Página/12

El informe del subcomité del Senado norteamericano desenmascaró la enorme operación financiera que a lo largo de ocho años tuvo como rostro público a Raúl Juan Pedro Moneta. En paralelo con esas actividades, desde el Banco Central se había desplegado una generosa política de beneficios hacia el ex banquero, que incluyó graves omisiones de información a diputados nacionales y puso en evidencia hasta qué punto fueron privilegiadas las relaciones que Moneta mantenía con el BCRA y su presidente, el ingeniero agrónomo mendocino Pedro Pou. La relación puede terminar en escándalo: entre la documentación obtenida por el Senado norteamericano figuran operaciones efectuadas por el propio Banco Central con el Federal Bank.

Esa red protectora había sido propiciada desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo. En medio de la estrepitosa caída de las entidades financieras controladas por Moneta, Carlos Menem sostuvo que el banquero “estaba haciendo las cosas bien”. El paraguas oficial hizo posible que, en 1996, el Banco Central ideara para Moneta una dispensa a lo establecido por su propia normativa. En efecto, el Banco Central impedía que los bancos invirtieran cifras mayores al 15 por ciento de su Responsabilidad Patrimonial Computable en préstamos a empresas vinculadas. La participación del Banco República en el CEI excedía los límites autorizados y Moneta solicitó una medida excepcional: que le permitieran continuar en infracción por un plazo de tres años. El BCRA aceptó la propuesta pero condicionándola a que el Banco República no siguiera aumentando su financiamiento al CEI o asumir mayores riesgos en relación al holding. En 1998, sin embargo, la participación de Moneta en la sociedad Citicorp Equity Investment había aumentado del 4,27 al 39,9 por ciento del paquete accionario. El banquero, con la benevolencia del BCRA, se había llevado por delante y sin consecuencias la resolución 395/66.

En el balance presentado hasta el 31 de marzo de 1995, el Banco República incluyó como propio el Edificio República. Sin embargo, ni en el registro de la Propiedad ni en las escrituras que atestiguaron los sucesivos cambios de mano figuraba documento alguno que acreditara el dominio del Banco República sobre la propiedad. Su inclusión en el balance del banco y la mágica subida de su valor permitieron al Banco República “dibujar” un aumento de su Responsabilidad Patrimonial Computable. Los nuevos números le posibilitaron obtener la privatización de los dos bancos de la provincia de Mendoza: el Banco de Previsión Social y el Banco de Mendoza, saneados por la provincia a un costo de 900 millones de dólares. De estas alternativas el Banco Central ni se enteró.

A mediados de 1998, inspectores del Banco Central señalaron con preocupación aspectos que sus colegas ya habían advertido en 1996: curiosas operaciones trianguladas entre el Banco República, el Citibank de Nueva York y una off shore de Bahamas, el Federal Bank. El informe subrayaba la peligrosidad de esas maniobras celebradas con bancos ubicados en paraísos fiscales, calificados por el propio BCRA como “zonas de riesgo”. Puntualizaron, asimismo, que en la cuenta que el Banco República tenía abierta en el Citibank de Nueva York se registraban voluminosos movimientos con el Federal Bank y la mayoría de las acreditaciones pertenecía a empresas vinculadas a Moneta. El Banco Central hizo oídos sordos a las señales de alerta de sus inspectores, no abrió sumarios ni pidió explicaciones. Es más, cuando los diputados del FREPASO Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro preguntaron al Presidente del Banco Central si tenía noticias de operaciones sospechosas de lavado de dinero por parte del Banco República, Pou respondió a través del entonces jefe de Gabinete Jorge Rodríguez que “Ninguna entidad del sistema ha informado con carácter ‘operación sospechosa’ alguna transacción efectuada por las personas físicas y jurídicas mencionadas”

Una nueva inspección del Banco Central, en 1998, calificó la situación del Banco República como CAMEL 4, de las peores según esa tabla decalificación bancaria. El BCRA no informó de ello al Banco República permitiéndole así continuar con el festival de autopréstamos (préstamos a vinculadas).

En abril de 1999 el BCRA entregó al Banco República 80 millones de dólares en redescuentos (asistencias por iliquidez transitoria). Tres días más tarde, el Banco República, con la venia del Central, cesaba su actividad.

A cambio de esos redescuentos el Banco República entregó parte de su cartera de deudores. En ella estaba incluido el Edificio República. El Central solicitó una tasación del Banco Nación. El tasador oficial tasó el Edificio República en 75 millones. Al Central no le resultó justa la tasación. Una empleada dejó constancia señalar en el memorándum SG145/99 que “por instruccciones recibidas de la Superioridad, la garantía fue tomada al 146 por ciento”, es decir en un valor de 86 millones 880 mil dólares.

Desde entonces, el Edificio República no pagó al BCRA ni una sola de las cuotas de la hipoteca que pesa sobre él. Pese a ello, ni Pou ni el COMAFI (que administra el fideicomiso del Banco República) iniciaron acciones judiciales.

Ya caídos los bancos de Moneta y a pedido de éste, la Superintendencia de Entidades Financieras, con la firma de su titular, Javier Bolzico, emitió un “certificado” en el que se dejaba constancia de las entidades del Moneta no habían infringido las normativas del BCRA.

Con Moneta en la clandestinidad y sus socios del Banco República detenidos, se celebró una asamblea de accionistas del banco a la que asistió un veedor del Banco Central. En esa asamblea se resolvió confeccionar un Plan de Regularización del banco. Ese plan fue aprobado por el BCRA que, en una decisión única en su historia, rehabilitó al Banco República.

En su informe al Congreso de La Nación del año 1999, el BCRA con la firma de Pedro Pou, informó a los legisladores que los bancos de Moneta habían caído por corridas de depósitos originadas en noticias periodísticas. El Banco República, sostuvo, funcionó normalmente tras su reapertura. Después de la rehabilitación, Página/12 visitó en diversas oportunidades la sede única del Banco República. Nunca pudo observar allí ni empleados, ni actividad, ni clientes.

La jueza ya separó a dos subordinados, y puede separar a otros dos. Los relaciona con inquietantes dilaciones para favorecer al presidente del Banco Central en la causa del Banco Basel, donde Pou está procesado por Servini.

María Romilda Servini de Cubría, la jueza que procesó a Pou y Roque Fernández.

María Romilda Servini de Cubría se desprendió de dos funcionarios de su juzgado, y alrededor de su decisión sobrevuela la figura de Pedro Pou. Una autoridad judicial aseguró a Página/12 que la jueza relaciona a los funcionarios con sospechosas dilaciones en una causa que involucra al presidente del Banco Central.
Servini había procesado a Pou y al último ministro de Economía de Carlos Menem, Roque Fernández, en una causa por el Banco Basel.
El funcionario de Tribunales que habló con este diario a condición de que no se publicara su nombre dijo que, según Servini, los dos empleados habían sido demasiado permeables a los verdaderos deseos de Pou.
–Y no está descartado que a estos dos sigan otros –dijo.
–¿Cuál sería el cargo contra ellos?
–Su actitud obstruccionista en la causa.
Algunas actuaciones eran dilatadas hasta límites que llevaron a la sospecha de las autoridades del juzgado. La demora en el expediente del Banco Basel tendría un resultado claro: debía permitirle al titular del BCRA presentar el pasado 8 de febrero un escrito en el que reclamaría la prescripción de las actuaciones.
La mismas fuentes reconocieron a este diario que existía la “probabilidad” de que hubiera una denuncia penal contra los empleados involucrados en la maniobra.
En los casos de los dos que ya fueron separados y los dos que podrían serlo en cualquier momento la constante era demorar deliberadamente los trámites judiciales. Las autoridades del Juzgado 1 pudieron corroborar que estas “anormalidades”, como las definieron, se repetían en varias causas.
Una vez que descubrieron la maniobra y los efectos que ésta tendría en el caso Basel, los responsables del juzgado decidieron trabajar durante todo enero para presentar en término la acusación judicial. Pou no llegó siquiera a escribir el borrador en el que pensaba reclamar la prescripción de la causa. Luego de realizar una ampliación pericial, el 3 de febrero Servini de Cubría decretó el procesamiento de Pou por encontrarlo “prima facie” coautor “del delito de defraudación fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Además de Pou, la jueza procesó al ex ministro de Economía Roque Fernández, al superintendente de Entidades Financieras Guillermo Lesniewier y al ex miembro del directorio del BCRA Eugenio Pendás.
El Basel, que originalmente comenzó sus actividades como compañía financiera, se transformó en banco por una resolución del BCRA del 20 de diciembre de 1990. Eran los primeros años del gobierno de Carlos Menem. El titular del Basel, José Genoud, era conocido por su “estrecha” relación con Menem. No por nada la sede del Basel ocupaba el mismo edificio del cuartel general de la campaña “Menem Presidente”: una propiedad de Carlos Spadone ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. La entidad fue suspendida el 9 de febrero de 1995. “Se trata de un quiosco”, dijo en aquel momento Pou para justificar la caída del Basel. Los directivos apelarían al Efecto Tequila como justificativo.
Entre los fundamentos que Servini de Cubría tuvo en cuenta para dictar el procesamiento de Pou y Roque Fernández se encuentran testimonios en los que, por ejemplo, se reconoce que “era ficticio el balance de noviembre del ‘94 presentado por el Basel”. También se habla de dos regímenes diferenciados de supervisiones. A la tradicional visita sorpresa, los directivos del Central incorporaron en el caso del Basel una modalidad de inspección en la que avisaban con anticipación su llegada a los bancos. “Se ahorraba en horas hombre porque las entidades ya habían recibido un instructivo y sabían lo que se les iba a requerir”, declaró Lesniewier en la causa.
El mismo día en que el Basel fue suspendido recibió redescuentos –asistencia por iliquidez transitoria– por 2 millones de dólares. Si bien el formulario en el que los directivos del Basel solicitan los redescuentos es del 8 de febrero de 1995, un día antes de la suspensión de la entidad, los investigadores sospechan que el documento fue antedatado. En su fallo, Servini de Cubría afirma que resulta “incomprensible” que las autoridades del Central hubieran autorizado los redescuentos, ya que al día siguiente se había dictado la resolución 29 que disponía la suspensión del Basel.
Para los encargados de la instrucción judicial, los directivos del BCRA que autorizaron los redescuentos desconocieron la propia carta orgánica del Central. La carta del BCRA establece que se puede “otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de iliquidez transitoria que no excedan los 30 días corridos, hasta un máximo equivalente al patrimonio de esta”. En el momento en que al Basel se le otorgó el redescuento de 2 millones su “responsabilidad patrimonial ascendía a $ 0”, concluyen los investigadores. La conclusión es obvia: “Nunca podría haberse autorizado un redescuento a una entidad que carecía de capital. No obstante ello Pedro Pou, desconociendo lo previsto en la mencionada norma (la carta orgánica del BCRA) dio curso a dicha asistencia”. Aunque públicamente Pou dijo que el Basel era un quiosco, en el expediente afirmó que “desconocía toda otra información sobre la realidad económica de Basel”.
Para la jueza Servini de Cubría, en el momento de otorgarse los redescuentos, que ascendieron a un monto total de ocho millones y medio de dólares, los directivos del Central conocían perfectamente la realidad del Basel. La jueza considera que el Tequila no fue tan decisivo en la caída del Basel. Escribió: “Más allá de los problemas provocados por el Efecto Tequila, públicamente conocidos, nos encontramos con que los funcionarios del BCRA contaban con suficiente información, aunque no del todo formal, pero sí tenemos en cuenta los antecedentes para extremar los recaudos al momento de otorgar los redescuentos al banco Basel”.
La concesión de redescuentos a entidades que atravesaban momentos conflictivos fue la constante durante la gestión de Pou. Además de ocurrir en el caso Basel, el mecanismo se repitió con los bancos República, Mayo y BCP. No es tan fácil para un directivo que hace ocho años ocupa una plaza en el directorio del BCRA demostrar su ignorancia. A menos que Pou utilice su energía solo para tomar clases sobre Borges y, luego, citarlo con erudición.