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Por Laura Vales
 ”Para la fuerza ésta
es una preocupación institucional. No importa que los hombres afectados
sean muchos o pocos: el fallo implica a toda la institución”.
La frase, pronunciada por un alto jefe militar, resumió la posición
del Ejército frente a la resolución judicial que declaró
la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Fue la única
pregunta que el consultado aceptó contestar a este diario. Y lo
hizo en tanto réplica a las declaraciones del titular del CELS
Horacio Verbitsky, quien había señalado que “nueve
de cada diez oficiales en actividad no tienen nada que temer” y que
para los militares “se abre la posibilidad de separar las pocas manzanas
podridas que quedan”.
Aunque esperada, la decisión del juez federal Gabriel Cavallo generó
malestar entre los uniformados en actividad y retirados. El fallo fue
considerado como “un retroceso” que “sólo servirá
para reabrir viejas heridas” y, si bien se apuesta a que la Corte
Suprema ratifique la vigencia de las leyes, durante todo el día
hubo permanentes contactos con el nuevo ministro de Defensa Horacio Jaunarena.
El primero ocurrió apenas terminó su acto de asunción
en el edificio Libertador. Poco después y consultado sobre el tema,
Jaunarena consideró “constitucionales” las dos normas
anuladas por Cavallo (ver aparte).
Hubo además reuniones por separado de las cúpulas de las
tres fuerzas, con un diagnóstico compartido: “Se trata de
un problema político que requiere de una solución política”,
repitieron ayer voceros de cada arma.
En el Ejército, el cónclave estuvo presidido por su jefe
Ricardo Brinzoni. El teniente general encabezó la semana pasada
el reclamo de 700 uniformados ante los organismos de derechos humanos
para conocer si existen antecedentes que los involucren en la represión
ilegal.
La presentación masiva pero a título individual de estos
hábeas data tendrá en los próximos días un
segundo capítulo, con el agregado de otros mil pedidos de informes
de personal retirado y de las fuerzas de seguridad, señalaron anoche
en el Ejército. Simultáneamente, la Marina realizará
una presentación “institucional” a través del
Ministerio de Defensa, que ya estaba acordada realizar durante la gestión
de Ricardo López Murphy, pero que debió postergarse por
los cambios en el gabinete.
Voceros de la Fuerza Aérea aseguraron en cambio que allí
se tomará distancia de esta estrategia y no se impulsará
ninguna presentación institucional. “Si hay algún caso
–remarcaron– será sólo a título individual”.
El Ejército ya había dado muestras el año pasado
de considerar a las causas abiertas en la Justicia –aun cuando excluyeran
la posibilidad de una condena– como un problema institucional. A
poco de asumir como sucesor de Martín Balza, Brinzoni envió
al secretario general de la fuerza, general Eduardo Alfonso, a manifestar
el apoyo de la institución a los militares detenidos por negarse
a testimoniar en los Juicios por la Verdad abiertos en la Cámara
Federal de Córdoba y Bahía Blanca.
A la espera de un pronunciamiento de Brinzoni, quienes sí hablaron
fueron los oficiales retirados. El representante del Foro de Generales,
Augusto Alemanzor, calificó al fallo como “una agresión
deliberada”. Alemanzor atribuyó además la anulación
de las leyes “a un plan de acción ideológico”,
del que responsabilizó “a los organismos que están
dedicados específicamente a esto”.
UN
DOCUMENTO PUBLICADO EN EL “NEW YORK TIMES”
El Tío Sam en el Plan Cóndor
Una nota publicada ayer en el
diario The New York Times revela la participación de los Estados
Unidos en la consumación del denominado Plan Cóndor, que
consistió en coordinar la acción represiva y fatal dirigida
a los opositores políticos de las dictaduras militares sudamericanas
en la década del 70, las que dejaron un saldo de miles de muertos
y desaparecidos. Un cable reservado, que tomó estado público
porque venció su condición de clasificado, prueba que el
gobierno norteamericano llevó a cabo tareas de inteligencia y cooperó
activamente en la estrategia genocida que se llevó concretó
en esta parte del continente.
El diario The New York Times informó que en 1978 el entonces embajador
de Washington en Asunción, Robert White, consultó al secretario
de Estado Cyrus Vance sobre la veracidad de las afirmaciones de políticos
paraguayos quienes aseguraban que se utilizaban canales de comunicación
estadounidenses para coordinar las actividades de la Operación
Cóndor. Washington nunca respondió a esta consulta mientras
White se desempeñó como embajador en Paraguay.
Concretamente, el diplomático, en el cable que ahora tomó
estado público, informó que el general Alejandro Fretes,
jefe de Gabinete del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, le había
informado en una reunión que se empleaban los canales de comunicación
de la Zona del Canal de Panamá para coordinar las actividades de
la Operación Cóndor.
Esa operación mantenía la cooperación de los servicios
represivos y de espionaje de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay durante la década de los setenta, con
la intención de combatir y eliminar a los opositores, izquierdistas
y comunistas.
El cable enviado por White fue encontrado por Patrice McSherry, un catedrático
de la Universidad de Long Island (Nueva York), entre los cientos de documentos
desclasificados por el gobierno sobre esa época de dictaduras militares
latinoamericanas.
White envió el cable a Washington justamente después de
la visita a Fretes de un alto funcionario militar chileno, días
después del asesinato del ex canciller de Chile, Orlando Letelier,
muerto a tiros en una plaza de Washington junto a su asistente estadounidense
Ronni Moffit.
La campaña represiva en Sudamérica terminó con una
larga lista de asesinatos y desapariciones de opositores, sindicalistas,
defensores de los derechos humanos, izquierdistas y personas acusadas
de comunistas.
Parte de los documentos que ya fueron hechos públicos en Washington
han probado la cooperación del Buró Federal de Investigaciones
estadounidense (FBI) en la investigación de opositores a las dictaduras
latinoamericanas en la década de los setenta.
En agosto de 2000, el juez federal Adolfo Bagnasco le reiteró a
Estados Unidos un pedido para que le suministrara la información
sobre los desaparecidos y el Plan Cóndor que tendría almacenado
en sus archivos secretos. La ex secretaria de Estado Madelaine Albright
se había comprometido por esos días a colaborar en las investigaciones
sobre la represión ilegal y el robo de bebés durante la
última dictadura militar. La funcionaria del gobierno de Bill Clinton
había asegurado que haría “todo lo posible”.
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