Por
Eduardo Videla
La
prédica de mano dura sigue arrojando un penoso resultado en territorio
bonaerense: la Suprema Corte de Justicia provincial recibió en
cinco meses unas 400 denuncias de malos tratos y torturas a menores detenidos
en comisarías o internados en institutos de menores. El número
de casos no ha descendido a partir de la apertura de un registro para
asentar las denuncias sino que, por el contrario, han aumentado en los
dos primeros meses de este año, aseguró a este diario una
fuente de la Subsecretaría del Patronato de Menores de la Corte.
En un 15 por ciento de las denuncias alrededor de 60 casos
los abusos fueron cometidos en institutos de menores. La titular del Consejo
Provincial del Menor, Irma Lima, admitió la existencia de numerosos
episodios de maltrato, algunos de los cuales, como en el caso del
Almafuerte, fueron ocultados por funcionarios de esta área después
de recibir las denuncias.
El Registro de Denuncias de apremios ilegales y malos tratos físicos
y psicológicos a menores fue creado el 20 de setiembre último
por resolución de la Corte bonaerense, para reunir la información
sobre este tipo de casos, ante la evidencia de que eran cada vez más
numerosas las denuncias por apremios ilegales en comisarías.
El registro comenzó a funcionar en octubre y, desde entonces hasta
fines de febrero, quedaron asentadas unas 400 denuncias, de las cuales,
el 85 por ciento corresponde a comisarías donde se alojan menores
de edad acusados de cometer delitos. El ranking de apremios ilegales lo
encabezan las comisarías de La Plata y San Isidro, que concentran
más de un centenar de denuncias cada una, seguidas por las de Lomas
de Zamora, con más de 70 hechos.
Los casos son detectados, en su mayoría, por los asesores
de menores, por los jueces o los asistentes sociales. Los chicos muchas
veces no hacen la denuncia porque no confían en el sistema, salvo
que encuentren receptividad en los funcionarios, explicó
a este diario una fuente de la Corte.
¿Qué tipo de castigos han sido denunciados? preguntó
este diario.
Golpes de puño, patadas en la cabeza, golpes con palos, gomas
o caños, aplicado por policías en el caso de las comisarías,
y por los denominados asistentes de minoridad, como se llama
a los celadores de los institutos. Incluso se han denunciado castigos
en institutos para chicos discapacitados.
Con este tipo de tratamiento, estamos creando fieras, aseguró
la fuente consultada por este diario, abrumada por la contundencia de
los datos. Los casos denunciados son notificados al Consejo del Menor
de la provincia y al Ministerio de Seguridad bonaerense. Desde el
Ministerio, muchas veces, se ha respondido pidiendo los datos del denunciante,
cosa que nosotros no hemos facilitado. Ellos pueden tomar medidas como
separar al personal involucrado en los casos de reiteración de
denuncia, que se han detectado.
La presidenta del Consejo del Menor, Irma Lima, admitió que las
denuncias de malos tratos son bastante reiteradas, aunque no siempre son
ciertas. La propia funcionaria pudo comprobar la existencia de castigos
físicos en el Instituto Aráoz Alfaro, ubicado en la localidad
de Abasto, en las afueras de La Plata. Vi a un pibe que ya no tenía
un solo lugar para golpearlo, aseguró la funcionaria a Página/12.
¿Y usted qué hizo?
Se inició un sumario al personal involucrado, que fue separado
inmediatamente de la atención a menores. Pero el problema es que
los sumarios son trámites burocráticos que duran añares,
y yo tengo al acusado, casi como un ñoqui, haciendo tareas poco
relevantes, y cobrando el sueldo.
Agobiada por la magnitud del problema con el que tiene que lidiar, Lima
atribuyó la situación en los institutos bajo su cargo a
la falta decapacitación de los asistentes. No
están capacitados para atender chicos en esta situación:
tienen que tratar con chicos difíciles y la única manera
de ponerles freno es a través del castigo, en situación
ventajosa, porque el chico está encerrado, habría que ver
si hacen lo mismo en la calle.
Pero esa capacitación es responsabilidad suya. ¿Qué
va a hacer al respecto?
Estamos a punto de firmar un convenio con la Nación para
capacitar en conjunto y para hacer evaluación psicológica
del personal, porque hay muchos que carecen de equilibrio emocional o,
directamente, son tipos perversos.
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