“Esperemos que no se dé la Ley de Murphy, que es la ley por la que se espera que todo ande mal y anda peor”, afirmó ayer el gobernador Carlos Ruckauf al dejar de manifiesto el humor con que la oposición le da la bienvenida al nuevo ministro de Economía. El bonaerense se convirtió en el vocero de los mandatarios justicialistas que en las últimas 48 horas se movilizaron con el claro objetivo de moldear una coraza que le impida a Ricardo López Murphy deslizar el filo de un nuevo recorte sobre economías provinciales. “La Argentina no puede ser un laboratorio de los ultraliberales para seguir dañando al pueblo argentino”, aseguró Ruckauf, quien estimó que “ya no hay margen para nuevos ajustes”. En igual sentido se pronunciaron media docena de gobernadores del PJ, que a su turno le advirtieron al gobierno nacional que no están dispuestos a aceptar una nueva reducción de sus presupuestos. El santafesino Carlos Reutemann abrió en soledad una puerta a la negociación al justificar “la necesidad de los ajustes”, lo que le valió un cortocircuito con Ruckauf del que dio cuenta, con picardía, José Manuel de la Sota, el cordobés que con ellos completa la terna presidencial del PJ.
“Hay ajustes que se hacen por necesidad y otros por espanto. No es simpático hacerlos, no es que uno no quiera, pero a veces son inevitables”, dijo ayer Reutemann cuando fue consultado sobre las medidas que podría disponer el nuevo ministro de Economía. El mandatario santafesino se mostró cauto a la hora de juzgar el desembarco de López Murphy en el Palacio de Hacienda: “Prefiero esperar que tome medidas concretas antes de hablar”, dijo con su habitual ahorro de palabras.
Reutemann fue el gran ausente en la cumbre de mandatarios del PJ que el martes poblaron la residencia oficial de Ruckauf, en La Plata, para analizar el recambio en el conducción económica del país. “Hubo un cortocircuito por algo que dijo Ruckauf que no le gustó a Reutemann”, aseguró De la Sota al revelar que, además, el diablo mete la cola.
De todos modos está claro que los gobernadores justicialistas no están dispuestos a pactar un nuevo ajuste que afecte sus economías provinciales, mucho menos en un año electoral en el que se juega la renovación de todas las bancas en la Cámara de Senadores y la primera minoría en Diputados, además de las representaciones en las legislaturas locales.
Los mandatarios peronistas ya acordaron con la Alianza dos recortes en sus erogaciones, la primera el 6 de diciembre, cuatro días antes de la asunción de Fernando de la Rúa a la presidencia, y la otra, en octubre, que congeló durante los próximos cinco años los gastos provinciales. A esto se suma ahora la propuesta de reforma política que impulsa el ministro del Interior, Federico Storani, que de prosperar eliminará los senados provinciales y fijará un salario tope para los legisladores que también deberán reducir el número de colaboradores en sus equipos.
Los jefes territoriales del PJ reaccionan ante cada amenaza de ajuste como quien se enfrenta a un peligroso contagio de costo político que infectará de vacío sus urnas. Y buscarán en la unidad de las gobernaciones justicialistas el remedio para lograr cierta inmunidad ante la crisis. La consumación de un frente con doble discurso: de advertencia al Gobierno, con oportunas palabras electorales. Esto dijeron:
Juan Carlos Romero, de Salta. “De ninguna manera vamos a hacer un nuevo ajuste porque las provincias ya tienen un programa de trabajo y un presupuesto establecido. No se puede inventar, cada vez que hay un cambio de ministro, un nuevo ajuste para las provincias”.
Rubén Marín, de La Pampa. “Las provincias no soportamos un ajuste más, hemos hecho todos los esfuerzos, firmamos convenios con la Nación relegando parte de nuestra coparticipación para acompañar al gobierno central y ahora esperamos que se cumpla lo acordado”.
Angel Maza, de La Rioja. “El gobierno nacional debe respetar el cumplimiento irrestricto de los pactos preexistentes, porque son los únicos garantes de la gobernabilidad, el sostenimiento de la paz social y el respeto por las autonomía provinciales”.
Néstor Kirchner, de Santa Cruz. “El crecimiento que quieren estos liberales no cambiará la distribución del ingreso en el país y la exclusión social, porque se debe trasladar a los grupos concentrados. Lo que acá hay que decir también es que definitivamente el contrato social está quebrado porque, al igual que el menemismo en su momento, vuelven a construir un proyecto claro de derecha liberal”.
Ruckauf fue quien apuntó con mayor contundencia hacia el Gobierno y su propia interna al asegurar que “las recetas ultraliberales que está proponiendo López Murphy, como antes proponía (el último ministro de Economía menemista) Roque Fernández, tienen solamente en el justicialismo el aval del doctor Menem”.

LA PRINCIPAL OBSESION DEL FLAMANTE EQUIPO ECONOMICO
En primer lugar, las provincias

Sin lugar a dudas, una de las primeras decisiones del flamante equipo económico será forzar un drástico ajuste en las finanzas provinciales, que no eludirá a sus plantillas de personal. Tanto la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, actual usina de funcionarios para el Palacio de Hacienda, como Daniel Artana, economista de Fiel y hombre fuerte de este gabinete, postularon con todas las letras la necesidad de hacer un ajuste importante en el interior.
En rigor, los planteos de la liberal fundación están en sintonía con lo que postulan el equipo saliente y otros economistas ajenos a Fiel o a la FADA de Machinea. Guillermo Mondino, de la Fundación Mediterránea, plantea un panorama casi catastrófico para algunos estados del interior, en particular para la endeudada Buenos Aires. “Es mucho más factible que deje de pagar sueldos (Carlos) Ruckauf que la Nación”, sentenció en declaraciones a Página/12.
El ministro de Economía bonaerense, Jorge Sarghini, se defiende ante advertencias de este tenor recordando que “el stock de deuda provincial equivale sólo al 3 por ciento de la deuda pública total” y que en el 2000 rebajó en 500 millones el déficit, que prevé seguir achicando en el 2001.
Bajo el comando de Artana, el equipo que está desembarcando en Economía intentará forzar a las provincias a una racionalización, quizás semejante a la que López Murphy intentó en Defensa, centralizando decisiones y eliminando dependencias con funciones superpuestas. El gran argumento para una eventual embestida, ya esbozado públicamente por el nuevo secretario de Hacienda, es que mientras en los últimos años el sector privado se ajustó, el público siguió aumentando su gasto, en particular las administraciones del interior (30 mil millones entre 1992 y el 2000).
En la mira del secretario de Hacienda están los salarios públicos provinciales, que según el hombre de Fiel son desproporcionadamente altos, tanto en relación con los de los del sector privado como en contraste con los de sus pares de la Nación. “Trabajan apenas 30 horas semanales”, se queja el mano derecha de López Murphy. Ni siquiera el contraargumento de que el empleo público en el interior sirve para paliar la desocupación le resulta consistente. “Un subsidio a la desocupación es mucho menor que el salario de un empleado público”, opina el hombre de Hacienda.
Pero quizás como el camino para restringir gastos vía salarios puede resultar políticamente inviable –en parte porque depende de la voluntad de los mandatarios del interior– el nuevo equipo analiza cómo limitar los recursos que la Nación gira a las provincias o, en otros términos, cómo recortar estas transferencias. Se trataría de un mecanismo de presión para obligarlas a aumentar la recaudación de recursos propios.
Según un trabajo realizado por Fiel para el coloquio empresarial de Idea en noviembre pasado, si el país profundiza las reformas estructurales podría crecer a razón del 7 por ciento anual, muy lejos de la modesta proyección para este año (2001). Esas reformas incluirían, necesariamente, una disminución en los presupuestos del interior.

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