|
Por Marcelo Justo
Desde Londres
 El juicio comienza mañana
y puede decidir la vida de millones de personas en el tercer mundo. En
la Alta Corte de Pretoria, los 42 laboratorios multinacionales más
poderosos del mundo alegarán que el gobierno de Sudáfrica
no respeta el régimen de patentes acordado en el Tratado de Propiedad
Intelectual (TRIPS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC),
que otorga un monopolio de 20 años para los nuevos medicamentos.
Sudáfrica argumentará que estos acuerdos internacionales
no pueden valer más que la vida de sus dos millones de portadores
del HIV y que el mismo TRIPS contempla la adopción de medidas especiales
en casos de emergencia sanitaria nacional.
El caso es emblemático para la resolución de la multitud
de conflictos que empiezan a surgir entre el derecho a la salud y los
intereses de los laboratorios multinacionales. En 1997 el gobierno sudafricano
aprobó una ley que le permitió importar copias baratas de
los remedios descubiertos por las multinacionales. El argumento del entonces
gobierno de Nelson Mandela era que el precio promedio de las medicinas
contra el sida se situaba entre los 10 y 15 mil dólares por año
y que el salario medio anual de los sudafricanos no alcanzaba los tres
mil dólares. Como la legislación en algunos países
del tercer mundo como Brasil, India y Tailandia autoriza la producción
de remedios genéricos –que copian los constituyentes básicos
del original y no tienen marca– con precios que se sitúan
alrededor de los 500 dólares anuales por paciente, su importación
le permitía combatir el gravísimo problema del sida a nivel
nacional.
Sudáfrica no está sola. Desde 1997 un número cada
vez mayor de países y ONGs vinculadas al tercer mundo enfrentan
la poderosa ira de los laboratorios y la muchas veces asfixiante presión
de los Estados Unidos, cuyas compañías producen la mayor
parte de los nuevos descubrimientos. En respuesta a este desafío,
Estados Unidos está amenazando a 16 países con aplicarles
la cláusula 301 por la que puede imponer sanciones comerciales
sin recurrir a la OMC si adquieren remedios genéricos. A pesar
de ello, el gobierno de Kenia indicó que presentaría ante
el parlamento el mes próximo un proyecto de ley para permitir la
importación de genéricos.
La ONG ganadora del Premio Nobel Médecins Sans Frontiers firmó
un acuerdo con Cipla, una farmacéutica de la India que produce
genéricos a un precio razonable (350 dólares por paciente
al año) para distribuir sus productos en toda Africa.
Gana y Uganda están en negociaciones directas con Cipla para sumarse
a los países que adquieren remedios genéricos.
La República Dominicana planea importar genéricos a pesar
de la presión estadounidense, que amenazó con eliminar un
acuerdo especial para la importación de textiles dominicanos.
El problema ha desbordado los límites de una polémica comercial
para situarse en el corazón mismo de la globalización y
su impacto sobre una aspecto esencial del bienestar humano: la salud pública.
La postura de Estados Unidos y las multinacionales choca de frente con
las prioridades de la Organización Mundial de la Salud, que identifica
al sida como una de las grandes amenazas para la salud mundial. Según
la OMS, de los 34 millones de infectados con el VIH, 25 millones se encuentran
en Africa. De estos, sólo 25 mil reciben el tratamiento que es
corriente en el mundo desarrollado.
Enfrentadas a este problema, las Naciones Unidas tomaron cartas en el
asunto enfrentando, como raramente lo hacen, a los Estados Unidos y apoyando
la postura de los países que favorecen la producción de
genéricos. En un informe reciente el secretario de Naciones Unidas
Kofi Annan elogió la política de varios países sudamericanos
al respecto. “Una política sanitaria apropiada y la producción
de genéricos han permitido a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
realizar grandes progresos en la lucha contra la enfermedad”, señaló
el secretario general.
La polémica ha generado contradicciones en Estados Unidos y en
el mismo seno de las multinacionales. El año pasado la doble presión
de grupos gay y el electorado negro obligó al entonces gobierno
de Bill Clinton a rever su política hacia Sudáfrica. En
diciembre de 1999 el vicepresidente Al Gore había visitado el país,
amenazando con la ley 301 y sanciones comerciales. La posición
de las farmacéuticas generó críticas hasta de representantes
incuestionables del establishment, como el profesor Jeffrey Sachs, profesor
de Economía de Harvard.
En respuesta a esta presión las multinacionales han seguido una
estrategia doble. Por una parte insisten en defender a muerte su máxima
conquista comercial de la posguerra, la adopción del sistema de
patentes en el marco de los acuerdos que fundaron la Organización
Mundial de Comercio en 1995. A pesar de que Africa representa apenas un
1% de sus beneficios a nivel mundial, los laboratorios temen un efecto
dominó sobre el régimen de patentes si ceden en cualquier
lugar del planeta.
La otra cara de esta estrategia es buscar una salida al problema. El año
pasado cinco grandes laboratorios internacionales, en conjunción
con UNAIDS, el programa de Naciones Unidas contra el sida, iniciaron un
programa para la reducción del precio de los medicamentos en un
85%. Según las ONGs, el programa no fue mucho más allá
de los anuncios y, de todas maneras, se limita a reducir el precio de
los retrovirales a unos 1500 dólares por paciente. “Sólo
una minoría puede pagar eso en el Africa. Sería más
interesante que abandonaran la acción legal contra Sudáfrica”,
señala Justin Forsyth, de la organización humanitaria Oxfam.
Nada más lejos de los planes de las multinacionales. Una clara
muestra de la importancia que los 42 laboratorios otorgan a este caso
es su decisión de contratar a todos los especialistas legales de
Sudáfrica en el tema de patentes, coartando drásticamente
la capacidad del gobierno de contratar a expertos en el tema. En el gobierno
de Bush cuentan con poderosos aliados, como Mitch Daniels, director de
la oficina de presupuesto de la Casa Blanca y ex jefe de estrategia de
la tercera multinacional del mundo, la Eli Lily. En el parlamento, financiaron
la campaña de Orrin Hatch, el republicano presidente del Comité
de Asuntos Judiciales del Senado. La batalla recién comienza.
|
Dicen las multinacionales
Por M. J.
Los laboratorios multinacionales aducen que el régimen
de patentes es fundamental para el futuro de la salud humana porque
es el único capaz de financiar los altísimos costos
de la investigación de nuevos tratamientos, algo que compañías
como la india Cipla no hacen. Según los laboratorios, el
descubrimiento de un nuevo remedio supone una inversión de
unos 500 millones de dólares y toma unos diez años
desde el inicio del proceso hasta su salida al mercado. Sólo
con un régimen de patentes de 20 años, como el que
garantiza el TRIPS, los laboratorios pueden recuperar la inversión
y tener el incentivo necesario para lanzarse a nuevas aventuras.
En resumen, sin patentes las multinacionales perderían interés
en la investigación innovativa y la humanidad se quedaría
sin nuevos remedios en su larga lucha contra la enfermedad.
Aunque ni los grandes opositores de las multinacionales ponen en
duda que hoy en día las multinacionales farmacéuticas
son el gran motor de la innovación médica, un análisis
más detallado de los costos revela algunos flancos débiles
del argumento. Empezando por las cifras, que el prestigioso semanario
británico The Economist sitúa en alrededor de 300
millones de dólares. Dados los desorbitantes montos, resaltar
la diferencia puede parecer un ejercicio mezquino, que cobra relevancia
cuando se la compara con los gastos de marketing que casi doblan
los de investigación.
El balance anual del más importante laboratorio del mundo,
el angloestadounidense Glaxo Smith-Kline (uno de los artífices
de la acción legal contra el gobierno sudafricano), publicado
esta semana, permite dar otra mirada a las multinacionales. El año
pasado el grupo vendió más 22 mil millones de dólares,
invirtió menos de 4 mil millones en investigación
y obtuvo ganancias de casi 8 mil millones. Uno de sus nuevos productos,
el antidiabético Avandia, superó en el 2000 los 800
millones de dólares en ventas, algo que seguramente cubrirá
su inersión inicial. Otra visualización numérica
de sus prioridades figura en la distribución de la plantilla
de empleados: 10 mil científicos y 40 mil agentes de ventas.
|
|
La
opinión de dos especialistas
|
|
Pedro Cahn *.
“Debe haber un
acuerdo”
“Creo que esta situación es un tema muy complejo que
merece un análisis profundo, para evitar caer en respuestas
simplistas. Por un lado hay que tener en cuenta que los medicamentos
que hicieron cambiar la historia de la enfermedad fueron investigados
por estos laboratorios multinacionales que esperan recuperar la
multimillonaria inversión realizada, y para ellos las copias
constituyen una competencia desleal que hacen caer los precios de
sus productos. Pero hay que tener en cuenta que ejercen un monopolio
en el mercado que genera una formación de precios que no
representa el costo más un beneficio razonable, sino que
es el máximo precio tolerable por el mercado. Es un gravísimo
error político de los laboratorios demandar a los gobiernos;
tiene que haber un acuerdo para resolver que las compañías
puedan vender sus productos en un mercado que los pueda comprar.
No creo que prospere la demanda por una cuestión humanitaria:
los medicamentos tienen un alto contenido social y una guerra entre
las compañías y los gobiernos va a terminar perjudicando
a los pacientes, que en definitiva representan la preocupación
más importante. En la Argentina se están comercializando
algunas copias y el Ministerio de Salud compra a quien le ofrece
el precio más bajo. Nuestros pacientes consumen medicación
original y similares importados o de producción local. En
el Hospital Fernández, por ejemplo, atendemos 2000 pacientes
y no entramos en el debate de los intereses, lo que nos preocupa
es tener garantizada la calidad de los medicamentos. El problema
en nuestro país es que, a diferencia de Brasil, la ley no
exige demostrar bioequivalencia y biodisponibilidad. En Brasil se
controla que la copia sea exactamente igual al original.”
* Director de la Fundación Huésped.
José Escudero *.
“Necesidad o beneficio”
“Aquí se ponen en juego dos visiones existenciales
diferentes: la de la necesidad humana por un lado y la del beneficio
de la empresa por el otro. Lo de Sudáfrica es un leading
case de política nacional para hacer frente al apriete del
lobby internacional, representado por los poderosos laboratorios
farmacéuticos. Hay que pensar que en la venta de un medicamento
hay un problema ético, no es pura mercancía. No es
lo mismo que vender un mueble, es un producto cuya principal misión
es defender la vida. Los laboratorios multinacionales argumentan
que tienen que recuperar la inversión realizada y que ese
dinero les permite seguir desarrollando nuevas fórmulas,
pero es falso: gran parte de la investigación está
subvencionada por el Estado a través de la formación
de profesionales en sus universidades o mediante la organización
de congresos, entre otras actividades. Los laboratorios terminan
privatizando un valor que en sus orígenes es público.
Si la Argentina comprara genéricos al mejor oferente y fraccionara
aquí el medicamento, se ahorraría un montón
de dinero y los medicamentos serían accesibles para todos.
Pero esto es imposible porque no existe la decisión política
de enfrentarse al poder de la industria farmacéutica, una
de las más poderosas y que factura anualmente 400 mil millones
de dólares. El Banco Mundial protege a los grandes monopolios,
pero no se preocupa por los derechos humanos básicos, por
que la gente esté privada de los medicamentos necesarios.
El valor de la vida es más importante que cualquier política
económica. No se debería pensar en las tasas de beneficio
de los grandes laboratorios ni en la ganancia que deben absorber
para recuperar la inversión realizada.”
* Médico sanitarista, profesor de las universidades de
Luján, La Plata y Buenos Aires.
|
Brasil
tiene un plan que le trajo
muchos halagos y varios conflictos
Desde hace cinco años, Brasil fabrica y distribuye gratuitamente
medicamentos contra el sida. Bajó la mortalidad en un 50 por ciento
y su éxito fue reconocido internacionalmente. Pero aún tiene un
conflicto pendiente con EE.UU., que lo denunció ante la OMC.
Pedro
Chequer, ex jefe del Programa de Sida en Brasil y actual asesor
de Onusida.
|
|
Por
Pedro Lipcovich
Parte de guerra:
Las fuerzas brasileñas lograron su más clara victoria en
el conflicto contra Estados Unidos. Luego de un largo período de
lucha de trincheras que había empezado en 1996, la ofensiva de
los últimos días forzó a los mandos norteamericanos
a retroceder y admitir su desventaja. El parte es rigurosamente cierto,
aunque la guerra a que se refiere no se libra con armas sino con medicamentos
y sus números no se cuentan por víctimas sino por vidas
salvadas. Desde hace cinco años, laboratorios estatales brasileños
fabrican y distribuyen gratuitamente medicamentos contra el sida, lo cual
le valió un conflicto con el gobierno norteamericano ante la Organización
Mundial de Comercio. En las últimas semanas, los éxitos
del programa brasileño fueron reconocidos internacionalmente como
el mejor modelo para países en desarrollo. Página/12 dialogó
con uno de los creadores del programa que bajó la mortalidad un
50 por ciento y redujo más del 70 por ciento los precios de los
fármacos.
“Estados Unidos admira mucho el programa contra el sida de Brasil”,
se atajó el jueves Anthony Harrington, embajador saliente en Brasilia.
Su país, sin embargo, tiene en trámite un reclamo ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC) contra ese país latinoamericano
que, desde 1996, viene produciendo en laboratorios estatales los fármacos
de los cócteles antirretrovirales, que suministra gratuitamente
a la población.
La admiración de Estados Unidos se desencadenó luego de
que Onusida –el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la enfermedad–
manifestara el propósito de tomar el programa brasileño
como modelo para el tercer mundo y de que una oleada mundial de opinión
pública encomiara la “solución brasileña”,
a la cual la revista semanal del diario New York Times le dedicó
su tapa con el título “Cómo resolver la crisis mundial
del sida”.
Así las cosas, el embajador Harrington amainó: “Estados
Unidos no cuestiona la ley brasileña de propiedad intelectual que
permite al gobierno suspender una licencia por casos de emergencia nacional,
como sería el combate contra el sida; incluso creo que nosotros
tenemos una disposición similar”, se acordó.
Sin embargo, dijo a este diario Pedro Chequer –asesor de Onusida
para el Cono Sur y ex jefe del Programa de Sida de Brasil–, por este
tema “el gobierno norteamericano llevó a Brasil al tribunal
de la OMC y el proceso sigue en curso”. Para Chequer, “Brasil
se atiene a las normas de la OMC, según las cuales las patentes
pueden no ser consideradas en casos de emergencia nacional, como es el
caso del sida, y dado que la producción de medicamentos por el
Estado no tiene fines comerciales”.
La producción empezó en 1996 en Río de Janeiro, en
la Fundación Oswaldo Cruz, perteneciente al gobierno federal. Hoy
ese laboratorio elabora el 60 por ciento de los fármacos antirretrovirales
que distribuye el Programa de Sida. También varios estados brasileños
tienen laboratorios: hay uno en Pernambuco, otro en Goiás, otro
en Río de Janeiro y otro, propiedad de la Universidad de San Pablo,
en esa ciudad. “La ley también obliga a los controles más
exigentes, de ‘bioequivalencia’ y ‘biodisponibilidad’,
que garantizan la calidad de la droga”, señala Chequer.
“Entre 1996 y 2000, la baja de precios, medida en dólares,
fue tanto como del 72 por ciento –precisa Chequer–: la producción
estatal amplía y en realidad permite la competencia, porque, si
no, los laboratorios privados hacen arreglos entre ellos: no importa si
son internacionales o nacionales, defienden su lucro.”
Según recuerda el ex titular del Programa de Sida brasileño,
“un punto en el que nos detuvimos especialmente fue el análisis
de costo-beneficio. En un momento dado, se hizo cargo del Ministerio de
Salud brasileño un economista y, en cuanto llegó, ‘¡Muy
caro!’, dijo, sobre el gasto en producción de antirretrovirales.
Hicimos los cálculos y resultó que, por cada dólar
invertido en medicamentos, hay una recuperación inmediata de 70
centavos, que se ahorran en gastos de internación y en las drogas
que habría que destinar a enfermedades oportunistas. Si se consideran
también los costos indirectos por licencias médicas de los
enfermos, jubilaciones anticipadas y otros, se llega a una ganancia neta
y, efectivamente, hoy aquel ministro es uno de los defensores de la inversión
en medicamentos”.
La mortalidad por sida cayó más del 50 por ciento en Brasil
durante los últimos tres años.
Pero el programa brasileño no se limita a proveer medicamentos,
sino que se ocupa de que los pacientes los tomen. Lo primero es “garantizar
la entrega de drogas en todo el país: para esto creamos un mecanismo
descentralizado con 400 puntos de distribución en todo el país,
controlado por un sistema informatizado nacional que permite, cada día,
tener on line los datos de cuántos comprimidos hay en cada lugar.
Cada paciente, por su parte, cuenta con una tarjeta magnética que
le permite, por ejemplo, si viaja lejos de su lugar de residencia, retirar
sus medicamentos en cualquier lugar del país”.
Es que “las terapias no deben interrumpirse jamás: interrumpir
la toma de estas drogas es peor que no tomarlas”. Por eso el programa
desarrolló una metodología para promover que los pacientes
no sólo reciban los remedios, sino que también los tomen.
Los pacientes que interrumpen reciben un telegrama solicitándoles
que concurran y preguntándoles por qué interrumpieron el
tratamiento. “Hemos logrado una adherencia del 70 por ciento, similar
a la que se observa en Estados Unidos e Inglaterra.” El programa
capacitó al personal de todos los niveles en los servicios de salud,
para lo cual financió convenios con 40 universidades del país.
“Esta involucración de las universidades se extendió
a la formación de sus propios graduados, que hoy ya van saliendo
preparados para enfrentar la epidemia”, comenta Chequer.
|
