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Por
F. Y.
La comisión especial
bicameral que debe evaluar la conducta del presidente del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), Pedro Pou, anunció que
comenzará a reunirse “casi cotidianamente” desde la próxima
semana con el fin de emitir dictamen que, según trascendió,
podría ser en los próximos diez días. En tanto, otro
funcionario de gobierno sumó su voz contra el titular del Central.
Esta vez se trató del ministro del Interior, Federico Storani,
quien aseguró que los legisladores “ya tienen motivos suficientes
para recomendar su remoción”.
A poco de finalizar el discurso de Fernando de la Rúa en el recinto,
los senadores Alcides López (UCR) y Carlos Verna (PJ) y los diputados
radicales Raúl Baglini y Víctor Peláez se dirigieron
hasta el Salón Gris del Senado para dar comienzo a su tercer encuentro.
Mario Losada, presidente del Senado y de la comisión, se quedó
cumpliendo con el protocolo de despedir al titular del Ejecutivo. No avanzaron
mucho durante la hora que duró la reunión. El propio Losada
reconoció que no hay novedades sobre el cronograma de citaciones
y que no habían recibido la información reclamada al BCRA.
El único material que incorporaron los legisladores fue el que
remitió la Procuración General del Tesoro.
Sin embargo, trascendió que entre los miembros de la comisión
hay voluntad para redactar la recomendación de remoción
del funcionario cuestionado al Presidente en un plazo no mayor de diez
días. Este dato más el anuncio de que la semana que viene
comenzarán a realizar reuniones diarias y la publicación
del informe de 111 páginas (48 dedicadas a la Argentina) del Subcomité
de Investigaciones Permanente del Senado de los Estados Unidos, aceleraron
los tiempos internos de los legisladores que, hasta hace un par de días,
parecía que habían puesto un freno a su trabajo.
La indefinición del cronograma de citaciones puede significar,
en principio, el triunfo de la posición del radical López,
quien pugnó desde el comienzo con la idea de citar sólo
a Pou. Otra era la idea del diputado Peláez, quien presiona por
que se cite a directores y otros funcionarios del Central, convencido
de que allí surgirá “una garganta profunda que devele
los manejos del titular del Central”.
Pero la Asamblea Legislativa de inauguración del nuevo período
de sesiones ordinarias sirvió también para acelerar las
comunicaciones entre la comisión y la Justicia. El presidente de
la Corte Suprema, Julio Nazareno, aprovechó la oportunidad para
pedirle a Losada mayor precisión en cuanto al tipo de causas vinculadas
al Central que necesita para poder enviárselas a la brevedad.
La única información no planeada que recibieron los miembros
de la comisión fue la que entregaron los diputados frepasistas
Irma Parentella, Graciela Ocaña y Atilio Tazzioli, quienes llegaron
hacia el final de la reunión para entregarles documentación
que complicaría a Pou en el supuesto lavado de dinero con el Banco
Mercurio. Los legisladores sostienen que dicha entidad financiera –dedicada
a realizar giros de divisas a diferentes sociedades offshore del Uruguay–
tenía como cliente al funcionario cuestionado según se desprende
de los escritos que el financista asesinado Mariano Perel dejó
a modo de testamento (ver asimismo página 18).
Pero el cambio de ritmo de trabajo de la comisión también
puede ser la consecuencia de una orden del Gobierno a los legisladores
más oficialistas que la integran: Losada y Baglini. Estos esperan
que Pou termine renunciando, fruto de la presión que se ejerce
sobre él. La expectativa oficial sobre un paso al costado del funcionario
se puso de manifiesto el martes cuando el propio ministro de Justicia
y hermano del Presidente, Jorge de la Rúa, aseguró que estaban
dadas las condiciones que “pueden implicar un cambio” en la
conducción del Central. Este cambio de actitud favorece a Peláez
y López –ambos alfonsinistas– quienes desde unprincipio
presionaban, más allá de algunas divergencias metodológicas,
para que la comisión definiera rápidamente la remoción
de Pou.
“HA
SIDO EL GARANTE POLITICO DE ESTE PROYECTO”
Carrió le tiró a Menem
“El ex presidente Menem
ha sido el garante político de todo este megaproyecto” de
operaciones financieras relacionadas con “la corrupción y
el narcotráfico”, denunció ayer la diputada radical
Elisa Carrió desde Washington. La legisladora chaqueña que
encabeza la investigación sobre lavado de dinero calificó
al financista Raúl Moneta como “un testaferro” y reclamó
que se analice “la extraordinaria connivencia de Moneta con el ex
presidente (del Citibank) John Reed”. Su colega mendocino Gustavo
Gutiérrez, del Partido Demócrata, en tanto, analizó
el informe del Subcomité del Senado estadounidense y la conexión
Moneta-Citibank.
“Es imposible que haya capitalismo serio (en la Argentina) porque
no se puede competir contra el lavado”, denunció Carrió,
quien luego volvió a exigir el procesamiento del presidente del
Banco Central, Pedro Pou, por el delito de “asociación ilícita”
y reclamó que ese funcionario “no se vaya por una renuncia”
sino que “sea removido por delincuente”. Gutiérrez, por
su parte, denunció que, en este caso, existió un “pacto
de silencio”. Además de los dos legisladores, el contador
Luis Balaguer, quien también participó de las pesquisas,
señaló que “hay elementos como para llegar a los dueños”
de las empresas fantasma, atribuidas hasta ahora al banquero Moneta.
 “El procurador general
de la Nación tiene una relación directa inmediata con Moneta
y con todo este grupo. Y vamos a demostrar con el diputado Gutiérrez
hasta qué punto muchísimos funcionarios están fuertemente
complicados por lo menos en el tema de depositar dinero en bancos cáscaras.
Hay que empezar a cruzar esta información con los expedientes judiciales
en la Argentina en relación a dos causas paradigmáticas
que son “armas” y “oro”. Hay que avanzar muy seriamente
en la investigación que tenemos. Hay que empezar a investigar de
nuevo el caso del BCCI” (Carrió).
“Han mentido todos. Ha
mentido el Citi a Moneta, Moneta al Citi, el Citi al (Banco) Central,
el Citi en Argentina al Citi de Nueva York, el Citi de Nueva York al Comité
de Bancos. Acá lo que había era un pacto de silencio. Y
a medida que se ha ido rompiendo, se han ido acusando que el otro había
mentido. El Citi y Moneta es lo mismo, no es el grupo ‘Moneta y Asociados’
y Citi. Moneta es el Citibank. En determinado momento, cuando la cosa
se empieza a poner espesa, el Citibank dice ‘Hasta acá llegamos’
y le suelta la mano tanto a Moneta como a Mercado Abierto” (Gutiérrez).
“El Banco Central de la
República conocía las operaciones de lavado de dinero del
año ‘96. Los inspectores que actuaron en ese momento advirtieron
a sus autoridades que estaban ante operaciones sospechosas de lavado de
dinero y se debía investigar al Federal Bank y un grupo de empresas
que habían sido constituidas en una misma fecha” (Balaguer).
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