Dos caras de un clima reformista

En los debates sobre la transformación de la universidad pública, se encuentran variados discursos con marcas retóricas que sugieren diversas tradiciones teóricas e ideológicas. Muchos parecen inficionados por un poderoso sentido común, deudor de una verdadera revolución conservadora, cuyas realizaciones contribuyen al deterioro, cuando no a la destrucción, de estructuras colectivas que obstaculizan la lógica del puro mercado. En medio de este sentido común hay una concepción de la acción social que no problematiza los condicionamientos sociales y culturales y presupone agentes portadores de una racionalidad autónoma. Estas robinsonadas como las llamó un clásico, se legitiman al amparo de zonas prestigiosas de la ciencia económica, aunque también se presentan bajo formas ambiguas en otras perspectivas, también en aquellas que no comparten una visión individualista de la sociedad. Los argumentos de los expertos reproductores de este sentido común que apoya medidas restrictivas para la universidad pública, construidos con retórica democrática y progresista, aparecen condensados en un artículo sobre la UBA de Philip Altbach, director del Centro Internacional de Educación Superior del Boston College. Sostiene que el actual sistema favorece a quienes pertenecen a “familias en buenas condiciones económicas” que, cuando ingresan a la universidad, están en mejores condiciones culturales para recibir la oferta académica y culminar con éxito ese recorrido. Los otros, presumiblemente “pobres”, que pudieron entrar debido a la debilidad institucional, serán expulsados tarde o temprano, porque no poseen la disposición necesaria y las condiciones contextuales para entablar una relación con la oferta académica. Así, la universidad contribuye “a la desigualdad social a pesar de su ideología igualitaria”. Lo que estaría ocurriendo entonces es que este sistema “engaña” a esta ambigua especie de “pobre”, que logró ingresar gracias a la modalidad irrestricta, porque será expulsado o se autoexpulsará por no poseer las herramientas para jugar el juego universitario. Altbach concluye con el arma irónica más usada por este sentido común que consiste en doblar la apuesta democrática y progresista: sugerir el carácter antidemocrático de tradiciones democráticas y además presentarlas como obstáculos para el cambio (“libre acceso, gratuidad y autonomía”). El primer problema de estos análisis es su supina ignorancia de los procesos intervinientes en la conformación de la estructura social argentina. Por ejemplo, el papel que, a fines del siglo XIX y principios del XX, distintas visiones del mundo y agresivas políticas educativas deudoras de ese clima desempeñaron en la producción del “milagro” de alfabetizar y “nacionalizar” a masas de inmigrantes, además de otorgar educación a muchos de sus hijos. En el marco de esas tradiciones y pese a políticas regresivas, la sociedad argentina alberga todavía una extendida y heterogénea franja de sectores medios, medios bajos y aún bajos, con escasa capacidad económica y un significativo capital escolar y cultural que se resiste a ser apresada por visiones maniqueístas que refieren rápidamente a los que tienen más y a los que tienen menos. El segundo problema se expresa en lo que podría llamarse las dos caras teóricas de este tipo de análisis. Para demostrar que hay quienes estarían en el lugar social y cultural que no les corresponde (serían apenas una filtración ilusoria que confirmaría la naturalización de los lugares sociales) se le atribuye al sistema social una fuerzainconmensurable en su papel de reproductor de desigualdad. Esta desigualdad está cerca de biologizarse cuando la visión estructural se transforma en individualista para explicar el cambio, esbozando de manera implícita la pregunta que posibilitaría alguna inclusión: cuáles son los mejores entre los “pobres”.

* Sociólogo, profesor de la UBA, director de Apuntes de Investigación (CECYP).