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Por
Irina Hauser
”Afiliación urgente
para (Fernando) De Santibañes y (Carlos) Liporaci”, bromeaban
algunos rebeldes del Frepaso cuando escucharon que una de las grandes
novedades del discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias
del Congreso era que la Oficina Anticorrupción (OA) pasaría
a tener rango de ministerio, bajo la dirección de un “extrapartidario”.
Fernando de la Rúa dijo que pretende que la OA y la Unidad de Información
Financiera (UIF) funcionen separadas del Ministerio de Justicia como una
nueva estructura. La noticia tomó por sorpresa al propio ministro
de Justicia, Jorge de la Rúa, que precisamente está de gira
haciendo gestiones de cooperación en Francia y España para
la investigación del lavado de dinero. La mayoría de sus
compañeros de gabinete sostuvieron que “jerarquiza” el
área y la lucha contra la corrupción.
El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, y el titular de la OA,
el extrapartidario José Massoni, quedaron petrificados con la noticia.
Según la propuesta del Presidente, el Ministerio de Justicia perdería
dos de sus patas más importantes. En cuanto a la OA, no se la estaría
dotando de la real autonomía que Jorge de la Rúa reconoció,
al comenzar su gestión, que podía ser necesaria. Para eso
habría que desligarla del Poder Ejecutivo. Y la lucha contra el
narcotráfico ha sido uno de los temas de agenda clave del ministro,
de ahí su viaje a Europa en representación de la UIF.
Su hermano, Fernando de la Rúa explicó que no sólo
quiere que el nuevo ministerio esté dirigido por alguien independiente
sino que “cada partido tenga un representante” en él
“para fortalecer las investigaciones y la independencia del sistema
político”. “Es decisión del Gobierno que ese organismo
actúe con firmeza y responsabilidad, con un claro criterio objetivo
y despojado de cualquier sentido de persecución política,
evitando el escándalo, apegándose a la verdad...”,
dijo el jefe de Estado.
–¿Qué nombre le irán a poner al ministerio?
¿Será el Ministerio de la Virtud y la Prevención
del Vicio de Afganistán (el que manda a destruir estatuas budistas)?
–bromeaba un encumbrado funcionario de Justicia cuando intentaba
descifrar, con sus compañeros, la finalidad del proyecto.
–Y tal vez ahora haya que pedir permiso a los representantes partidarios
para hacer una denuncia –añadió uno de sus pares.
Hubo quienes interpretaron la iniciativa como una concesión al
ex presidente Carlos Menem, que denunció a la OA íntegra
diciendo que es un organismo “inconstitucional, antiperonista y nacido
en la nostalgia macartista” en alusión a las numerosas denuncias
presentadas contra miembros de su gestión, con María Julia
Alsogaray y Víctor Alderete a la cabeza. Un hombre que conoce los
criterios del Presidente, dijo que le llama la atención “que
es cuidadoso con el gasto público y esto implica agrandar estructuras”.
Según un allegado al gabinete, rezaba que es “sólo
un enunciado político, cuestión de imagen” y advertía
“la lucha anticorrupción no tiene mucho que ver con el combate
al narcotráfico”.
Massoni estaba preocupado, y volvió a barajar la idea de renunciar,
como cuando tiempo atrás se enteró que un proyecto amenazaba
con recortarle facultades en favor de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas. Allegados a la Rosada suponen que “esto no es contra
él, hasta puede ser ministro”. “Parecería que
el Presidente quiere cambiar al responsable político”, dijeron.
En el gabinete no cayó mal la iniciativa. Fuentes cercanas a la
conducción del bloque del Frepaso, en cambio, decían que
“es una locura, es reconocer que la corrupción ha invadido
todos los estamentos del Gobierno”. Por ahora, todo el mundo espera
detalles.
REFERENDUM
PARA REFORMAR LA POLITICA
Apretar para negociar
La propuesta fue, cuando menos,
inesperada. En un gesto que buscó acelerar la discusión
sobre la reforma política, Fernando de la Rúa planteó
llevar el tema a una consulta popular en las próximas elecciones
de octubre. “Nuestro país necesita una reforma política
mucho más profunda de la que hemos consensuado en el Congreso”,
sostuvo en su mensaje ante los legisladores; “como sé que
es difícil encontrar consenso para el achicamiento del sistema
político nacional, propongo que si no se logra antes, hagamos el
mismo día de la elección un referéndum nacional y
que cada partido pueda presentar su propuesta directamente al pueblo”.
El Gobierno envió su proyecto de ley para la reforma política
en diciembre, pero el texto no fue tratado en el período de sesiones
extraordinarias. El ministro del Interior, Federico Storani, explicó
ayer que la idea es darse un plazo de “dos meses para consensuar
con la oposición, después de lo cual se empezaría
a preparar la convocatoria”.
La idea de tirar al ruedo el llamado a un referéndum empezó
a madurar hace dos semanas, cuando Storani invitó a todos los legisladores
del país a la presentación del proyecto oficial y los presidentes
de los bloques del PJ, Humberto Roggero y José Luis Gioja, rechazaron
públicamente el convite con la réplica de que la iniciativa
debía discutirse “en el recinto y no en los hoteles”.
El anuncio presidencial fue rechazado por los legisladores del PJ y respaldado
en cambio por el cavallismo y los representantes de los partidos provinciales.
Aunque De la Rúa se refirió a la idea de que cada partido
presente a la gente su idea, un referéndum sólo permitiría
votar a favor o en contra de un texto. Y su resultado no lo convertiría
automáticamente en ley: si bien la figura de la consulta popular
se incluyó en el artículo 40 de la Constitución con
la reforma de 1994, ese artículo todavía no fue reglamentado.
Esto impide, explicaron los constitucionalistas consultados, llamar a
un referéndum vinculante. Pero el Presidente sí podría
convocar a una consulta no vinculante, tal como lo hizo Raúl Alfonsín
con el tratado por el Canal de Beagle.
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