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Ayer comenzó en la ciudad de Córdoba el juicio oral y público
por la muerte de la azafata Lilian Almada, una joven de 26 años
que, en 1995, cayó al vacío en pleno vuelo cuando se abrió
la puerta del avión en que viajaba. Por este hecho están
imputados un grupo de directivos de la empresa Inter Austral, como presuntos
responsables del delito de “accidente aéreo culposo agravado
por muerte”, que prevé penas de uno a cuatro años.
María Elba Martínez, patrocinante de la familia Almada,
destacó a Página/12 que, más allá de las formalidades
que implican la primera jornada de un juicio, “lo más importante
que ocurrió fue la presentación de documentación
nueva, en la que se comprueba que el ingeniero Alberto Muñoz –gerente
de calidad de la empresa y uno de los acusados– ejercía esa
función sin poder hacerlo, ya que es ingeniero mecánico
y, de acuerdo con las reglamentaciones, quien ejerza esa tarea debe ser
ingeniero aeronáutico”.
El 9 de agosto de 1995, un avión de la empresa Inter Austral volaba
rumbo a Mendoza. Poco tiempo después de haber despegado del aeropuerto
de Córdoba, se abrió inesperadamente una de sus puertas
y se produjo una despresurización, que succionó a la azafata
Lilian Almada y la expulsó al vacío. Su cuerpo fue encontrado
dos días después, luego de una intensa búsqueda.
Almada se había casado un año antes de su muerte y tenía
un bebé de apenas tres meses.
Ayer, luego de varias postergaciones que amenazaron con exculpar por prescripción
a los presuntos responsables de la muerte de la azafata, el Tribunal Oral
2 de la Justicia Federal de Córdoba inició el juicio. Los
acusado son cinco funcionarios de la empresa área Inter Austral
–que por entonces formaba parte del grupo Cielos del Sur–: Javier
Losa de la Cruz, gerente técnico; Adolfo Luna, jefe de mantenimiento
del Aeropuerto Internacional de Córdoba; Ricardo Embón,
gerente de planeamiento e ingeniería; Jorge Fernández, gerente
de mantenimiento, y Alberto Muñoz, gerente de aseguramiento de
la calidad. De acuerdo con la acusación por la que fueron procesados
por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, los responsables
de la empresa habrían realizado una inadecuada tarea de mantenimiento
del avión, en lo particular en lo que se refiere a la puerta que
se abrió y por donde salió despedida la infortunada azafata.
El nuevo elemento aportado por María Elba Martínez, abogada
de la familia Almada, apunta a que durante el proceso pueda modificarse
la figura del delito llevándolo a acto doloso, que prevé
penas mayores. Martínez detalló a este diario que la nueva
documentación presentada aumenta la responsabilidad de la empresa,
ya que “Muñoz no estaba habilitado para desempeñar
la tarea de gerente de calidad por ser ingeniero mecánico. El era
el responsable de determinar que el avión estuviera en condiciones
para volar, pero –continúa la doctora– por su especialidad
no tiene los elementos suficientes para determinarlo”.
Oscar Roger, abogado defensor de tres de los acusados –y ex procurador
general de la Nación durante el primer gobierno de Menem–,
deslindó de la responsabilidad a sus clientes y apuntó que
“la máquina tenía vicios ocultos”. Explicó
a Página/12 que “el avión venía probado de España
–su país de origen– y que la Junta Aeronáutica
dio la autorización para que volara. Hay que ver si los técnicos
podían advertir la falla”, apuntó Roger.
Martínez, en cambio, sostuvo que “la muerte de Lilian fue
una muerte anunciada, porque desde que vinieron los aviones al país
tuvieron ese tipo de problemas. Hay documentación suficiente para
probar que tales vicios ocultos no lo eran tanto, puesto que se venían
reiterando y nadie buscó elementos para resolver el problema”.
Más allá de su contenida satisfacción por el inicio
del proceso, la abogada se quejó porque considera que la nómina
de imputados debió ser más amplia: “No están
todos los que tienen que estar. No están procesados los máximos
directivos de la empresa sino sólo los gerentes técnicos.
El accidente es responsabilidad del fabricante del avión, del propietario
y de la empresa que lo explota”. Para hoy está previsto que
presten declaración los acusados Ricardo Embón y Javier
Losa de la Cruz, además de Mirta Murúa de Almada, la madre
de Lilian, que estuvo presente en la apertura del juicio y manifestó
su esperanza en la Justicia: “Necesito que la lucha para defender
la muerte de mi hija en esta forma tan inaudita, tan horrorosa, dé
sus resultados. Que la muerte de mi hija sirva para que en la Argentina
no siga muriendo gente en vano”. En cuanto a la demanda civil, ésta
ya fue resuelta. Si bien la cantidad de dinero de la indemnización
no fue hecha pública, fuentes judiciales manifestaron a Página/12
que “la cifra supera los 400 mil pesos”.
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