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El ex presidente Carlos Menem aseguró ayer que iniciará
una querella contra la diputada Elisa Carrió (UCR) por haber llamado
“testaferro” al banquero mendocino Raúl Moneta. “El
lunes yo estoy iniciándole una querella a la señora Carrió
porque, muy suelta de lengua, dijo que Moneta es mi testaferro”,
amenazó ayer desde uno de sus clásicos reductos, la Hostería
Los Amigos, de Anillaco. Luego, el titular del justicialismo defendió
al cuestionado presidente del Banco Central, Pedro Pou, a quien consideró
“la figura menos importante” del caso. Menem, además,
destacó que el informe del Senado norteamericano “no dice”
que haya funcionarios de su gestión implicados en las “dudosas
transferencias” a bancos off shore de Bahamas. En sus declaraciones,
el riojano mostró que sigue con atención (y preocupación)
el destino de las 25 cajas de documentación que están en
poder del equipo encabezado por la senadora republicana Susan Collins
y que contienen los nombres de los depositantes del Federal Bank y el
M.A.Bank.
Consciente de la importancia de esa documentación –que se
ha convertido en el eje principal de disputa política–, Menem
cargó contra los dos principales impulsores de la investigación
en la Argentina, la radical Carrió y el demócrata mendocino
Gustavo Gutiérrez. “No podemos confiar en dos legisladores
con una parcialidad total en el manejo del tema”, dijo sobre ellos,
en medio de un almuerzo organizado por legisladores peronistas de Córdoba.
A continuación, emitió una señal directa a la Casa
Rosada, al calificar como “excelente” la intención del
Ejecutivo de reclamar esos papeles.
El viernes, en cambio, la señal había partido desde otro
lugar. Mientras el Presidente confirmaba desde Colonia que el Gobierno
pediría al Senado norteamericano las 25 cajas con documentos, el
embajador en Washington, Guillermo González, iniciaba sus gestiones
para hacer realidad ese objetivo. Enterados del asunto, Carrió
y Gutiérrez acusaron veladamente al Ejecutivo de querer “obstaculizar
las pruebas”. La chaqueña fue aún más lejos:
amenazó con paralizar la comisión parlamentaria en el caso
de que la documentación quede en manos de los hombres de la Rosada.
A pesar de su embestida contra el tándem Carrió-Gutiérrez,
el titular del justicialismo evitó en todo momento cuestionar la
legitimidad del informe firmado por la subcomisión del Senado norteamericano.
Al contrario, destacó que fue elaborado por “gente responsable”.
Al momento de referirse a uno de sus ex funcionarios, el actual presidente
del BCRA, no dudó en defenderlo a diestra y siniestra. Así,
a pesar de los cuestionamientos por la falta de control del lavado de
dinero, aseguró que Pou es víctima de “ataques”
que provienen de un sector que “quiere cambiar la política
económica” y “devaluar”.
Pero Menem no se limitó a defender al por ahora titular del Central.
Cuando le preguntaron si durante su gestión se había lavado
dinero, respondió con un detallado análisis de las cifras
multimillonarias que pasaron por las cuentas de corresponsalía
del Citibank de Nueva York de propiedad del Federal Bank y M.A.Bank. Subrayó
que las operaciones de lavado equivalen a “casi 8 millones de dólares”
que “tiene comprobado la subcomisión del Senado”. Pero
en relación a los “4500 millones” que según el
informe de los investigadores norteamericanos no tienen aún un
justificativo razonable, contestó que corresponden a “todo
el mundo”. De esa forma, reconoció como dinero sucio el proveniente
de un depósito hecho por el Cartel de Juárez (7,7 millones
en M.A.Bank) y de un soborno del caso IBM-Banco Nación (1 millón)
y sembró un interrogante sobre el resto. Mientras el Gobierno y
la dupla Carrió-Gutiérrez se pelean por la documentación
que contiene esa información, el próximo episodio de esa
historia continuará mañana en la reunión de la comisión
bicameral encargada de analizar la continuidad de Pou en el Central. Después
de la renuncia de Machinea, el alejamiento del funcionario parece casi
asegurado. El hasta ayer ministro de Justicia Jorge de la Rúa (no
se sabe que pasará mañana) adelantó que “cualquier
decisión que se adopte se harádentro del marco que dispone
la normativa vigente”. Es que en el Gobierno la principal preocupación,
en relación a este tema, es tranquilizar a “los mercados”
y a los acreedores externos.
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