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Por Horacio Cecchi
 Un día después
del temporal, Carlos Ruckauf se las arregló para desatar una tormenta.
El jueves pasado, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias
del Parlamento provincial, Ruckauf propuso “remover con el voto popular
a jueces y fiscales” que permiten “la libertad de los delincuentes”.
Ayer, el Poder Judicial en bloque salió al cruce de la propuesta.
El Colegio de Magistrados bonaerenses hizo público su “enérgico
repudio, calificó a la propuesta de “destemplada”, acusó
a Ruckauf de buscar votos y comprometer “seriamente la independencia
de poderes, la seguridad jurídica y la paz social” de la provincia,
y se retiró “en forma indeclinable” de la Comisión
de Mapa Judicial, convocada por el ministro de Justicia, Julio Casanovas.
La comisión tuvo dos bajas: la otra correspondió al representante
de la Suprema Corte. Abogados, jueces y especialistas consultados por
Página/12 se sumaron a la lluvia de críticas.
“Debe llegar tarde o temprano el sistema en el que el voto popular
pueda producir la remoción de los jueces y fiscales que, por actitudes
excesivamente garantistas, ponen en peligro la vida y bienes de los habitantes
decentes, permitiendo la libertad de los que deberían estar separados
de la sociedad”, fueron los términos que leyó Ruckauf
de su discurso. La propuesta, teñida de un futuro condicional,
cayó como una bomba en el presente. El gobernador redondeó
con sugerencias como “que cada municipio pueda removerlos (a jueces
y fiscales) con el 51 por ciento de los votos de sus habitantes”.
Y pidió a De la Rúa que “derogue la ley del dos por
uno, porque la opinión se lo está pidiendo a usted, a los
gobernadores y a los legisladores”.
Un día después, el Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial provincial respondió con durísimos términos
y hechos. Los términos circularon en un comunicado oficial que
expresaba el “unánime rechazo a la injusta imputación
que entre sus argumentos conlleva el de atribuirles (a jueces y fiscales)
la defensa de los delincuentes, siendo que la política criminal
es de resorte exclusivo del Poder Ejecutivo y el dictado de las leyes
no es potestad del Poder Judicial, quien es sólo su ejecutor”.
Los hechos: se retiraron “en forma indeclinable” de la Comisión
de Mapa Judicial, convocada por Casanovas para resolver necesidades de
la provincia en distintas jurisdicciones judiciales.
“Nuestra presencia en la comisión es incompatible con el discurso
del gobernador”, aseguró a este diario el presidente del Colegio
de Magistrados, Carlos Pagliere. “Somos los primeros en pedir que
se nos controle. Pero la propuesta del gobernador es inviable para cualquier
defensor de la independencia de los poderes. Lo más llamativo es
que mientras (Ruckauf) ocupaba un importante cargo en el Gobierno nacional,
fue protagonista calificado de la sanción de la ley del dos por
uno y de la ley de ejecución penal, que establece la libertad anticipada
de los condenados por delitos graves, de las que ahora nos responsabiliza”.
“Son declaraciones efectistas e imprudentes”, definió
Juan Carlos Abud, presidente del Colegio de Abogados bonaerenses. “El
Ejecutivo tendría que ocuparse de empezar por atender la desprotección
de los chicos de la calle, que terminan en institutos de menores, después
en las cárceles y, a los que cumplen su condena les resulta imposible
resocializarse. Es el camino del infierno, y es responsabilidad del Ejecutivo,
que no atiende nada de ese largo camino y después habla de más
balas y más presos.”
“Como viene ocurriendo, las declaraciones de Ruckauf llevan a confusión
–sostuvo el camarista de San Isidro, Fernando Maroto–. El sistema
entiende que si a una persona se le aplica una pena, la cárcel
debería tender a su resocialización. Pero esto, que es responsabilidad
del Poder Ejecutivo, no sólo no se cumple sino que pasa todo lo
contrario. No hay cárcel en la provincia, en la que entre un delincuente
que no sea sometidoa un sistema perverso, donde en el 90 por ciento de
los casos es golpeado o torturado, y de donde sale con más ganas
de matar.”
El malestar judicial llegó a la Suprema Corte. Un día antes
del discurso de Ruckauf, por acordada, la SC retiró al ministro
Juan Carlos Hitters como representante de la Comisión de Mapa Judicial.
Según una fuente judicial, “el Ejecutivo no respetó
el compromiso de consultar la sanción de leyes, y promulgó
la 12.607 de la minoridad”. El día del discurso, Hitters,
como vicepresidente, concurrió en representación del cuerpo
y se encontró con la informal sorpresa de que Ceremonial le reservó
un asiento en segunda línea. Para colmo, en la presentación
protocolar del discurso, Ruckauf no hizo ni una mención a la presencia
de la Corte. La única, e indirecta, fue la remoción por
el voto popular.
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“Condena de por
vida”
No conforme con los repudios, renuncias indeclinables y polémicas,
ayer Carlos Ruckauf insistió con sus propuestas de innovación
judicial. Esta vez, cargó contra el rubro específico
de violadores asesinos de menores, reclamando “la condena de
por vida”. “Quiero la derogación total del beneficio
del dos por uno –sostuvo el gobernador–. Pero con eso
no me alcanza. Quiero cárcel de por vida, quiero modificar
el sistema de la Argentina, porque nunca debe salir en libertad
el que mató y violó a un menor.” Ruckauf ejemplificó
su pedido haciendo pie en el caso de Jennifer Falcón, de
7 años, violada y asesinada en Olavarría. El acusado,
Mario Sayago, había cumplido en la UP 6 de Neuquén
19 de los 21 años de condena que le correspondieron por la
violación y muerte de dos mujeres. Salió por buena
conducta por decisión del Superior Tribunal de Justicia neuquino,
que se basó en informes de la Dirección de Asistencia
a Liberados y Excarcelados de Neuquén, y de la propia Unidad
Penitenciaria. Casualmente, ambos son organismos del Poder Ejecutivo.
Pero de esto Ruckauf no dijo nada.
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SE
BALEARON EL DUEÑO DE CASA Y DOS ASALTANTES
Extrañas muertes en Varela
Un comerciante peruano, ex miembro
de la policía antiguerrilla en su país, mató a balazos
a dos hombres que ingresaron en su domicilio de Florencio Varela –junto
con un tercero que logró escapar–, pero él también
murió al recibir un impacto en el cuello durante el violento enfrentamiento.
En la casa, además de las víctimas y del ahora prófugo,
se encontraban la esposa y los cuatro hijos del comerciante, uno de los
cuales sufrió heridas graves. La Justicia, aunque el hecho está
caratulado como “triple homicidio en ocasión de robo”,
tiene dudas sobre el móvil: se supone que fue un asalto, pero no
se descarta la hipótesis de una venganza. En la vivienda no hay
señales de violencia en las puertas o ventanas, por lo que se presume
que alguien posibilitó el acceso de los atacantes. Se encontraron
tres armas, pero hay evidencia sobre la utilización de una cuarta,
calibre 22, que no apareció en el lugar.
Los hechos comenzaron a las 5 de la mañana de ayer, en el barrio
Las Piletas, de Florencio Varela, en una casa ubicada en Mermoz 3023.
El interior del domicilio, dijeron fuentes cercanas a la investigación,
ostenta un confort que está “muy por encima” del nivel
del barrio. En el frente de la vivienda hay un kiosco, que a esa hora
estaba cerrado y que tiene conexión con el resto de la edificación.
Las puertas de adelante no estaban forzadas y tampoco la del fondo. Y
en cuanto a las ventanas “hasta tenían telarañas”,
lo que indicaría –estimó la fuente consultada por Página/12–
que por allí tampoco entraron.
Según el relato de la familia, los tres hombres entraron y mientras
uno de ellos amenazaba al padre y a uno de los hijos, otro hacía
lo propio con el resto de la familia. La tragedia se desencadenó
cuando uno de los supuestos ladrones golpeó en la cabeza a John
Mendoza, uno de los hijos de Mariano Mendoza, el comerciante asesinado.
El padre salió en defensa del joven y le habría arrebatado
el arma a uno de los delincuentes, produciéndose un violento y
rápido tiroteo, en el interior del kiosco, de reducidas dimensiones,
como toda la casa.
El dueño de casa mató a dos de los ladrones, pero resultó
herido de gravedad y él también falleció poco después
en el hospital Mi Pueblo, donde quedó internado Cristian Mendoza,
otro de los hijos, quien recibió un balazo debajo del brazo que
tuvo un raro recorrido y tocó órganos vitales. Los otros
dos hijos y la esposa salieron ilesos y el tercero de los delincuentes
escapó. En la casa se encontraron tres armas: una pistola 9 milímetros,
un revólver calibre 32 y un pistolón. Uno de los asaltantes
murió baleado por una pistola calibre 22 que no fue hallada. La
familia asegura que no tenían armas y que Mariano Mendoza, aunque
ex policía experto en acciones temerarias, era “un hombre
pacífico que había dejado las armas”. La Justicia investiga
el móvil.
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