Por Cristian Alarcón

¿Existía una villa miseria propiedad del Estado? Hasta ayer no. ¿Alguna vez el Estado necesitó comprar 18 hectáreas habitadas por los más pobres del conurbano para garantizar la seguridad? Hasta ayer no. El trámite, aunque suene desopilante, se concretó por primera vez en el caso de La Cava, de San Isidro, cuya Municipalidad acaba de adquirir las tierras en las que se hacinan unas 13 mil personas en un pozo del que hasta hace cuarenta años sólo se sacaba arena. Ahora, la idea que inspiró al intendente Gustavo Posse es la de sacar de allí, no ya camionadas de pedregullo, sino a “la inmensa minoría” de delincuentes que sobreviven entre el laberinto de pasillos medievales, mezclados con “la mayoría de trabajadores honestos”. Lo más impresionante de esta operación –además de un precio irrisorio de 500 mil pesos, o sea casi un peso por metro cuadrado– es el fin judicial y político que tiene: el Estado piensa constituirse, al ser propietario de las tierras, como denunciante y querellante de los delitos complejos, tráfico de drogas y armas. “La policía muchas veces ofrece resistencia para entrar a estos lugares”, le dijo ayer a Página/12 Posse, con cierta sutileza para graficar.
Las calles –de tierra, abiertas por la Municipalidad– llegaron a La Cava en mayo del año pasado. Suponen progreso en términos clásicos, pero también suponen el itinerario y la normalización que posibilitan la vigilancia y el control sobre los que en ellas viven. La compra de las 18 hectáreas viene entonces a profundizar en esa línea. “Debemos ser sinceros y admitir que hay lugares donde dominan los delincuentes. Si la Municipalidad se convierte en “titular dominial” del lugar, podremos conseguir las medidas necesarias de parte de la Justicia para atar el problema del tráfico, que es lo que más se ha desarrollado en la villa”, le dijo a este diario el intendente, continuador de la política de su padre, Melchor Posse, quien siempre tuvo entre los desafíos locales la existencia misma de La Cava en el medio del lugar más rico del conurbano.
El plan concretado esta semana con la rúbrica del Concejo Deliberante de San Isidro es el resultado de un acuerdo entre la Municipalidad, el Plan Arraigo del gobierno nacional y la Mutual de Tierras y Vivienda Barrio La Cava. La villa nació en 1959, cuando Obras Sanitarias, el original dueño del predio, abandonó el lugar en el que había escarbado en la busca de napas de agua. Desde entonces el crecimiento fue caótico. Las casas de chapa se fueron acomodando como fichas, la una contra la otra, y los pasillos tomaron esas formas caprichosas, hasta que se consolidaron las zonas supuestamente inaccesibles. Durante la gestión del gobierno menemista, el Plan Arraigo promovió la construcción de viviendas de material y urbanizadas a través de la Mutual, comprometida a pagar en cuotas las tierras. Pero la complejidad del sitio, la densidad poblacional extralimitada y el golpe certero de la economía los dejó fuera de toda posibilidad. Ahora el acuerdo implica entonces que el municipio asume la deuda de los mutualistas, pero con un compromiso adicional; tener dominio legal sobre las tierras recién “cuando la Municipalidad le haya dado una vivienda a cada habitante censado en la villa”, en palabras de Posse.
¿Cuándo sería cumplida tamaña misión, teniendo en cuenta la densidad poblacional de la villa, una de las más altas del país? Pues los plazos y los términos en que el masivo reacomodamiento se dará aún no han sido discutidos. Por ahora, el Estado pagará sus 500 mil pesos. Luego, en un mes y medio, toda la villa será censada en un solo día para saber exactamente cuántos son, hace cuánto viven allí, qué necesidades tienen y también sus expectativas. A pesar de las incógnitas es fácil deducir que será imposible preservar a la mayoría en La Cava. Por cada manzana de la villa se calcula que viven unas 900 personas, o sea ocho veces más que el número de habitantes de una manzana en un barrio típico. Aunque la policía ha dicho que estima en 40 mil sus habitantes, el Gobierno calcula que son entre 12 y 13 mil. ¿Cuántos podrían quedarse? ¿Cuántos irse? Para losfuncionarios locales la cuestión será resuelta mediante el consenso con la participación de las ONG del lugar, de la Mutual de viviendas y del propio gobierno. Una sola cosa es tajante: quienes primero se vayan deberán ser los que delinquen.
¿Pero es posible concretar ese proceso? “Será necesaria usar ingeniería social para poder hacerlo”, dice Posse. Fuentes cercanas al proyecto reconocen que la expectativa es que a medida que se “normalice” la cuadrícula de calles y la villa vaya tomando la forma de un barrio de fácil control, los propios ladrones y traficantes preferirán el retiro a quedarse desguarnecidos ante la ley. Sucede que la trama de inseguridad de una villa miseria –La Cava– o cualquiera de los bolsones de mayor pobreza en el conurbano no está hecha solamente de desocupación, pauperización, delincuencia juvenil, etc. En ella participa generalmente la fuerza policial, que suele tener mucho más control del que admite. Fuentes del gobierno local admitieron a este diario que en el caso de La Cava, aunque la policía “no maneja estructuralmente el tráfico”, se recibieron varias denuncias de policías “que vienen de otras brigadas del conurbano que entran a La Cava para distribuir armas”.

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