|
Por
Carlos Rodríguez
 El
comisario Adalberto Farías, actual segundo jefe del Comando de
Patrullas de Vicente López, será indagado mañana
en una causa en la que está acusado por el delito de “abuso
de autoridad” en perjuicio de uno de sus subordinados, el cabo Carlos
Alberto Salamón. La causa tiene gran relevancia institucional porque
el cabo Salamón denunció ante el fiscal de San Isidro Hernán
Collantes que es víctima de una persecución debido a que
él es uno de los 35 policías que acusaron como presuntos
miembros de una “asociación ilícita” a por los
menos 19 altos ex jefes del citado Comando de Patrullas y de la comisaría
de Florida. Luego de la denuncia contra sus superiores, los policías
sufrieron amenazas, suspensiones y agresiones, lo que llevó a Salamón
virtualmente a blindar su domicilio particular, donde reforzó puertas
y ventanas colocando vidrios a prueba de balas.
Las peripecias vividas por Salamón después de hacer la denuncia,
en febrero del año pasado, superan cualquier historia de ficción:
recibió amenazas contra él y su familia, le dieron cinco
días de arresto por una supuesta infracción, lo sumariaron
por una presunta omisión administrativa y hasta lo obligaron a
someterse a un análisis psicológico, en lo que sería
un intento de declararlo inepto para seguir en funciones.
El fiscal Collantes está convencido –luego de colectar testimonios
que avalan la postura de Salamón– de que se trataría
efectivamente de una persecución, motivo por el cual pidió
y logró la citación como imputado del comisario Farías.
El delito de “abuso de autoridad” está contemplado en
el artículo 248 del Código Penal, que establece penas de
“un mes a dos años”, más inhabilitación
especial por el doble de tiempo, al funcionario que dictara resoluciones
contrarias a la Constitución y las leyes.
El año pasado, Salamón realizó servicios adicionales
custodiando una escuela de la colectividad judía, en Vicente López,
cerca de la sede del Comando de Patrullas. En una ocasión pidió
autorización telefónica a sus superiores para ausentarse
“dos minutos” para hablar por teléfono, ya que tenía
enfermo a uno de sus hijos. Cuando dejaba su puesto, acertó a pasar
por el lugar –en un automóvil– el comisario Farías,
a quien Salamón hizo señas, para informarlo, sin lograr
que se detuviera.
Farías resolvió aplicarle cinco días de arresto,
a pesar de que está probado en la causa que efectivamente Salamón
comunicó que iba a ausentarse dos minutos de su puesto y que recibió
la autorización. El segundo problema ocurrió cuando tuvo
que notificarse de esa sanción. Por un error en la confección
del parte, atribuible al personal administrativo del Comando, Salamón
no firmó la notificación el mismo día sino al siguiente.
Por tal motivo, Farías le abrió un sumario administrativo.
El hecho más grave ocurrió a principios de este año.
Durante su período de vacaciones, Salamón fue obligado a
suspender el descanso –algo que está vedado por las normas
policiales– para someterse a un test psicológico. En plena
sesión, la psicóloga recibió un llamado urgente e
impostergable: era el comisario Farías. Salamón supo la
novedad de boca de la profesional, quien le comentó el episodio.
El cabo cree que lo quieren “sacar del medio” pidiendo su baja
por una supuesta alteración mental.
Salamón hizo una denuncia ante el juez de San Isidro Juan Makintach,
quien se dirigió a la Suprema Corte bonaerense y al gobernador
Carlos Ruckauf, pidiendo garantías para el policía y su
familia por las amenazas recibidas. El comisario Farías también
tuvo actitudes arbitrarias contra otro de los policías que denunciaron
a los ex jefes del Comando de Patrullas. El perjudicado, en ese caso,
fue el cabo Rubén Montenegro, a quien le levantaron un sumario
por presuntas amenazas contra un compañero. Montenegro, según
consta en la misma causa en la que interviene el fiscal Collantes, relató
que los hechos comenzaron en febrero pasado, durante un operativo en Carapachay,
durante un robo con toma de rehenes. Cuando el hecho había sido
dominado por la policía, Montenegro y otro policía entraron
a la casa que había sido tomada por los delincuentes. En esas circunstancias,
al otro policía se le escapó una ráfaga deametralladora
que estuvo a punto de producir víctimas. De regreso en el Comando,
Montenegro reprochó a su compañero, de viva voz, el descuido.
El comisario Farías abrió un sumario contra Montenegro,
por presuntas amenazas, y nada dispuso en contra del policía descuidado.
El comisario Farías está en el Comando de Patrullas desde
fines del año pasado, cuando se dispuso el relevo del jefe y el
subjefe, comisarios Alejandro Blanco y Gustavo Reale, dos de los 19 involucrados
en la causa por presunta “asociación ilícita”.
Los 19 acusados fueron detenidos en su momento por decisión de
la jueza Marcela De Langhe, pero luego fueron liberados por resolución
del juez de feria Diego Barroetaveña. Esa medida fue apelada y
está a consideración de la Cámara de Apelaciones
de San Isidro.
|
