Por Carlos Rodríguez

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, consideró “un gesto involuntario de homenaje a las organizaciones de la sociedad civil” la decisión de unos 700 oficiales del Ejército en actividad de recurrir a los organismos de derechos humanos para saber si existen denuncias contra ellos por delitos cometidos durante la dictadura militar. Verbitsky, quien se encuentra en España, anticipó que el CELS responderá los pedidos de hábeas data presentados y que sus abogados estudian la posibilidad de denunciar penalmente al general Ricardo Brinzoni, titular del Ejército, como “encubridor o cómplice” de la llamada Masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976 en el Chaco. En ese momento, según la información en manos del CELS, Brinzoni se desempeñaba como secretario general de la Gobernación, que estaba a cargo del interventor militar general Facundo Serrano. El columnista de Página/12 estimó que Brinzoni “debería renunciar” a su cargo.
Verbitsky se encuentra participando, en la capital española, del Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y el Principio de Justicia Universal. Desde allí, en diálogo telefónico, destacó que es “la primera vez que las Fuerzas Armadas se subordinan explícitamente al poder político y a las organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de certificados de inocencia que la Justicia no puede emitir porque está maniatada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. Sobre el tema adelantó su optimismo por una resolución favorable al pedido del Cels a la Justicia para que se declare la nulidad de esas dos leyes.
“Esto significaría, junto con la investigación sobre el lavado de dinero, la posibilidad de sanear la República para reconstruir la democracia sobre bases mucho más sólidas”, afirmó Verbitsky.
–¿Cómo recibió, como presidente del CELS, esta inédita presentación realizada por centenares de oficiales del Ejército?
–El diario La Nación dice que es una reacción a la decisión judicial inminente de declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida, en respuesta al planteo formulado ante la Justicia por el CELS. Es un gesto de desesperación, de impotencia, un gesto involuntario de homenaje a las organizaciones de la sociedad civil que resistieron a la dictadura, que investigaron sus crímenes, que no se resignaron a las leyes de impunidad, que han seguido reclamando no solo la verdad sino también la justicia. El general Brinzoni hace un homenaje involuntario a este sector de la sociedad y nosotros lo apreciamos como tal.
–¿Cree que es un paso positivo?
–Nos parece muy bien que se sometan a la legalidad y que en vez de secuestrar los archivos en una operación comando, como hicieron en 1981 (se refiere a un operativo de la dictadura contra los organismos de derechos humanos), ahora presenten un recurso de hábeas data. Creemos que muestran subordinación al poder político por un lado y también a la sociedad civil. Y eso es positivo.
–¿El CELS va a responder al pedido de los oficiales?
–Vamos a contestar porque, de acuerdo a la ley, cada ciudadano tiene derecho a presentarse. Vamos a estudiar los términos de la respuesta. Los abogados van a hacer un estudio para hacer lo que corresponda, protegiendo a las víctimas del terrorismo de Estado. Esto significa que de ninguna manera vamos a darles los nombres de quienes denuncian los delitos que ellos cometieron. Sería traicionar a las víctimas.
–Se estima que son por lo menos 500 los oficiales que se presentaron. ¿El CELS podría responder dentro del plazo de diez días que ellos requieren?
–El ritmo no lo van a marcar ellos. Después de haberse tomado 25 años de silencio sin contestar por los delitos cometidos, no pueden pretender que en diez días les demos todo lo que tenemos. Eso es ridículo porque somos una pequeña organización y no tenemos todos nuestros archivos informatizados, pero vamos a responder. –La lista está encabezada por el propio Brinzoni...
–Precisamente: el primer pedido que vamos a contestar es el que corresponde al propio general Brinzoni, que fue funcionario político de la dictadura desde su función de secretario General del Gobierno del Chaco durante la Masacre de Margarita Belén (ver aparte). Le pedí a los abogados del CELS que estudien la posibilidad de denunciarlo penalmente como encubridor o cómplice de esta masacre.
–Hoy se comentaba en Buenos Aires que la presentación sería una fuerte jugada política del Ejército. ¿Usted que opina al respecto?
–Nos parece que el general Brinzoni está tratando de armar un bloque con las jóvenes generaciones militares, que nada tienen que ver con ese pasado siniestro. Se escuda detrás de ellos porque él sí tiene cosas para ocultar. Un oficial del Ejército que hoy tiene 45 o 47 años no tiene nada que temer. O no estaba en actividad porque no había entrado al Ejército cuando ocurrieron los hechos o era un oficial del grado más bajo, de subteniente, que eran utilizados para hacer controles de rutas y operativos legales. En 1984, cuando el ex presidente (Raúl) Alfonsín había comenzado los juicios, el 90 por ciento de los que habían participado en la guerra sucia seguían en actividad y sólo el diez por ciento había pasado a retiro. Hoy la proporción es inversa: el 90 por ciento son retirados de la fuerza y apenas el diez por ciento de los que están en actividad pudo haber tenido algo que ver.
–¿Qué grados tienen hoy esos eventuales responsables?
–Sólo quienes hoy tienen el grado de general, de coronel y los tenientes coroneles más antiguos podrían haber participado. Esto lleva a suponer que la proporción de los que participaron es baja en la actualidad porque hubo un proceso muy largo, de muchos años, en los que hubo denuncias. Se supone que el grueso de la información disponible sobre quiénes participaron ya fue conocida públicamente y sirvió en muchos casos para que no fueran ascendidos, aunque haya habido impunidad y no se los haya podido condenar. Me parece que todas las actitudes del señor Brinzoni, desde que fue designado por el presidente (Fernando) De la Rúa, están teñidas por su temor personal y eso es injusto con la democracia, que no puede tener al mando de una institución armada a una persona que está instrumentando a sus jóvenes oficiales para tapar responsabilidades personales.
–¿Puede tratarse de una maniobra política para buscar una hipotética reivindicación del golpe del 24 de marzo de 1976?
–Yo digo lo siguiente: en un reportaje al general Brinzoni le preguntaron a qué antecesores admiraba y él señaló al general (Héctor) Ríos Ereñú (el primer jefe del Ejército designado por Raúl Alfonsín). El general Ríos Ereñú fue quien condujo a la fuerza a la catástrofe de Semana Santa de 1987. Además, Ríos Ereñú había sido denunciado por el capitán (José Luis) D’Andrea Mohr y por el teniente coronel Jorge Mitelbach por haber sido jefe de un regimiento de Tucumán en donde se torturó. Si ése es el modelo que propone Brinzoni, yo creo que ahí ya está implícita su valoración de los hechos de los que estamos hablando.
–¿Esta ofensiva del Ejército tiene que ver con el planteo del CELS para que se declare la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?
–La verdad es que la idea de pedir la nulidad se la debemos a Brinzoni. Fueron sus intentos de reivindicación los que nos decidieron a hacer ese planteo a la Justicia. Entendimos que si esto no era cortado de cuajo iba a llevar gradualmente a la escalada reivindicativa. El general Ríos Ereñú, en una reunión con mil oficiales realizada en 1986 en el Regimiento I de Palermo, había dicho que ellos libraban una batalla jurídica y que trataban de reducir las bajas al mínimo para, en un futuro, “reivindicar a nuestros comandantes”. Esas fueron sus textuales palabras. Ese era el plan de Ríos Ereñú, el hombre a quien Brinzone propone como modelo. Esa es una reivindicación que la sociedad argentina rechaza. –¿Cuáles son los alcances de esa presentación del CELS ante el juez federal Gabriel Cavallo?
–Nosotros la hicimos pensando no en el pasado sino en el presente y en el futuro. No creemos que hoy exista la posibilidad de un nuevo genocidio en la Argentina, pero sí creemos que el veneno de la impunidad se ha ido extendiendo como una mancha venenosa sobre el conjunto de las instituciones argentinas. La impunidad no es un disvalor que se pueda reducir a una época y a un episodio sino que ha ido envenenando al conjunto de la sociedad argentina. Hemos visto episodios de impunidad que han motivado respuestas públicas de movilización de la sociedad argentina. Casos como el de María Soledad Morales, el soldado (Omar) Carrasco, nuestro compañero José Luis Cabezas. Lo que no se produjo fue la respuesta de las instituciones que garantizara que se hiciera justicia. Y hay también impunidad para los graves delitos de corrupción que se han cometido durante la década menemista.
–¿Debe retomarse el juzgamiento de los crímenes de la dictadura?
–En un país donde no hay castigo para los delitos repugnantes como la Masacre de Margarita Belén, ocurrida cuando Brinzoni era secretario general de la Gobernación, no puede se puede pretender que se haga justicia con un ladrón de gallinas, con un policía de gatillo fácil o con un político corrupto que vende el país por 30 dineros. Acá hay una cuestión de jerarquías. Si el valor fundamental de una sociedad, que es la vida, no está protegido, si se puede matar alevosamente como se mató durante la dictadura sin que haya sanción, es natural que no haya sanción para ningún tipo de delito.
–¿En que situación se encuentra el pedido de nulidad?
–Nosotros hemos pedido la nulidad con el siguiente razonamiento: los crímenes de lesa humanidad han sido declarados imprescriptibles en la jurisdicción universal establecida por el juez (Baltasar) Garzón. Augusto Pinochet, luego de su detención en Londres, donde funciona el tribunal más conservador del mundo, hoy está siendo procesado en Chile. En la Argentina siguen los juicios por robos de bebés y están procesados los miembros de la última Junta Militar, dos ex presidentes, y también siguen los juicios de la verdad. Por eso no había, a nuestro juicio, ninguna razón válida, ni jurídica ni moral, ni nacional ni internacional, que impidiera la renovación de los juicios en la Argentina.
–¿Eso significaría continuar los juicios como los realizados contra la Junta Militar y contra el general Ramón Camps y que quedaron interrumpidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
–Eso significaría reanudar todos los juicios que quedaron interrumpidos. Por supuesto que habrá que hacerlo caso por caso, no se van reabrir automáticamente. Será necesario que los fiscales o los damnificados impulsen la acción. El CELS está comprometido a hacerlo y lo hará en todos los casos en los demos abasto para hacerlo. Damos por sentado que organismos hermanos como la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo o Familiares harán lo mismo y la Justicia irá decidiendo caso por caso si hay mérito o si no hay mérito. Significa reanudar un tránsito interrumpido por un acto de prepotencia, de violencia (en alusión a las revueltas militares) y por una claudicación ética de los gobernantes de entonces, que afortunadamente no son los de hoy.
–¿Cómo podría reaccionar el actual gobierno?
–Yo desearía, y esto lo digo públicamente porque antes intenté decirlo en forma privada, dado que solicité una audiencia con el presidente De la Rúa y hasta ahora no he tenido respuesta. Yo quería decirle: esto no es contra el gobierno porque el gobierno actual no tiene responsabilidad ni en los crímenes contra la humanidad que se cometieron bajo la dictadura ni tienen responsabilidad de las leyes de impunidad que se dictaron en la década del 80. Esto tiene un significado parecido al que le da Elisa Carrió al tema de la investigación sobre el lavado de dinero: esto no es contra el gobierno, es para el saneamiento de la República. De una vez portodas tenemos una República o quedamos en mano de las mafias. Este es un momento decisivo. La simultaneidad de la investigación que comenzamos nosotros en Página/12, que continuó la diputada Carrió y el senado de los Estados Unidos y del episodio de la nulidad de la Obediencia Debida es sumamente significativo. Es un buen camino para reconstruir la democracia argentina sobre bases mucho más sólidas.
–¿Cuáles deberían ser los gestos futuros del Ejército para demostrar que realmente no quiere reivindicar el pasado?
–Yo creo que el general Brinzoni debería pasar a retiro y que el Ejército debería estar en manos de una persona que no esté bajo sospecha por haber sido funcionario político de la dictadura. Cuando eso suceda el discurso va a cambiar. Cuando no haya alguien que necesite embarrar la cancha para defenderse a sí mismo.

UNA HISTORIA DE MARGARITA BELEN
La masacre que preocupa a Brinzoni

La Masacre de Margarita Belén ocurrió en el Chaco el 13 de diciembre de 1976 y formó parte de los casos analizados durante el histórico juicio a los ex comandantes, realizado en 1985. En la madrugada de ese día, un grupo de entre 13 y 21 detenidos fue sacado de la Unidad Penitenciaria número 7 de Resistencia, supuestamente para ser llevados a una cárcel de máxima seguridad de Formosa. Los testimonios aportados en el juicio a las juntas y en otras investigaciones judiciales, coincidieron en que los detenidos fueron previamente torturados y que no existió el supuesto intento de fuga que alegaron los militares sino que se trató de un virtual fusilamiento, como ocurriera en varias ocasiones durante la dictadura.
La orden del traslado de detenidos fue emitida por el entonces coronel Cristino Nicolaides, luego integrante de la última Junta Militar, ahora procesado por el robo de bebés durante la dictadura militar. El ex diputado radical Víctor Marchesini, testigo del juicio a los comandantes, estuvo detenido junto con los presos que fueron masacrados en Margarita Belén. Marchesini declaró que los obligaron a pasar por una doble fila de guardias que los apalearon hasta desmayarlos.
El grupo que participó en el operativo de exterminio estaba integrado por militares que cumplían funciones en el Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, que estaba al mando del teniente coronel Hornos. También intervinieron policías de la Dirección de Investigaciones de la policía chaqueña que luego fueron denunciados, con nombre y apellido, por la primera Comisión de Derechos Humanos del parlamento chaqueño, en el año 1984. Por ese motivo, la masacre de Margarita Belén fue uno de los primeros homicidios colectivos, ocurridos durante la dictadura, que tuvo difusión pública a nivel nacional.
En diciembre de 1976, la máxima autoridad en el Chaco la ejercía el interventor militar general Facundo Serrano. Según la documentación reunida por el CELS, en esos momentos el general Ricardo Brinzoni se desempeñaba como funcionario de la Gobernación. Desde ese cargo, cuando menos, tuvo que conocer los entretelones de esa operación masacre.

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