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LOS ZAPATISTAS ENTABLAN CONTACTOS CON EL CONGRESO
La larga marcha hacia la ley

Los jefes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que están marchando a Ciudad de México para reclamar la aprobación de la ley indígena, empezaron a negociar con el Congreso. Llegan el 11.

Miembros de la protección civil de Marcos abren paso al ómnibus de los comandantes.

Por Juan Jesús Aznárez *
Desde México D. F.

Fernando Yánez, “comandante Germán”, nuevo interlocutor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estableció un primer contacto con la comisión legislativa que redactó el proyecto de ley de la discordia, aquel que consagra los derechos y culturas de los diez millones de indígenas mexicanos, agrupados en 57 etnias. El anuncio fue efectuado por el Subcomandante Marcos durante su marcha de 3000 kilómetros hacia el Congreso. Tras haber rechazado, durante años, cambiar “ni un punto, ni una coma” del proyecto, el EZLN aceptó revisiones “técnico-jurídicas” que no lo desvirtúen.
La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los principales partidos con representación parlamentaria, resumió en aquel proyecto los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, firmados en 1996 por delegados del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-diciembre 2000) y del EZLN. El texto de la comisión legislativa no satisfizo al Ejecutivo, que enmendó los artículos considerados susceptibles de abrir paso a reclamaciones independentistas, a choques civiles por la posesión de las tierras, o a conflictos jurisdiccionales entre las autoridades indígenas y las federales. Denunciando incumplimiento, haber sido de nuevo engañados por la hipocresía de siempre, los zapatistas interrumpieron el diálogo de paz.
Guerrillero de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) a mediados de los setenta, Yáñez fue detenido en 1995, durante la discusión de aquellos acuerdos y esa aprehensión puso en peligro la continuidad de las negociaciones. Varios diputados de la Cocopa consiguieron su liberación argumentado ante el gobierno la vigencia de la Ley para el Diálogo y la Conciliación, expresamente aprobada para facilitar el acercamiento entre las partes. De aquellas gestiones, nació una relación amistosa entre el “comandante Germán” y los diputados Jaime Martínez y Narro Céspedes que condujo al encuentro de la Iglesia de los Pobres, en el Estado de Oaxaca, difundido por el jefe del EZLN.
Fundador de la comisión que aborda la crisis de Chiapas, Martínez informó que no se había entrado en la discusión del contenido del proyecto de ley y que, en su opinión, no existe en los zapatistas, “un ánimo totalitario ni muchos menos”. Los adversarios del EZLN observan en el ánimo y reclamaciones del grupo insurrecto metas compartidas, y viables, pero también un empecinamiento en la utopía y los imposibles. En ese sentido, el gubernamental y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante 71 años, y pasó a la oposición en las generales del 2 de julio pasado, registran entre sus filas intensos debates sobre aquellos aspectos del proyecto de ley sujetos a interpretación, o hilvanados sin un amplio debate nacional.
Destacados portavoces de esas dos formaciones anticiparon su negativa a reunirse en el Congreso “con encapuchados” y menos a aprobar en los términos actuales de un proyecto concebido para ser incorporado a la Constitución. De aprobarse, su reglamentación correría a cargo de los parlamentos de los 31 Estados mexicanos y del Distrito Federal, sede de la alcaldía de la Ciudad de México, en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), centroizquierda, que se manifestó dispuesto a apoyar el proyecto de ley sin modificaciones.

* De El País de Madrid, especial para Página/12.

 

OPINION
Por José Blanco *

Una oportunidad única

El más grave problema estructural de México y la más insensata injusticia es la desigualdad social. Y en el polo extremo de los excluidos, las comunidades indígenas. Al mirar el conjunto de la historia mexicana la conclusión es inevitable: lejos del dogma de la Vulgata empresarial, México ha sido un país subdesarrollado debido a la exclusión socioeconómica y no al revés. Es imposible exagerar el peso de la Conquista y del pasado colonial en la explicación de la exclusión a lo largo de la historia, vale decir, en la explicación del presente. México llegó a la independencia con un pueblo encarnizadamente subyugado por la servidumbre y la esclavitud despóticas por más de dos siglos. Los subyugados eran los pueblos indios.
La independencia la encabezó y capitalizó una reducida elite criolla, parte sustantiva del complejo político conducido por la Corona española. El marco liberal del siglo XIX fue, en lo sustantivo, el escenario de mil batallas entre dos proyectos de la elite que iba progresivamente convirtiéndose en mexicana, en lucha por el poder de un Estado que había que construir. A través de luchas heroicas por la cimentación de una nación propia, el Estado finalmente construido en el tramo final del XIX fue oligárquico, definido precisamente por la exclusión de las grandes mayorías. La fuerza de la oligarquía era la debilidad histórica de los excluidos. En esa debilidad reside la causa eficiente de la conformación oligárquica. Como concluyera el estudioso de Treveris, la liberación de las masas es obra de las masas mismas. Nadie lo hará por ellas. En el extremo de la exclusión, los pueblos indígenas. El Estado oligárquico era tan excluyente que excluía del poder político inclusive a una parte de la clase dominante. Es el reclamo maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y aunque detrás de ese reclamo democrático se cuela la demanda masiva de justicia social de los excluidos, la derrota política y militar de Zapata y Villa permite una recomposición de las elites y un Estado “emanado” de la revolución excluyente: es el proyecto de Carranza, de Obregón y de Calles. Cárdenas rescata la demanda de justicia social de obreros y campesinos, los arranca de las sórdidas criptas implacables construidas en la colonia y en el XIX, humaniza en alguna medida sus vidas, los organiza y los incorpora al Estado. Y perderán así su independencia y su posibilidad de lucha y de defensa propias. Pronto alcanzarán así una nueva forma de exclusión. Y en el extremo de la exclusión, los pueblos indios.
Las bases político-organizativas del Estado corporativo han sido prácticamente eliminadas por la historia reciente. La elite mexicana ha crecido, pero siguen reducidos los grupos sociales con acceso real al poder político y es una elite estrecha la que tiene acceso a los mecanismos de decisi{on y control de la producción y la distribución económica.
Participación en la esfera política para ampliar las bases de la democracia y suprimir así, al máximo, las condiciones de la corrupción dentro del gobierno, convertir a éste por esa vía en un conglomerado institucional eficiente, y presión salarial y de la competencia económica para despertar la creatividad y el ingenio que conducen a la productividad y a la ampliación de una riqueza cada vez mejor distribuida, sólo pueden ser resultado de una sociedad que se organiza en defensa de sus intereses. El proyecto de ley Cocopa puede ser una puerta de entrada a la organización propia de los excluidos extremos. Difícilmente habrá en años una nueva oportunidad.

* De La Jornada de México, especial para Página/12.

 

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