Por Adriana Meyer

El escándalo de los sobornos en el Senado y las cuentas de la SIDE sigue generando conflictos en el Gobierno. En este rincón, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, dictaminó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tiene facultades para investigar los fondos de la SIDE ni puede opinar sobre los actos del Presidente. En la otra esquina, el síndico Rafael Bielsa ignoró a Marcer porque considera que es un “par” suyo y que sus decisiones “no son de cumplimiento obligatorio” para la SIGEN. Los auditores de Bielsa poseen información secreta que sólo pueden revelar al juez del caso con la autorización de De la Rúa. Página/12 pudo saber que son datos referidos a nuevas irregularidades detectadas en la partida de “gastos de personal” de la SIDE durante el primer semestre del año pasado (ver aparte). En los próximos días el presidente Fernando de la Rúa deberá dirimir la disputa. Sin embargo, Bielsa ya le había pedido que tomara posición pero nunca recibió una respuesta desde la Casa Rosada.
El 19 de octubre Página/12 informó que la SIGEN denunció a la SIDE ante la Oficina Anticorrupción. El síndico Rafael Bielsa detectó que el ex secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, informó a la Contaduría General de la Nación que había gastado 22.300.000 pesos, que en realidad estaban depositados en una cuenta secreta de la SIDE. El informe había sido elaborado por tres auditores de la SIGEN a pedido de la OA. Bielsa se lo habría entregado en mano al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y éste a su vez al Presidente. Faltaban pocas semanas para el “divorcio” entre De la Rúa y su segundo. De Santibañes tampoco resistió y el 20 de octubre se fue tratando de explicar el descubrimiento de Bielsa.
Cuando el ex juez Carlos Liporaci quiso obtener información sobre un par de cheques cobrados por agentes en una fecha cercana a la sanción de la Reforma laboral, la SIDE pidió la opinión del procurador general. Marcer dictaminó que toda la documentación y actividades referidas a la SIDE es secreta aun para los jueces y que sólo el presidente de la Nación puede autorizar su exhibición. De la Rúa firmó un decreto y levantó el secreto.
En la SIGEN siguieron con el análisis de la partida de sueldos de los espías. De Santibañes había asegurado que utilizó 73 millones de dólares en ese rubro, de los cuales 22 estaban en una cuenta. Por lo tanto, los auditores estudiaron los otros 51 millones pero tuvieron que avanzar por afuera porque la secretaría legal de la SIDE les cerró el paso. El argumento era el mismo que había utilizado De Santibañes: la SIGEN no tiene atribuciones para auditar a la SIDE.
El informe complementario, terminado en enero, fue remitido al secretario de Inteligencia, Carlos Becerra, para que emitiera su opinión, según establecen las normas de la SIGEN. Becerra nunca respondió, por lo que el documento se mantiene “reservado” porque desde el punto de vista técnico no está terminado. El juez Gabriel Cavallo pidió a la SIGEN toda la información disponible sobre el caso y solicitó su colaboración para analizar los gastos de la SIDE y el funcionamiento de las “empresas pantalla”. Bielsa informó ayer al juez que está en condiciones de hacer ambas cosas pero no puede sin la autorización del Presidente.
El informe complementario contiene datos que son secreto de Estado y no puede ser enviado a la Justicia sin consentimiento presidencial. Bielsa le envió una nota a De la Rúa pidiendo ese permiso, aunque en declaraciones radiales dejó abierta la posibilidad de entregar la información de todas maneras. “Tengo una función, tengo una ley que me fija el marco de actuación y no necesito esconderme debajo de los faldones de la investidura presidencial para hacer lo que tengo que hacer”, afirmó.
Marcer había sido consultado por Becerra y emitió un dictamen secreto con los mismos argumentos utilizados en la primera oportunidad. En la palaciega sede de la Procuración, sus colaboradores explicaron a este diario que la SIDE tiene sus propios controles internos. “Bielsa ignora la normativa secreta que le impide el acceso a la Secretaría de Inteligencia por decisión propia. No hay autorizaciones implícitas, porque es elPresidente el que autoriza, en todo caso, a cualquier organismo para controlar a la SIDE, y no necesariamente tiene que ser la SIGEN”, indicó una fuente que insistió en que esto no lo dice Marcer sino las leyes secretas que rigen el funcionamiento de la central de Inteligencia.
El secretario general de la SIGEN, Aníbal Gutiérrez, aseguró a Página/12 que no tienen ninguna comunicación oficial sobre el dictamen secreto de Marcer. El funcionario explicó que la ley que rige la actividad de la SIGEN establece que su ámbito de competencia es “toda la administración pública” y eso incluye a la SIDE. “El gasto es secreto pero la asignación no”, agregó Gutiérrez.
El procurador también censuró la nota que Bielsa envió al Presidente advirtiéndole sobre el posible perjuicio para el Estado que podría implicar la creación por decreto del multimedios del Estado. La ley 24.156 establece que la SIGEN tiene competencia en el “control interno de las jurisdicciones del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y sociedades del Estado”, pero, según dictaminó Marcer, sus atribuciones “nunca pueden referirse a los actos dictados por el Presidente”. Los hombres del procurador sostienen que la SIGEN “es un mero informante del Poder Ejecutivo sin competencia para opinar sobre cuestiones de derecho”. En ese marco, agregan que “Bielsa se extralimitó”. Y aunque no conocían los argumentos del síndico se preocuparon en aclarar que el procurador tiene jerarquía de ministro e independencia técnica, mientras que Bielsa carecería de ella y tendría un rango inferior.

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