ex presidente debe ser juzgado, aunque las opiniones se dividen a la
hora de determinar el lugar en el que debería celebrarse el proceso.
Un 30 por ciento estima que Milosevic tendría que comparecer ante
el Tribunal Internacional para los crímenes en la Antigua Yugoslavia
en La Haya, pero de forma voluntaria. Mientras, un 31 por ciento opina
que el juicio debería celebrarse en la misma Yugoslavia y un 12
por ciento es partidario de que no se juzgue a Milosevic a condición
de que éste abandone el país inmediatamente.
Paralelamente, un juez de Belgrado sigue obteniendo información
de sus interrogatorios al que fuera jefe de los servicios secretos de
Milosevic, Rade Markovic, detenido la semana pasada. El magistrado interrogó
durante más de cuatro horas a Markovic. Según ha trascendido
de fuentes de la investigación, hasta ahora ya se ha probado hasta
qué punto era íntima la relación entre los servicios
políticos y el Partido Socialista de Serbia (SPS) de Milosevic
y la Izquierda Unida Yugoslava (JUL), comandado por Mirjana Markovic,
mujer del ex presidente. En ambos partidos había al menos una persona
que, además de ejercer un cargo de responsabilidad en ellos, actuaba
de enlace con la policía política. De hecho, el jefe del
departamento de análisis de los servicios secretos, Uro Suvakovic,
desempeñaba a la vez un cargo directivo en el SPS. Fuentes cercanas
al gobierno serbio citadas por medios locales señalaron que el
SPS tomó el control de la policía secreta después
de lo cual uno de sus principales objetivos era el seguimiento de los
políticos de la oposición, entre ellos el actual presidente
Vojislav Kostunica. La avalancha de pesquisas y testimonios va encaminada
a probar que los servicios secretos no movían un dedo sin el conocimiento
y la autorización del propio Milosevic. Además, el detenido
Markovic era un habitual de la familia Milosevic gracias a su amistad
con Marja, la hija del ex presidente.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
LAS
FF.AA. FUERON QUERELLADAS
Menos impunidad en Chile
“Dejaré actuar a
los tribunales”. La fórmula siempre fue conveniente al presidente
chileno Ricardo Lagos. A fin de cuentas, cuando la esgrimió al
comienzo de su mandato, lo que estaba en juego era el futuro del ex dictador
Augusto Pinochet. Si los tribunales no lo procesaban, Lagos haría
gala de su constitucionalidad respetando la decisión; si lo hacían
(como efectivamente sucedió), tanto mejor. Pero ayer la situación
se le tornó mucho más incómoda: un tribunal aceptó
una querella contra los jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros
por “obstrucción de la Justicia”.
“Esto es incomprensible, después del esfuerzo histórico
que hicieron”, fue todo lo que atinó a decir el ministro de
Defensa, Mario Ramírez, al enterarse de la decisión de la
jueza María Inés Collin. Irónicamente, Ramírez
fue uno de los responsables por lo sucedido. La querella atacaba las omisiones
y errores en la información que los jefes militares entregaron
a la Mesa de Diálogo. Este organismo había sido creado por
el mismo gobierno chileno para revelar el destino de los desaparecidos
y poner límite a los juicios. Ayer el resultado fue el opuesto.
La abogada querellante Julia Urquieta enfatizó que la información
presentada por los militares no contenía “ningún fundamento
ni prueba” acerca de lo sucedido con los desaparecidos. Por eso,
espera obtenerlos vía tribunales. La Mesa de Diálogo se
transforma así en una Mesa de Querellas.
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