|
El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, adelantó ayer que el
Gobierno “no va a hacer nada” ante el fallo del juez Gabriel
Cavallo que estableció la nulidad de las leyes de Obediencia debida
y Punto final y si bien dijo que prefería “no emitir ninguna
opinión” al respecto, declaró que consideraba “constitucionales”
a esas normas y que la decisión judicial ha causado “una preocupación
lógica” en las Fuerzas Armadas. Lo contradictorio del caso
es que el mismo Jaunarena se pronunció a favor de que “se
esclarezcan definitivamente las responsabilidades porque no es razonable
que estas cuestiones sigan abiertas luego de 25 años que han sucedido,
y me parece que eso es lo más beneficioso para el conjunto”.
“En su momento estas leyes fueron promovidas y votadas por el Parlamento
y, naturalmente, creo que son constitucionales. Yo entiendo que hay cuestiones
como la cosa juzgada que son definitivas, pero es una opinión personal”,
afirmó Jaunarena, quien justamente era ministro de Defensa cuando
se sancionaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Jaunarena
llegó entonces a ese puesto después de que fallecieran Roque
Carranza y Raúl Borrás, los primeros ministros de Defensa.
Su paso por esa cartera estuvo signado por los cuestionamientos de los
militares, quienes se resistían a ser juzgados por las violaciones
a los derechos humanos de la dictadura. Jaunarena debió soportar
los sucesivos alzamientos carapintadas y fogoneó las leyes ahora
anuladas por Cavallo como un modo en encauzar la relación con las
Fuerzas Armadas. Las apreciaciones políticas que realizó
ayer pintan con elocuencia su sentir, y el del Gobierno, frente a la anulación
de la Obediencia debida y el Punto final.
“Cualquier sector de la sociedad que tenga un estado de indefinición
sobre determinadas cuestiones que hacen a responsabilidades estaría
preocupado, y negar eso sería como querer tapar el sol con un arnero”,
señaló Jaunarena. También subrayó que “es
absolutamente indispensable que frente a la situación difícil
que vive la Argentina exhibamos una sociedad unida frente al mundo y sin
problemas”.
Las declaraciones del ministro no desentonaron con la expectativa de los
militares cuando fue designado al frente de Defensa: que continuara con
la política de “contención” que mantuvo Ricardo
López Murphy. Jaunarena manifestó que “la Argentina
tiene que cerrar definitivamente un pasado, con una medida que permita
que todo el mundo sepa a qué atenerse. Lo positivo es que se despejen
definitivamente los estados de incertidumbre que se generan a través
de jurisprudencia contradictoria”. En ese sentido, se mostró
partidario de que “se determine un camino y se esclarezcan definitivamente
las responsabilidades, porque no es razonable que estas cuestiones sigan
abiertas luego de 25 años que han sucedido, y me parece que eso
es lo más beneficioso para el conjunto”.
En ese contexto Jaunarena destacó la actitud de las Fuerzas Armadas
de presentarse ante los organismos de derechos humanos para saber si hay
acusaciones contra los oficiales en condiciones de ascender por casos
de represión ilegal. La iniciativa partió del Ejército
y ahora se sumarán la Armada y la Fuerza Aérea. “En
la medida en que los hábeas data aclaren y deslinden responsabilidades
de personas concretas, se tiende a un mayor establecimiento del conjunto
y a dar tranquilidad al área”, opinó.
|
Alfonsín y
la impunidad
Raúl Alfonsín advirtió ayer que “siempre
resulta peligroso volver 20 años atrás en la historia
de cualquier nación”, en alusión al fallo judicial
que declaró inconstitucional las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. “Comprendo que las situaciones pueden cambiar. El tema
está en la Justicia y vamos a ser todos respetuosos de su
decisión”, dijo el ex presidente. “Pero permítanme
decir que siempre resulta peligroso, y esto lo supieron muy bien
los españoles luego de la muerte de Franco.” Según
Alfonsín, en las transiciones democráticas de América
latina “siempre han dialogado sectores de la democracia con
sectores de la dictadura y, de una u otra forma, en países
que lograron la democratización en los años 80 se
produjo algún grado de impunidad. Si se piensa lo que se
hace ahora en Europa central y oriental, no se ha procurado castigar
con una pena a todos los que habían cometido lesiones a los
derechos humanos”, concluyó Alfonsín.
|
|
El inventario fue
aprobado
“En muchos aspectos va a haber continuidad porque desde mi
punto de vista la gestión de (Ricardo) López Murphy
en el ministerio fue muy buena, brillante, y no me encuentro con
un área que no esté encaminada”, explicó
ayer Horacio Jaunarena acerca del rumbo que imprimirá a la
cartera de Defensa. En ese marco, confirmó en sus puestos
a los actuales secretarios de Planeamiento, José Lladós,
y de Asuntos Militares, Angel Tello, dos hombres de su propio riñón.
El nuevo ministro de Defensa sostuvo también que “mi
mayor aspiración sería que mi gestión sirva
a una modernización de todo el sector y tener las Fuerzas
Armadas adecuadas al siglo que iniciamos”.
|
|
OPINION
Por Miguel Bonasso
|
|
Un par de bolas
Hace tres años, el 24 de marzo de 1998, la Cámara
de Diputados derogaba las leyes de punto final y obediencia debida.
Veinticuatro horas más tarde, el Senado hacía otro
tanto. Una buena parte de la clase política que había
sancionado esas dos infames leyes en 1987, volvía sobre sus
pasos, admitía tácitamente aquel grave pecado contra
la democracia y se ponía a tono con las exigencias de una
conciencia que iba creciendo en la calle.
El fenómeno se había hecho perceptible dos años
antes, al cumplirse el vigésimo aniversario del golpe. Aquel
24 de marzo se había llenado la Plaza de Mayo con una muchedumbre
heterogénea: había gente que marchaba con los partidos
y los organismos humanitarios y otra que iba por su cuenta. Y entre
la que iba por su cuenta se podían distinguir dos categorías:
los que regresaban a la Plaza después de muchos años
de frustraciones y desengaños (como el de “Felices Pascuas”)
y los que no habían ido nunca. Sería por la capacidad
litúrgica de convocatoria que tienen los aniversarios o porque
dos décadas constituyen un lapso respetable para ir borrando
el terror que sembró la dictadura, lo cierto es que un sector
ponderable de la sociedad parecía levantarse contra la teoría
de los dos demonios, marcando a fuego a los genocidas y subrayando
que ninguna legislación, ningún indulto presidencial
podrían sepultar la memoria y el ansia de justicia. Y esa
voluntad expresada en las calles tardó dos años más
pero llegó –atenuada– al Congreso. “Es un
pasito... pero adelante”, le comentó aquella tarde el
entonces diputado frepasista Chacho Alvarez al autor de estas líneas.
Aludía probablemente a que la “derogación”
no implicaba la “anulación” lisa y llana que exigían
los organismos defensores de los derechos humanos y algunos compañeros
de bancada de Alvarez, como Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo,
que habían inquietado a sus pares al proponerlo. Esa misma
tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos, (con lenguaje menos
prudente), el diputado Bravo le dijo a este cronista: “Ahora
lo que hace falta es que aparezca un juez con un buen par de bolas
y declare la inconstitucionalidad de esas leyes de mierda”.
Tuvieron que pasar otros tres años para que el juez federal
Gabriel Cavallo hiciera realidad el sueño de Bravo. Y nos
compensara un poco de tanto bigote, de tanto tecnócrata,
de tanto gerente, de tanto milico con nostalgias restauradoras y
tanto ex hacendario de la dictadura como se ha visto en las últimas
horas en la Casa Ruborizada.
|
|
