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Por A. M.
 Algunas de las reuniones secretas
por la negociación de la Reforma Laboral se habrían realizado
en el hotel Elevage. Ayer declaró en el caso del escándalo
de los sobornos el representante legal de ese establecimiento cuya propiedad
se le atribuye a Enrique “Coti” Nosiglia. El empleado aseguró
que “vio varias veces” al operador radical y también
a los senadores imputados, aunque no pudo precisar en qué fecha.
Por otra parte, uno de los acusados en la causa, el senador justicialista
Augusto Alasino, salió ayer a explicar que desde 1991 está
divorciado de María Luisa Iribarren, a quien la Justicia le investiga
un depósito realizado en una entidad bancaria. El ex secretario
parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, también hizo aclaraciones.
En el marco de la investigación del patrimonio de los imputados
que había ordenado el ex juez Carlos Liporaci, la división
Delitos Complejos de la Policía Federal, a cargo del comisario
Carlos Sablich, confeccionó una lista con los familiares más
directos y pidió informes a los bancos. En las últimas semanas
recibieron numerosos datos y los fueron acercando a la causa judicial.
Página/12 informó que habían detectado un depósito
en efectivo de 30 mil pesos realizado el 8 de mayo pasado en la cuenta
que Pontaquarto tiene en el Banco Francés. El funcionario –que
sigue trabajando en el Parlamento porque pertenece a la planta permanente–
se comunicó con este diario para aclarar que el depósito
en cuestión lo realizó él mismo el 10 de mayo y fueron
20 mil pesos que dice haber cobrado de la venta de una yegua pura sangre
de carrera. “Tengo un recibo de pago, esto lo declaré cuando
fui indagado, y, además, el 8 de mayo estaba en Jordania de viaje
con otros senadores”, explicó el ladero de José Genoud,
que sigue imputado en el caso aunque con falta de mérito.
A través de un comunicado, Alasino aclaró que “María
Luisa Iribarren fue mi primera esposa y no sólo estamos divorciados
legalmente desde el 14 de octubre de 1991, sino que, de hecho, nos separamos
unos años antes”. El legislador agregó que “ya
no mantengo vinculación alguna, ni comercial, ni económica,
ni personal con la señora Iribarren”. En el escrito, el senador
entrerriano explica que “para aclarar este lamentable episodio le
presenté al juez (Gabriel) Cavallo una copia de la sentencia de
divorcio”. Sin embargo, los investigadores no descartan investigar
también a la ex consorte de Alasino. “Se está involucrando
a personas absolutamente inocentes y ajenas con el tema”, se quejó
Alasino.
Según los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, en el hotel
Elevage se realizaron “reuniones secretas en las que se buscaba consenso”
para aprobar la ley laboral, que el justicialismo y parte de la Alianza
se negaban a votar. De los encuentros habrían participado el ex
ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex secretario de Inteligencia
Fernando de Santibañes, sindicados por la fiscalía como
“operadores del Poder Ejecutivo”, y los senadores Alasino y
Genoud, ambos imputados en la causa. Los fiscales indicaron que “no
está acreditada la eventual concurrencia de Nosiglia”. Ayer
cuando Delgado le preguntó al respecto, el representante legal
del hotel afirmó que “lo vio varias veces” y ratificó
que en sus instalaciones es normal la realización de “reuniones
de políticos o deportistas”. El testigo aseguró que
también vio en el Elevage a los senadores imputados aunque no pudo
precisar si esto ocurrió entre enero y abril del año pasado,
período investigado en el caso. Sin embargo, se comprometió
a aportar el listado de personal del hotel y el registro de las reuniones.
ALLANAMIENTOS
POR MARIA JULIA
Otra vez al juzgado
El juez federal Jorge Urso resolvió
llamar a indagatoria a María Julia Alsogaray en un expediente en
el que se sospecha que pagó más de 100 millones de pesos
de más a proveedores de la ex ENTel, durante su proceso de liquidación.
El magistrado la cita por los posibles delitos de administración
fraudulenta y malversación de fondos públicos, pero no por
asociación ilícita –la única figura que podría
llevarla a la cárcel– como había pedido el fiscal Carlos
Cearras. Ayer, además, se hicieron allanamientos en una consultora
y un estudio jurídico por orden del juez Claudio Bonadío,
que la investiga por incumplimiento de sus deberes como funcionaria, negociaciones
incompatibles y administración fraudulenta por hacer contrataciones
supuestamente espurias.
La ex liquidadora de ENTel tendrá que declarar ante Urso la última
semana de marzo. Aunque no está citada bajo el cargo de asociación
ilícita, durante el interrogatorio el juez podría cambiar
la calificación de la conducta y ordenar su arresto, algo que algunos
de sus colegas de tribunales creen poco probable. Ayer mismo se habría
realizado un allanamiento por orden de Urso en las oficinas del ex gerente
de contabilidad de la vieja empresa de telecomunicaciones, Carlos Gómez,
y de Julio Orué, otro ex funcionario de la firma.
Esta causa comenzó cuando se detectaron sobrepagos de ENTel a la
empresa Pecom-Nec, que terminó cobrando 9 millones más de
lo previsto, aunque después tuvo que devolverlos. Con el tiempo,
se detectó el mismo tipo de operación en favor de las empresas
Pirelli, Siemens y la constructora Sade. En base a una denuncia de la
Oficina Anticorrupción (OA), el juez Claudio Bonadío tiene
en la mira otra de las tantas contrataciones aparentemente irregulares
de María Julia en su rol de liquidadora de ENTel. Por eso ayer
allanó las oficinas de la consultora KPMG y el estudio jurídico
de Jaime Fernández Madero. Ambas habían sido beneficiadas
junto con la firma Copiga S.A. por una contratación directa. ENTel
necesitaba un servicio de asistencia legal para conocer el estado de situación
en que estaban sus contrataciones de obra pública y enfrentar las
acciones jurídicas posibles. Sin embargo, en un principio las empresas
que compitieron fueron tres estudios contables, no jurídicos. Más
adelante se sumó el estudio de Jaime Fernández Madero que
según la OA no tuvo adversarios. Fernández Madero tendría
vinculación con Gustavo Daneri, que era el coordinador general
de ENTel y el encargado de la selección de las firmas en cuestión.
Se “dirigió” la contratación para que “un
conocido abogado se quedara con la porción legal del proyecto”,
había dicho la OA. Cuando termine de analizar la documentación
secuestrada ayer Bonadío resolverá si llama a Alsogaray
y a Daneri a indagatoria.
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