Por Diego Schurman

La CGT rebelde convocó a un paro con movilización aunque recién le pondrá fecha una vez que se conozca el nuevo paquete de medidas que prepara Ricardo López Murphy. A la protesta podría sumarse la CGT oficial, que ayer alardeó con la posibilidad de una vuelta al enfrentamiento si el flamante ministro de Economía anuncia ajustes.
Los rebeldes de Hugo Moyano formalizaron su decisión durante un Comité Central Confederal realizado en el sindicato de mecánicos (Smata). El paro será una escala más en el plan de lucha que se inició en los primeros meses de gestión de Fernando de la Rúa.
La fecha aún no está decidida. Y es materia de debate interno. Podría ser a fin de este mes o en el transcurso de abril. No mucho más allá: la CGT rebelde no quiere caer en el grotesco de sus socios de la CGT oficial, que habían llamado a un paro de 36 horas –finalmente suspendido– con tres meses de anticipación.
Lo que está plenamente acordado es la realización de un acto el jueves 22 frente al Monumento al Trabajo, donde se le brindará homenaje a los militantes sindicales desaparecidos durante la dictadura. También participará de los actos del 24 en repudio al golpe militar de hace 25 años.
El plato fuerte serán las marchas del 5 y 6 de abril, fechas en las que representantes de todos los gobiernos del continente deliberarán sobre la propuesta de incorporación al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). No se descarta que sea en uno de esos días que los rebeldes acompañen una de las movilizaciones con el paro general.
“Si ellos están entregados, que sepan que los argentinos no estamos dispuestos a entregarnos”, afirmó Moyano, tras insistir que De la Rúa es “un instrumento” del Fondo Monetario Internacional. “En los últimos diez años tuvimos a un payaso (por Carlos Menem) al que le hacían decir lo que querían los dueños del poder económico. Pero ahora tenemos una marioneta, porque éste ni siquiera habla”, siguió, hiriente.
Desde la CGT oficial de Rodolfo Daer, que también realizó su Comité Central Confederal en su sede de Azopardo e Independencia, hubo una muletilla a la que también apelaron en la semana los gobernadores del PJ: “No hay espacio para un nuevo ajuste”. Y advirtieron que si ello se produce no habrá manera de evitar una protesta.
Fuera de micrófono, los gordos –como se conocen a los sindicalistas de la CGT oficial– creen que López Murphy no tiene demasiado margen por la presión política que está ejerciendo no sólo el justicialismo sino también dirigentes de la propia Alianza, como los titulares del Frepaso, Carlos “Chacho” Alvarez, y del radicalismo, Raúl Alfonsín. En el discurso de lanzamiento de su candidatura a senador, el ex presidente atacó a los “fundamentalistas del mercado”.
Anoche, desde este sector moderado del sindicalismo llamaron insistentemente al jefe de Gabinete, Crhystian Colombo, para tener un adelanto de las medidas que prepara el flamante ministro de Economía. Y si bien no obtuvieron demasiado, se llevaron un compromiso de activar la mesa de diálogo con De la Rúa y empresarios dentro de las próximas dos semanas.

AMPARO DEL PJ CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL
Diputados que se pintan la cara

En el Congreso nacional el decreto de reforma previsional está para el cachetazo. Ayer el bloque de diputados justicialistas presentó una acción de amparo ante la Justicia debido a la “inconstitucionalidad formal y material” del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. El presidente de la bancada opositora, Humberto Roggero, ratificó que su bloque tiene “la férrea decisión de acudir a los mecanismos políticos, legislativos y judiciales” para frenar los efectos de la reforma.
Paralelamente la frepasista María América González anticipó que si no llegan a un acuerdo con el radicalismo para modificar antes del 20 de marzo el decreto que firmó Fernando de la Rúa el último día hábil del 2000, su bloque impulsará el debate de una nueva ley que reemplace la propuesta oficial. Dicen que cuentan con el respaldo de Raúl Alfonsín.
El planteo de los justicialistas, que encabezó con su firma el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Alfredo Atanasof, recayó en el Juzgado de Primera Instancia Nº 6 del fuero de Seguridad Social, a cargo de la jueza Susana Pérez Tognola.
Los puntos que cuestiona el PJ de la modificación a la ley previsional decretada por el Ejecutivo son el aumento de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años y la eliminación de la Prestación Básica Universal (PBU) de 200 pesos para un importante número de jubilados.
Según Atanasof, el decreto presidencial es en esencia “arbitrario, unilateral y violatorio de la división de poderes”. Según el sindicalista, la decisión de recurrir a la Justicia se debió el fracaso “por falta de acompañamiento del oficialismo” de la sesión especial que su bloque había pedido para el 2 de marzo para debatir la derogación de la nueva norma.
Roggero agregó que la decisión también fue motivada por la postergación en el Senado de la sesión donde iba a intentar derogarse el decreto.
Paralelamente, la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, a cargo de la frepasista González, anunció que el 23 de marzo se realizará una audiencia pública, con la participación de asociaciones de jubilados y especialistas, para discutir una nueva ley de reforma previsional que reemplace al decreto. La fecha de convocatoria es un límite para las negociaciones entabladas con el bloque de la UCR y el Gobierno, en la última posibilidad de llegar a un acuerdo. Los disidentes aseguran que cuentan con el respaldo del ahora candidato a senador Raúl Alfonsín.

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