Por Juan Jesús Aznárez *
Desde México D. F.
Fernando Yánez, comandante
Germán, nuevo interlocutor del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), estableció un primer contacto
con la comisión legislativa que redactó el proyecto de ley
de la discordia, aquel que consagra los derechos y culturas de los diez
millones de indígenas mexicanos, agrupados en 57 etnias. El anuncio
fue efectuado por el Subcomandante Marcos durante su marcha de 3000 kilómetros
hacia el Congreso. Tras haber rechazado, durante años, cambiar
ni un punto, ni una coma del proyecto, el EZLN aceptó
revisiones técnico-jurídicas que no lo desvirtúen.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada
por los principales partidos con representación parlamentaria,
resumió en aquel proyecto los Acuerdos de San Andrés Larraínzar,
firmados en 1996 por delegados del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-diciembre
2000) y del EZLN. El texto de la comisión legislativa no satisfizo
al Ejecutivo, que enmendó los artículos considerados susceptibles
de abrir paso a reclamaciones independentistas, a choques civiles por
la posesión de las tierras, o a conflictos jurisdiccionales entre
las autoridades indígenas y las federales. Denunciando incumplimiento,
haber sido de nuevo engañados por la hipocresía de siempre,
los zapatistas interrumpieron el diálogo de paz.
Guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) a mediados
de los setenta, Yáñez fue detenido en 1995, durante la discusión
de aquellos acuerdos y esa aprehensión puso en peligro la continuidad
de las negociaciones. Varios diputados de la Cocopa consiguieron su liberación
argumentado ante el gobierno la vigencia de la Ley para el Diálogo
y la Conciliación, expresamente aprobada para facilitar el acercamiento
entre las partes. De aquellas gestiones, nació una relación
amistosa entre el comandante Germán y los diputados
Jaime Martínez y Narro Céspedes que condujo al encuentro
de la Iglesia de los Pobres, en el Estado de Oaxaca, difundido por el
jefe del EZLN.
Fundador de la comisión que aborda la crisis de Chiapas, Martínez
informó que no se había entrado en la discusión del
contenido del proyecto de ley y que, en su opinión, no existe en
los zapatistas, un ánimo totalitario ni muchos menos.
Los adversarios del EZLN observan en el ánimo y reclamaciones del
grupo insurrecto metas compartidas, y viables, pero también un
empecinamiento en la utopía y los imposibles. En ese sentido, el
gubernamental y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México
durante 71 años, y pasó a la oposición en las generales
del 2 de julio pasado, registran entre sus filas intensos debates sobre
aquellos aspectos del proyecto de ley sujetos a interpretación,
o hilvanados sin un amplio debate nacional.
Destacados portavoces de esas dos formaciones anticiparon su negativa
a reunirse en el Congreso con encapuchados y menos a aprobar
en los términos actuales de un proyecto concebido para ser incorporado
a la Constitución. De aprobarse, su reglamentación correría
a cargo de los parlamentos de los 31 Estados mexicanos y del Distrito
Federal, sede de la alcaldía de la Ciudad de México, en
manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), centroizquierda,
que se manifestó dispuesto a apoyar el proyecto de ley sin modificaciones.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
OPINION
Por José Blanco *
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Una oportunidad única
El más grave problema estructural de México y la
más insensata injusticia es la desigualdad social. Y en el
polo extremo de los excluidos, las comunidades indígenas.
Al mirar el conjunto de la historia mexicana la conclusión
es inevitable: lejos del dogma de la Vulgata empresarial, México
ha sido un país subdesarrollado debido a la exclusión
socioeconómica y no al revés. Es imposible exagerar
el peso de la Conquista y del pasado colonial en la explicación
de la exclusión a lo largo de la historia, vale decir, en
la explicación del presente. México llegó a
la independencia con un pueblo encarnizadamente subyugado por la
servidumbre y la esclavitud despóticas por más de
dos siglos. Los subyugados eran los pueblos indios.
La independencia la encabezó y capitalizó una reducida
elite criolla, parte sustantiva del complejo político conducido
por la Corona española. El marco liberal del siglo XIX fue,
en lo sustantivo, el escenario de mil batallas entre dos proyectos
de la elite que iba progresivamente convirtiéndose en mexicana,
en lucha por el poder de un Estado que había que construir.
A través de luchas heroicas por la cimentación de
una nación propia, el Estado finalmente construido en el
tramo final del XIX fue oligárquico, definido precisamente
por la exclusión de las grandes mayorías. La fuerza
de la oligarquía era la debilidad histórica de los
excluidos. En esa debilidad reside la causa eficiente de la conformación
oligárquica. Como concluyera el estudioso de Treveris, la
liberación de las masas es obra de las masas mismas. Nadie
lo hará por ellas. En el extremo de la exclusión,
los pueblos indígenas. El Estado oligárquico era tan
excluyente que excluía del poder político inclusive
a una parte de la clase dominante. Es el reclamo maderista: sufragio
efectivo, no reelección. Y aunque detrás de ese reclamo
democrático se cuela la demanda masiva de justicia social
de los excluidos, la derrota política y militar de Zapata
y Villa permite una recomposición de las elites y un Estado
emanado de la revolución excluyente: es el proyecto
de Carranza, de Obregón y de Calles. Cárdenas rescata
la demanda de justicia social de obreros y campesinos, los arranca
de las sórdidas criptas implacables construidas en la colonia
y en el XIX, humaniza en alguna medida sus vidas, los organiza y
los incorpora al Estado. Y perderán así su independencia
y su posibilidad de lucha y de defensa propias. Pronto alcanzarán
así una nueva forma de exclusión. Y en el extremo
de la exclusión, los pueblos indios.
Las bases político-organizativas del Estado corporativo han
sido prácticamente eliminadas por la historia reciente. La
elite mexicana ha crecido, pero siguen reducidos los grupos sociales
con acceso real al poder político y es una elite estrecha
la que tiene acceso a los mecanismos de decisi{on y control de la
producción y la distribución económica.
Participación en la esfera política para ampliar las
bases de la democracia y suprimir así, al máximo,
las condiciones de la corrupción dentro del gobierno, convertir
a éste por esa vía en un conglomerado institucional
eficiente, y presión salarial y de la competencia económica
para despertar la creatividad y el ingenio que conducen a la productividad
y a la ampliación de una riqueza cada vez mejor distribuida,
sólo pueden ser resultado de una sociedad que se organiza
en defensa de sus intereses. El proyecto de ley Cocopa puede ser
una puerta de entrada a la organización propia de los excluidos
extremos. Difícilmente habrá en años una nueva
oportunidad.
* De La Jornada de México, especial para Página/12.
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