Por Carlos Rodríguez

A siete años del crimen y cuando ya recuperaron su libertad, en forma condicional, dos de los condenados por el hecho central, la Justicia confirmó que en pocos meses dará comienzo el juicio oral por el encubrimiento del homicidio del soldado Omar Carrasco, ya que se declaró que “no está prescripta” la acción penal contra los diez ex jefes militares procesados en esa causa paralela. El Tribunal Oral de Neuquén rechazó ayer el pedido de prescripción de la causa, presentado en su momento por tres de los acusados. El tribunal, al justificar el fallo, citó lo dicho por la Cámara Nacional de Casación Penal en el sentido de que los plazos de prescripción de una causa “se interrumpen” con “los actos de instrucción y del juicio que reflejen el interés del Estado de mantener vivo el proceso a través de los órganos de persecución y resolución”. El delito de encubrimiento prescribe a los tres años, pero la causa que lo investiga fue abierta a los ocho meses de ocurrido el crimen. El Tribunal Oral Federal de Neuquén, el mismo que juzgó el homicidio, desestimó la solicitud planteada en su momento por los abogados defensores del sargento Mario Guardia y de los tenientes Néstor Parodi y Carlos Verón, curiosamente tres de los militares de menor grado procesados por el encubrimiento. Los dos jefes máximos que irán a juicio son el general retirado Carlos Alberto Díaz, ex jefe de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, y el teniente coronel retirado Guillermo With, ex titular del Grupo de Artillería 161 de Zapala, en donde desapareció el soldado Carrasco el 6 de marzo de 1994. El cuerpo del joven fue hallado un mes más tarde.
En la causa por encubrimiento se investigó, de manera especial, ese lapso de un mes durante el cual se habrían realizado maniobras de destrucción y adulteración de pruebas para deslindar responsabilidades. La causa por el crimen quedó centrada en el subteniente Ignacio Canevaro, a cargo de la batería en la que estaba Carrasco, y de los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar. Mientras Canevaro fue condenado a 15 años y sigue en prisión, Salazar y Suárez recibieron una pena de diez y ya recuperaron su libertad condicional, favorecidos en una ínfima proporción por la ley del dos por uno. Desde hace por lo menos cuatro años, la causa por encubrimiento viene sufriendo una serie de postergaciones.
Al juicio oral llegará también el auditor del Ejército general Carlos Alberto Ferrario, quien estuvo al frente de la Asesoría Jurídica del Comando en Jefe durante toda la gestión del anterior titular de la fuerza, el general retirado Martín Balza. El oficial está acusado de adulterar el primer documento que abrió la investigación sobre la desaparición del soldado Carrasco. Otros imputados son los también auditores Mauricio Gutiérrez y Osvaldo Muñiz, el suboficial René López y el capitán Rodolfo Correa Belisle, quien curiosamente fue uno de los que más denuncias hizo respecto del encubrimiento del crimen. Correa Belisle había sido absuelto dos veces por los jueces que investigaron la causa, pero la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión.
En la causa Carrasco también fue señalado como autor del encubrimiento el ex jefe de Inteligencia general Jorge Miná y hasta el mismísimo general Martín Balza, quien también fue acusado de falso testimonio. El último juez de la causa, Guillermo Labate, estaba convencido de que ambos debían ser juzgados en la causa por encubrimiento, pero los fiscales Luis María Viaut y Manuel Reyes Balboa dijeron que no había motivo para la acusación. La decisión del Tribunal Oral de rechazar la prescripción dejó abierta la posibilidad de que “en los próximos meses” se realice el demorado juicio oral, según confirmó el secretario adjunto del cuerpo, Omar Silva. En los próximos días, los jueces Aidée Vázquez Villar, María del Carmen Ingelmo y Oscar Albrieu resolverán las apelaciones presentadas contra los procesamientos de Guardia, Parodi y Verón. Los otros siete militares acusados ya tienen confirmados sus procesamientos y serán sometidos a juicio. En el juicio por el crimen ya hubo una condena por encubrimiento.Recayó sobre el sargento Carlos Sánchez, cuya declaración, justamente, fue la que permitió las condenas de Canevaro, Suárez y Salazar. El principal testigo fue encubridor y lo condenaron a tres años de prisión efectiva. Otra de las gruesas contradicciones que tuvo todo el proceso del caso Carrasco, iniciado por su primer juez, Rubén Caro, quien todavía no ha podido escapar totalmente de la posibilidad de ser sometido a juicio político por las irregularidades advertidas.

UN COMISARIO PROCESADO POR “ABUSO DE AUTORIDAD”
Vendetta contra un cabo denunciante

Por C. R.

El comisario Adalberto Farías, segundo jefe del Comando de Patrullas de Vicente López, quedó procesado por “abuso de autoridad” contra un subordinado tras prestar declaración indagatoria ante el fiscal Hernán Collantes. La causa es derivación de otra en la que son investigados 19 ex jefes de esa dependencia policial, sospechados de formar una “asociación ilícita” dedicada a cobrar en beneficio propio una serie de servicios adicionales realizados en forma inorgánica por el Comando. Farías aplicó dos sanciones consecutivas al cabo Carlos Salamón, quien lo denunció por entender que es objeto de una persecución, ya que es uno de los 35 policías que denunciaron a sus jefes en la causa central. Farías reconoció ayer que sancionó a Salamón porque hizo abandono “por 5 minutos” de una guardia en una entidad judía de Vicente López y por no llevar puesto su chaleco antibalas. Sin embargo, Farías admitió que tampoco tenía colocado el suyo, el mismo día en que observó la paja en el ojo ajeno de Salamón.
De la declaración de Farías surge que, en los hechos, Salamón abandonó efectivamente la custodia de una escuela judía ubicada en Caseros 1450 y que, por estar ocupada la frecuencia de la radio policial, no pudo avisar al Comando. Sin embargo, también quedó acreditado que Salamón pidió permiso a la cabo primero Nora Mendiolar, su jefa inmediata, quien se encontraba con él custodiando el lugar. Mendiolar permaneció en la escuela los cinco minutos que se ausentó su subordinado, lo que confirma, además, que el puesto siempre estuvo cubierto y nunca fue abandonado. Salamón había pedido permiso para conocer el estado de salud de un hijo suyo que estaba internado.
En la indagatoria, el comisario Farías alegó que sancionó a Salamón porque, “si llegaba a pasar algo” durante su ausencia de cinco minutos, “lo primero que iban a pensar” era que la policía “estaba liberando zona para hacer un atentado contra la raza judía”. El imputado también respondió preguntas sobre la presunta intención de declarar insano a Salamón para darle la baja. Al respecto, Farías respondió que lo había enviado a una consulta con la psicóloga porque lo vio “mal psicológica y anímicamente”. Esa observación la hizo Farías luego de que él mismo le aplicara a Salamón un arresto de cinco días por dejar su puesto cinco minutos y le abriera un sumario administrativo por “no haberse notificado del arresto”.
Además de las sanciones, Salamón venía de sufrir un supuesto atentado -casi es atropellado en la calle por un patrullero policial– y de recibir varias amenazas de muerte en su domicilio particular, lo que lo llevó a poner vidrios blindados en su casa particular. El cabo supo que no lo enviaban sólo a una consulta con la psicológica, sino que le querían formar una junta psiquiátrica para sacarle el arma. “Si tengo el arma por lo menos tengo cómo defenderme, porque después de la denuncia estoy seguro de que me quieren matar o hacerme aparecer muerto en un supuesto enfrentamiento con ladrones”, es lo que repite Salamón desde hace varios meses a quien lo quiera escuchar.

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