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Diversos organismos de derechos humanos internacionales se sumaron al
arco de opiniones favorables al fallo del juez Gabriel Cavallo, que anuló
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tanto Amnistía Inter-nacional
como Human Rights Watch y la Asociación Argentina Pro Derechos
Humanos de Madrid coincidieron en elogiar la resolución judicial
y evaluaron que el fallo permitirá abrir una nueva etapa en la
vida democrática argentina.
“El Estado argentino tiene, con esta decisión, la oportunidad
de cumplir con sus obligaciones internacionales”, aseguró
Amnesty, que agregó que con esa medida la Justicia “se hace
eco” de las recomendaciones formuladas por distintos organismos internacionales,
entre ellos la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos. Amnistía también recordó que
las cuestionadas leyes habían sido derogadas “en marzo de
1998”.
Por su parte, el director para América latina de Human Rights Watch,
José Vivanco, afirmó que “esta decisión refleja
el consenso internacional acerca de que quienes cometieron graves violaciones
y atrocidades no deben ser protegidos por amnistías generales”.
Vivanco subrayó que esa decisión abre la esperanza para
que otros casos puedan ser llevados a la Justicia.
La organización con sede en Washington remarcó que “un
elevado número de militares, incluidos los que formaron parte de
la junta gobernante, fueron juzgados por sus crímenes y sentenciados
en los años ochenta, pero se beneficiaron con el indulto durante
la presidencia de Carlos Menem”.
También la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de
Madrid se mostró satisfecha por el fallo de Cavallo y consideró
que se abre una nueva etapa para la democracia argentina. “Se inicia
el fin de la impunidad de quienes cometieron delitos contra la humanidad
durante la última dictadura”, indicó la Asociación.
“A partir de este momento se abre en Argentina un proceso político
y judicial cuyas consecuencias sólo pueden ser favorables para
la consolidación de la democracia.”
Abogados y organizaciones de derechos humanos de Chile calificaron como
“muy importante” para la causa de la justicia la decisión
de Cavallo de declarar inconstitucionales e inválidas las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida. “Lo que ha pasado en Argentina
indudablemente es de una gran importancia en el trabajo por la causa de
los derechos humanos, especialmente en el trabajo jurídico”,
dijo a la agencia EFE la abogada Verónica Reyna, directora jurídica
de la Asociación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
Reyna indicó que “que lo que ha ocurrido es que ese juez ha
acogido la legislación internacional y en especial las recomendaciones
que al Estado argentino le ha hecho la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA, en el sentido de que no puede mantener
esas leyes de impunidad en crímenes de lesa humanidad”. La
directora del equipo jurídico del FASIC, que se hizo cargo de la
tarea de la desaparecida Vicaría de la Solidaridad, no descartó
que el procesamiento del ex presidente “de facto” chileno Augusto
Pinochet esté influyendo en los países latinoamericanos.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Viviana Díaz, dijo que “esas leyes sellaron
la impunidad y el fallo del juez sienta un precedente importantísimo
para su derogación”. Díaz señaló que
las investigaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo permitieron dar el
año pasado con el paradero de la hija del matrimonio desaparecido,
Claudia Victoria Poblete Hlaczick, quien vive ahora con la familia de
su madre.
“Ellos fueron secuestrados cuando Claudita tenía ocho meses.
Ella vive con su familia argentina, fue restituida, la encontraron las
Abuelas de la Plaza de Mayo”, señaló. Viviana Díaz
añadió que, gracias a las investigaciones que se generaron
en España en torno de las violaciones de los derechos humanos de
las dictaduras de Argentina y Chile, en ambos países se está
avanzado en la justicia y contra la impunidad.
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