Por Horacio Verbitsky

Más de treinta policías de Buenos Aires que testimoniaron ante la justicia sobre graves delitos cometidos por sus jefes han sido objeto de intentos de homicidio, amenazas y agresiones, que se extienden a sus familias. A uno intentaron atropellarlo con un patrullero. La esposa de otro fue objeto de una tentativa de violación. Otro decidió abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos. Todos solicitan garantías para su vida al gobernador Carlos Rückauf. Los sargentos Luis Alberto Flores y Rubén Darío Montenegro y un tercero que omitió dar su nombre para proteger a su familia; los cabos Carlos Salamón y Miguel Amaya y el cabo primero Julián Rivarola ratificaron la denuncia y expusieron su situación. Salvo Rivarola, que habló por teléfono desde Dallas, Texas, los demás visitaron este diario, vestidos con su uniforme. Un día después sumaron su adhesión el sargento Eduardo Contreras y el cabo Juan José Langelotti. “Gobernador ¿por qué nos condenaron a muerte?”, preguntan. Todos habían declarado ante la justicia bajo reserva de su identidad, pero por filtraciones desde el tribunal y desde la jefatura de Policía fueron identificados y expuestos a represalias. En cambio los denunciados fueron puestos en libertad alegando razones técnicas por un juez de feria que ignoró la abrumadora prueba recogida en la causa. La mejor maldita policía del mundo campea así por sus fueros y promete venganza a los policías honestos que creyeron en el mensaje político de la depuración.

¿Autodepuración?

El 28 de enero de 2000 durante un acto de entrega de 265 patrulleros en la rotonda de Alpargatas, flanqueado por su entonces ministro de seguridad Aldo Rico, Rückauf exhortó a la policía a autodepurarse. Alentados por lo que interpretaron como un respaldo político tres docenas de suboficiales respondieron a la exhortación del gobernador. En febrero prestaron testimonio ante el fiscal Hernán Collantes sobre la red de corrupción que habían detectado en el Comando de Patrullas de Vicente López y la comisaría de Florida.
La primera denuncia fue presentada por dos suboficiales: el sargento primero Juan Carlos País les había pedido plata para otorgarles vacaciones. A partir de ese hecho el fiscal Collantes investigó hasta reconstruir el funcionamiento de lo que luego consideró una asociación ilícita con epicentro en la comisaría de Florida y en el Comando de Patrullas de Vicente López. Encabezaba el Comando el comisario Alejandro Blanco, jefe desde 1998, con 150 hombres a cargo. El jefe de la comisaría desde el 20 de julio de 1999 era el comisario Federico Bludzun, secundado por el subcomisario Guillermo Roque Lapettina, ambos provenientes de Mar del Plata. El sargento primero País, jefe de la estratégica oficina de personal y hombre de confianza de Blanco, se convirtió en nexo entre el comando y la comisaría.
Según la investigación judicial, la banda vendía servicios adicionales a empresas y comercios en beneficio propio. Entre los clientes que pagaban al Comando de Patrullas por una protección especial figuran cuatro líneas de colectivos, un corralón, dos estaciones de servicio, camiones de La Serenísima y laboratorios Roche. La comisaría de Florida prestaba servicios a una agencia de Prode, un local de Musimundo, una vidriería, una fábrica de sandwiches, sucursales del Correo Argentino, y el club Platense en días festivos o de partidos de papifútbol. Para cumplir con esos contratos, se sustraía personal de los recorridos y custodias a instituciones bancarias establecidos en forma legal para prevenir el delito en beneficio de toda la comunidad. Sólo pasaban por los bancos para firmar los libros. Esto produjo un incremento de la criminalidad en el radio desprotegido. Aparte de la cuota que pagaban las empresas, la bandafacturaba a la jefatura de policía las tareas que no había realizado, en lo que la jerga policial denomina horas Cores (compensación por recargo de servicio) y Polad (policía adicional). En el caso de partidos de fútbol, la banda enviaba a la cancha menos personal del informado, cobraba la diferencia y se comprometía a no detener a los hinchas violentos. El dictamen fiscal también detalla que los policías debían pagar para obtener licencias y permisos, para evitar sanciones, cambiar horarios de servicio o acreditar la aprobación de un curso de reentrenamiento físico; el personal era constantemente amenazado para no denunciar irregularidades; Supermercados Norte entregaba mercaderías “en carácter de colaboración” que la banda retiraba en un patrullero y no socializaba con el comando de patrullas; habían desaparecido los libros de guardia, de horas Cores y de horas Polad del Comando; en las hojas de control de personal se habían insertado datos falsos, en tanto policías y móviles se destinaban a objetivos no autorizados, deteriorando la seguridad de la zona. Siempre según la acusación de Collantes, la banda también liberaba zonas y participaba de robos simples, agravados y calificados, en complicidad con delincuentes sin uniforme.

El color del uniforme

Collantes identificó a veintiún miembros de la banda: los comisarios Blanco y Bludzun, los subcomisarios Lapettina, Gustavo Reale y Hugo Carlos Alegre; el oficial inspector Javier Banegas, los oficiales principales Javier Mosqueda y Luis Alberto Donadío, el oficial ayudante Pablo Sosa, el sargento mayor Pastor Velázquez, los sargentos primero País y Mabel Guerrero, el sargento ayudante Miguel Angel Cravero, el sargento Eusebio Ojeda, los cabos primeros Ezequiel Conde y Marcelo Aguirre, los cabos Daniel Ojeda, Manuel Soto, Orlando Rodríguez y José Acevedo y Ana Campos.
El fiscal respaldó su denuncia con documentación y más de sesenta testimonios, la mitad bajo identidad reservada. El suboficial Omar Soto, único policía denunciante con nombre y apellido, declaró que el suboficial País le exigió que le entregara los treinta pesos de sus viáticos para no trasladarlo y le pidió cien a cambio de asistencia familiar. Cuando Soto pidió el traslado a Mar del Plata País volvió a requerirle un pago ilegal para tramitarlo. Soto se negó y formuló la denuncia. Uno de los policías que declaró bajo identidad reservada citó una frase del subcomisario Gustavo Reale, ex lugarteniente de Mario “Chorizo” Rodríguez: “El Comando debe ser como una coraza que nadie puede afectar. Pero entró una bacteria que está por romper la coraza. Las cosas se van a arreglar acá, no tienen que salir. Los problemas no se denuncian afuera”. Designado para apoyar la investigación, Reale la obstaculizó, amenazando con represalias a quienes prestaran testimonio fiel.
El 13 de diciembre la jueza Marcela De Langhe ordenó la detención de los policías y su procesamiento por asociación ilícita, extorsión reiterada, amenazas agravadas, falsedad ideológica reiterada, cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública en forma reiterada, hurto reiterado y enriquecimiento ilícito. Ese mismo día fueron detenidos País, Reale, Alegre, Mosqueda, Daniel Ojeda, Soto y Acevedo; al día siguiente Banegas y Rodríguez; y el martes 19 de diciembre, después de seis días prófugo, se entregó el comisario Blanco y fueron detenidos Bludzun, Lapettina, Sosa, Velázquez, Campos y Conde. La mayoría no conoció por dentro los calabozos donde la policía aloja en condiciones infrahumanas a más de cinco mil detenidos. Durante su detención en dependencias de la dirección de Sustracción de Automotores se les permitió el uso de teléfonos celulares, y recibieron visitas solidarias de jefes y pares. El cabo Cuñil, cuñado del comisario Blanco, era el encargado dellevarles la comida. “Después de las detenciones aumentaron las denuncias anónimas. Eso es lo que el gobierno no quiere permitir, porque si todos denuncian los manejos de sus jefes se cae la estructura. Estamos convencidos que la policía se cambia desde adentro: la única forma de depurarla es desde los suboficiales, que conocemos todos los manejos de nuestros jefes y cómo probarlos”, afirman los denunciantes. “Con el temor propio de declarar contra superiores muy lejanos en la pirámide jerárquica, asumieron los posibles costos de su actuar y quebraron el silencio de cuerpo para poder limpiar el verdadero color de sus uniformes”, sostuvo el fiscal.

“Conductas vengativas”

Pero un mes después, el 13 de enero de este año, el juez de feria Diego Barroetaveña los dejó en libertad por razones formales, con lo cual comenzó la pesadilla para los denunciantes. Barroetaveña resolvió que los legajos fiscales carecían de valor probatorio, declaró la nulidad de las declaraciones indagatorias y ordenó la libertad de los detenidos “por falta de mérito”. Argumentó que los legajos fiscales “no han sido incorporados al cuerpo principal” y que “no surge constancia alguna de que la defensa haya tenido acceso”, afirmación que contradice el contenido de la resolución de la doctora De Langhe, quien señaló expresamente que la defensa examinó los elementos cuestionados. Barroetaveña objetó que el estado policial de acusadores y acusados fuera motivo suficiente para que se protegiera la identidad de los testigos. “Parecería que el fiscal diera por sentado que los integrantes de la fuerza de seguridad provincial, adoptarían conductas vengativas, contra quienes declararon cargosamente contra los acusados”, escribió. Eso es exactamente lo que comenzó a ocurrir luego de su decisión liberatoria. El juez no ordenó hacer públicas las identidades, pero después de su fallo los testigos fueron informados por los acusados de que “tenemos las listas y sabemos quiénes son”. En el Comando apareció pegado un cartel que informa: “No se recibirán más denuncias anónimas”. El 22 de enero el fiscal Collantes apeló la decisión del juez de feria y dijo que Barroetaveña no sólo descartó los testimonios de identidad reservada sino que ignoró la abundante prueba documental coincidente con ellos y los testimonios de los empresarios que pagaban la protección ignorantes de su carácter ilegal.

El precio de hablar

Al cabo Salamón lo arrestaron por no usar el chaleco antibalas una tarde con 40 grados de sensación térmica. Luego le negaron la autorización para salir de vacaciones. “En el primer enfrentamiento te mato por la espalda”, le prometió un compañero de patrullero. Mientras cumplía su turno en la esquina de la famosa casa del entonces juez Carlos Liporaci, en Vicente López, su propio oficial de control intentó atropellarlo. Cuando denunció el hecho en el Comando, le respondieron “lo arreglás acá o te trasladamos”. Los nombres del segundo guardia y de otros dos vecinos fueron incorporados como testigos a una causa previa por amenazas, pero se negaron a declarar luego de varias intimidaciones. Dos semanas atrás le inventaron un sumario para sacarle el arma, que no prosperó por una acción de amparo. “Si me sacan el arma, simulan un robo y me matan. Si no entrego el arma, me meten en un calabozo y también me matan. La opción parece ser silencio o exilio. Mi casa es una fortaleza con vidrios blindados y armas hasta en el baño. Si la situación no cambia me voy del país. En el departamento nos tratan de subversivos y traidores, cuando lo único que queremos es una policía limpia”, dice Salamón. El cabo primero Rivarola emigró a Dallas, Texas, donde ahora vende purificadores de agua. “Cuando empezaron las amenazas pedí licencia especial por dos años, que me correspondía, y me la negaron por falta de personal. No tenía miedo por mí, pero sí por mi familia. Siento mucha bronca contra mis jefes, que no me apoyaron. Primero nos dijeron quédense tranquilos, no les va a pasar nada, y después difundieron los nombres desde arriba, desde La Plata. A los cinco años quería ser policía y tuve que luchar contra toda mi familia para que lo aceptara. Hoy veo un patrullero por la calle y se me caen las lágrimas. Es la profesión de mi vida, pero no se puede vivir de policía en la Argentina”, relata.
El sargento Flores también tomó la decisión de dejar el país, pero no quiere irse en silencio. “A mí un delincuente me dejó sin mi papá a los trece años. Por eso entré a la policía, para combatirlos. El tema es que si los delincuentes están dentro de la institución, por reglamento no los podemos denunciar. ¿Quién hizo ese reglamento? Hace once meses mi esposa tuvo que someterse a una cesárea programada por su estado nervioso. Ella y mi hijo corrieron peligro de muerte. Yo me voy a ir del país, pero antes quiero hacer algo por los vigilantes honestos que quedan y por la gente. ¿Sabe por qué la policía es la mafia más peligrosa que existe? Porque tiene placa. La policía es una logia que recauda millones”.
Al sargento Montenegro le inventaron una causa por amenazar a un compañero con su arma. El cabo Miguel Amaya denunció que dos hombres de pelo corto y rasgos policiales intentaron violar a su mujer. Le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, le sacaron la ropa, la cortaron y le dijeron: “Si tu marido sigue, te matamos a vos y a tus hijos”. El perito médico policial sostuvo que la mujer se había autolesionado. Asuntos Internos jamás investigó el caso. Un hombre en bicicleta la interceptó días más tarde. “A vos tu marido te condenó a muerte”, le dijo. “Creímos que estábamos contribuyendo a limpiar una mafia, desde adentro, como pidió el gobernador. Ahora le pedimos que, por lo menos, garantice nuestras vidas y las de nuestras familias”, concluyen.

(Informe: Diego Martínez)

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