Por Victoria Ginzberg

Es última hora en los Tribunales de Comodoro Py. Los pasillos están vacíos. El juez está cansado, en su despacho hay pilas de expedientes para firmar. Gabriel Cavallo está a cargo de tres juzgados pero su atención está ahora concentrada en la histórica resolución que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el caso de la desaparición de la familia Poblete. Paradójicamente Cavallo fue parte de la defensa oficial de varios represores en la causa Camps. “La Argentina les debe a las víctimas una respuesta”, dice convencido el magistrado que, además, está investigando otro hecho de alta repercusión en la opinión pública, el escándalo de los sobornos en el Senado.
–¿Cómo fue el día después del fallo?
–Tuve que recibir a muchos amigos que pasaron a saludar. También algunos colegas de la facultad y de otros tribunales llamaron pidiendo copia.
–¿Los defensores de Julio Simón y Juan Antonio Del Cerro ya hicieron alguna presentación?
–La última fue para excluir al CELS de la causa como querellante.
–¿Cuál fue el punto más difícil de resolver para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final?
–No sé si hubo un punto en especial. Jurídicamente el tema es muy complejo y la investigación que se hizo para poder llegar a la conclusión fue muy grande. Se consultaron muchos autores, en distintos idiomas. Se fueron analizando las leyes desde todos los costados posibles. Nos pusimos en abogados del diablo porque, desde lo institucional, siempre es muy grave una declaración de inconstitucionalidad: se está atacando una ley votada por un Congreso democrático. En consecuencia, siempre se corre el riesgo de que te digan que es el Gobierno de los Jueces.
–Justamente, algunos funcionarios del Gobierno dicen que las leyes son constitucionales porque las votó el parlamento.
–Eso es un error. El control de constitucionalidad sobre las leyes que dicta el Gobierno lo ejercen los jueces. Esta es la base misma del sistema republicano. Si no existiera el control de constitucionalidad no sé que sentido tendría que estuviéramos nosotros. Todo el sistema de frenos y contrapesos es eso.
–El fallo se basa en los pactos y en el derecho internacional y en el “derecho de gentes” ¿Qué es exactamente el derecho de gentes?
–Son aquellas normas de rango superlativo determinadas por la costumbre internacional y que no son discutidas por nadie. Los crímenes de lesa humanidad son un ejemplo. Es el derecho que la comunidad internacional acepta como universal. Es, básicamente, el derecho que no está escrito; es decir, que trata de instrumentarse en la labor que la comunidad internacional desarrolla a partir de la formulación de tratados, convenios y pactos. Son normas de las que no hay ninguna duda... y no hay ninguna duda de que el genocidio es delito en todas partes del mundo.
–¿La inconstitucionalidad de las leyes no vulnera el principio de cosa juzgada (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho)?
–Acá nunca hubo juicios. Hubo algunos procesamientos, pero no se llegó a una resolución jurisdiccional que resolviera sobre el fondo del asunto. Nunca hubo sentencia.
–La Obediencia Debida ¿no implicó un sobreseimiento?
–En los casos que hubo sobreseimientos tal vez podría darse la discusión. En los casos en que se paralizó la acción, que son muchos, no hubo juicios. La cosa juzgada tiene toda una explicación jurídica y deben darse un montón de condiciones que el derecho exige. Pero para que se den esas condiciones lo primero que tiene que existir es una sentencia y en estos casos no hubo sentencia. Sólo en el Juicio a los Comandantes y en la causa Camps.
–¿Puede haber inconvenientes en base al principio de la ley penal más benigna (siempre se debe aplicar la menor pena)? –En la resolución se desarrolla que estos son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no pueden ser amnistiados, y las leyes fueron leyes de amnistía. Estos son delitos que a la comunidad internacional le interesa perseguir. La gente cree que los juicios por los crímenes cometidos por los nazis se acabaron en Nurembreg, pero no es así. Hoy en día, 50 años después, hay investigaciones en curso. Así que a los que me dicen que pasaron catorce años, respondo que son bastantes menos de los que pasaron en otros lados.
–Y a los que dicen que la resolución es “un retroceso” ¿Qué les dice?
–No digo nada. No quiero opinar políticamente. Yo tengo mi opinión pero no quiero dar ese debate. Respeto las opiniones de los demás porque éste es un sistema democrático y todo el mundo puede opinar.
–¿Por qué la Corte Suprema cambiaría su opinión sobre la constitucionalidad de las leyes?
–Hay que ver si esto llega a la Corte Suprema. En la resolución está dicho que la Corte, en el momento en que realizó el análisis de la constitucionalidad de estas leyes, no tuvo a consideración argumentos que sí se ponen a consideración ahora. En estos quince años pasaron muchas cosas, el derecho evolucionó. La Corte dijo cosas novedosas sobre la prescripción en el caso Priebke. También se iniciaron los juicios por la Verdad. En estos quince años hubo precedentes, resoluciones, que fueron abriendo puertas, que permitieron que hoy la argumentación en torno a la validez de las normas se vea desde otros costados. También hay que tener en cuenta que la Corte tiene otra composición. No sé que podrían opinar los jueces que no opinaron en aquella oportunidad.
–¿Tiene temor de las presiones políticas que puedan sufrir los ministros de la Corte?
–No creo. No tengo ningún temor. (Sonríe.)
–El Ejército reaccionó corporativamente. Dijo que aunque los implicados sean pocos, la resolución afecta a toda la Fuerza ¿le sorprendió o era esperable?
–No sé si la reacción es sorpresiva o esperable, pero no tiene relación con lo que se resuelve. Me cuesta creer que gente que no tiene nada que ver con la situación que eventualmente podría reabrirse, como son los juicios, tenga preocupación por un hecho del que no participó. Podría entender a la gente que participó y que son civiles. Pero no a la Fuerza, que es una institución de la República como cualquier otra.
–En la época en que se dictaron las leyes ¿Usted qué estaba haciendo?
–Era funcionario judicial y había participado en los juicios. Trabajé en la Defensoría Oficial con Oscar Ciruzi en el juicio a Camps. Nos tocó representar a (el médico policial Jorge) Bergés, (el comisario Luis) Vides y a Alberto Rousse. Vides y Rousse fueron absueltos y Bergés fue condenado a seis años. Todos tenían pedido de perpetua. En aquel momento trabajamos profesionalmente y, más allá de nuestras ideas personales, se puso todo lo que se tenía que poner y se hizo lo que se tenía que hacer. Hoy igual. Trabajamos, somos profesionales. Después, cuando salieron las leyes yo trabajaba en una fiscalía de primera instancia, ya como un funcionario de primera jerarquía.
–¿Cree que a partir de ahora hay gente que tiene más confianza en la Justicia?
–Ojalá sirva para eso, para dar confianza, aunque no fue ese el objetivo. El objetivo fue resolver un pedido concreto en una causa concreta. Debe servir para que la gente conozca la verdad. Porque el efecto no querido de las leyes fue que, al no tener posibilidad de que los juicios se hicieran, nunca se pudo saber la verdad. Y si se la supo no fue porque la Nación hiciera funcionar sus instituciones a pleno.
–Es decir que la Nación le debe la Verdad y la Justicia a las víctimas.
–Claramente. La Argentina le debe a las víctimas una respuesta. Las víctimas recurren al exterior porque la comunidad internacional considera estos hechos delitos de lesa humanidad y los va a perseguir por añosporque son imprescriptibles. En el país no pueden conseguir justicia porque las leyes de Obediencia Debida y Punto Final paralizan o impiden la persecución de la acción de la causa. Si en Argentina se pusiera en marcha la maquinaria, tal vez las víctimas no recurrirían al exterior y Argentina no tendría la responsabilidad internacional que se deriva del incumplimiento de los pactos y de las convenciones que firma.
–¿Los juicios en el exterior ayudaron a fundamentar la resolución?
–Ayudaron a esclarecer desde qué óptica la comunidad internacional jurisdiccional veía estos hechos.
–¿Conoce a Garzón?
–He hablado por teléfono un par de veces
–Porque ya lo acusaron de vedette, igual que a él.
–Me hubiera gustado que Jorge Vanossi leyera el fallo y lo criticara como constitucionalista y no como político.
–¿Estuvo hoy en la despedida del juez federal Adolfo Bagnasco?
–Sí. Fue un almuerzo para despedirlo. Solamente protocolar.
–Hay un recambio en Comodoro Py ¿espera que los nuevos aires ayuden a cambiar la imagen visión que se tiene del fuero federal?
–Espero que sí. Los jueces federales no somos representativos de la justicia nacional, donde hay casi 900 jueces. Nosotros ahora somos escasamente ocho. Pero hay cientos de jueces que trabajan en silencio, que nadie los conoce. Nosotros tenemos la desgracia de tener que resolver en asuntos de dominio público pero no representamos ni el nivel de resolución del conflicto de la justicia nacional, ni el atraso, ni las bondades tampoco. Somos ocho.
–Argentina fue el único país que inició un juicio por crímenes del terrorismo de Estado y después se quedó...
–Sí, se quedó. Estaba a la vanguardia y por alguna razón, que todos sabemos cuál es, dejó de estarlo.
–¿Cuál es la razón?
–La sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
–Si estábamos a la vanguardia y retrocedimos por las leyes, entonces los que hablan de un retroceso por este fallo...
–No lo voy a decir yo.

Nada mejor que la Corte para sepultar el pasado

El Gobierno empezó a analizar la posibilidad de que mediante un per saltum la apelación al fallo de nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida llegue a la Corte y sea rechazado. El presidente Fernando de la Rúa y el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, sólo miran para lados opuestos.

Por Nora Veiras

”Siendo senador votó estas dos leyes”, recordó el vocero presidencial, Ricardo Ostuni y no hacía falta más. Quien era senador cuando se sancionaron el Punto Final y la Obediencia Debida no es otro que el primer mandatario, Fernando de la Rúa. El vocero intentó luego relativizar el peso de ese dato al decir que el Poder Ejecutivo “no tiene nada que opinar” respecto del fallo del juez Gabriel Cavallo que dictó la nulidad de esas normas. Puede no opinar pero sí hacer o sugerir. En despachos de la Casa Rosada se empezó a evaluar la conveniencia de sortear las instancias de apelación de la sentencia para llegar directamente a la Corte Suprema. El per saltum lo puede requerir la parte afectada, el fiscal de la causa o el mismo alto tribunal. Los hombres del Gobierno confían en que los ministros de la Corte ratifiquen las acordadas en que declararon la “constitucionalidad” de esas leyes.
“En su momento, hace quince años, la sociedad encontró una manera de encaminar la situación. No parece positivo que se vuelva sobre esos temas”, repiten los hombres del Presidente. El desagrado por el fallo de Cavallo en la causa Poblete (ver aparte) se traduce en la minimización de su trascendencia. “Estamos hablando de un juez de primera instancia en una causa que involucra en forma directa a cuatro personas”, explican con la misma lógica que en el edificio Libertador dicen que “no hay que hacer un mar de un vaso de agua”.
La aparente minimización se estrella contra la posibilidad de que, ante una apelación, la Cámara Federal ratifique el fallo de Cavallo. Para evitar ese mal trago, empezaron a analizar la posibilidad de un pase sin escala a la Corte Suprema. Los argumentos que abonan la certeza de que el Alto Tribunal no defraudará los deseos del Ejecutivo son los siguientes:
“El principio de ‘cosa juzgada’ por el cual no se puede reabrir una investigación contra alguien que ya fue juzgado. En el caso del Punto Final y la Obediencia Debida se interrumpieron los procesos. No se llegó a la condena pero la Corte avaló los fallos”.
“Por más que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, no se puede ahora aplicar ese criterio en forma retroactiva. El criterio que prima es el de la ley más benigna, es decir que siempre se aplica la menor pena”.
“No es relevante que la Audiencia Nacional de Madrid y la Cámara de los Lores de Gran Bretaña se hayan pronunciado por el juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad como la tortura y el genocidio. La Argentina suscribe la aplicación territorial del derecho. No tiene por qué incidir internamente lo que deciden otros países. El único camino para ordenar el caos que se puede armar con estos juicios abiertos en distintos países es la organización del Tribunal Penal Internacional para que juzgue delitos vinculados a las violaciones a los derechos humanos. Siempre que sea de aquí en adelante”.
En el Gobierno coinciden con la lectura de los uniformados en que “esto es un retroceso que nos impide avanzar en la modernización de las Fuerzas Armadas”.
–A quince años de la sanción de esas leyes, teniendo en cuenta el escenario que se plantea, ¿no evalúan que esa no fue la solución adecuada para superar el horror de la represión? –le preguntó Página/12 a un alto funcionario.
–No, no nos arrepentimos de esas leyes. El radicalismo durante la campaña electoral del ‘83 había planteado que había que diferenciar a quienes dieron órdenes de quienes las cumplieron y de quienes se excedieron. Ese era el principio de la obediencia debida, la confusión y el problema se produjo porque el exceso estaba en la misma orden. Por ejemplo, detener a alguien y no declararlo no era un exceso sino la orden misma. Nosotros en el contexto que se dio el conflicto elegimos esa solución. El doctor Raúl Alfonsín ganó con el 52 por ciento de los votos, el peronismo –que promovía el reconocimiento de la amnistía dictada por Reynaldo Bignone– sacó alrededor del 30 por ciento y el PartidoIntransigente –que proponía juicio y castigo para todos– obtuvo alrededor del 12 por ciento.
–¿Para ustedes entonces no se puede buscar el castigo de los responsables?
–Hay que buscar la verdad completa. No es cuestión de tirarle el fardo sólo a las Fuerzas Armadas. Acá hubo políticos, empresarios que acompañaron lo que estaban haciendo los militares.
A partir de esa lectura del pasado, los hombres más cercanos al Presidente empezaron a lucubrar sobre el atajo del per saltum. Prefieren no pagar el costo político de instruir al fiscal para que recorra ese camino. El vocero presidencial dijo que “el Estado no va a apelar” y deslizó: “Si alguien quisiera hacerlo son los particulares damnificados por este fallo”. A buen entendedor pocas palabras.

PRINCIPAL