|
Por Susana Viau
 El Tribunal Oral Federal 2 de
Mendoza condenó a dos años de prisión a un secretario
privado del procurador general de la Nación, por haberse comprobado
que vendía indultos a los presos respaldándose en su calidad
de empleado de Nicolás Becerra, quien entonces revistaba como defensor
general. Héctor Orlando Corvalán, también secretario
privado de Becerra cuando éste ocupó la secretaría
de Irrigación en el gobierno provincial, fue denunciado por el
padre de un convicto al que le habían pedido alrededor de cuatro
mil pesos a cambio de gestionar su libertad. El defensor de Corvalán
ante el tribunal que emitió la sentencia fue Jorge Garguir, ex
socio del estudio Becerra.
En diciembre de 1996, el padre de Daniel Bresssi Escalante, condenado
a una pena de 5 años de prisión por robo agravado, denunció
que el detenido había recibido un ofrecimiento del enfermero del
Servicio Penitenciario Mario Bustos, quien le propuso gestionar su indulto
y el de sus compañeros de causa por intermedio de Héctor
Corvalán, secretario del estudio jurídico de Becerra. El
precio de la intermediación fue fijado en cuatro mil pesos por
cabeza. El padre del preso declaró que se había reunido
primero en privado con el hombre del servicio penitenciario y luego con
el propio Corvalán. Entre la documentación aportada a la
causa figuraba una nota escrita por Bustos (y cuya autoría el enfermero
admitió) en la que indicaba al padre del preso con qué personas
de la Defensoría General debía contactarse: Angel Fernández,
Mónica Chona o Carlos Lía (todos antiguos colaboradores
de Becerra, en ese momento empleados de la Defensoría y en la actualidad
funcionarios de la Procuración), proveyéndole asimismo los
números de teléfono de esa dependencia.
Según relató el padre del interno, se acordó que
el pago fuera fraccionado y se le requirió un “adelanto”
de 1200 pesos con la promesa de que en quince días tendría
noticias. Con el paso del tiempo, Bressi comenzó a sospechar que
había sido timado e interpuso una denuncia. De inmediato, su hijo
fue amenazado de muerte por dos reclusos que le aconsejaron desistir de
la demanda. Bressi, temiendo por su vida, presentó un hábeas
corpus que fue rechazado “in limine” por el juez Alfredo Manuel
Rodríguez. El padre del detenido optó entonces por exponer
el caso en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara
de Diputados de la provincia. Llamado a prestar declaración indagatoria,
Corvalán sostuvo que conocía al entonces defensor general
de la Nación desde hacía mucho tiempo. “Lo he acompañado
desde hace más de treinta años”, dijo y aceptó
asimismo que la entrevista con el padre de Bressi se había realizado
en el estudio de Becerra.
El Tribunal Oral Federal 2, después de haber revisado la falta
de mérito dictada inicialmente en favor del secretario de Becerra,
entendió que tanto la conducta de éste como la del enfermero
Bustos se encuadraban en la figura de estafa, y a fines de febrero ambos
fueron condenados a dos años de prisión. El procurador Becerra
aseguró a la prensa mendocina que conocía a Corvalán
pero que nunca había trabajado en su estudio y “no tenía
idea” de sus andanzas en materia de negociación de indultos.
“Me sorprendí cuando me llegó un planteo de ese señor
Bressi pidiéndome una rebaja de pena. Sin saber qué estaba
pasando le respondí a través de un oficio, indicándole
que el pedido debía hacerlo por donde correspondía, o sea
el Ministerio de Justicia.” El procurador debió haber olvidado
la resolución 468 adoptada en setiembre de 1996, cuando era Defensor,
en la que ordenó a los defensores oficiales remitir los pedidos
de indulto o conmutación de pena, con sus antecedentes y fundamentos,
a la Defensoría “con la antelación suficiente para
su oportuna presentación al Ministerio de Justicia”.
LA
BICAMERAL RECHAZO SUS PEDIDOS
Pou solo y sin preguntas
La comisión bicameral
encargada de evaluar la conducta del presidente del Banco Central respondió
la carta que envió Pedro Pou. El texto de los legisladores, algo
más corto que el que recibieron, rechazó el pedido del cuestionado
funcionario de anticipar las preguntas y la posibilidad de que Pou fuera
acompañado de técnicos que explicaran sus decisiones. La
comisión lo “invitó” a presentarse sin asesores
el miércoles a las 11.
Según relató uno de los integrantes de la bicameral, en
su carta Pou se consideró siempre como “imputado” y por
ello exigió que le anticiparan el cuestionario, explicitaran los
cargos que pesan sobre él y admitieran la necesidad de concurrir
acompañado de técnicos que explicarían la metodología
de trabajo del Central. Los legisladores rechazaron todos los puntos y
sostuvieron que “nuestro trabajo es absolutamente político
y nada de lo que hagamos puede ser considerado judiciable, por lo tanto
no hay cargos contra Pou”. Por eso, la carta de la bicameral termina
invitándolo para el miércoles ya que, como reconoció
el presidente de la comisión, el senador Mario Losada, “no
tenemos poder de policía para traerlo”
“Entendemos que, con la presencia de Pou en el Congreso, la tarea
de la comisión prácticamente está concluida. A partir
de allí nos avocaremos a elaborar el dictamen”, indicó
a Página/12 uno de los miembros de la comisión, quien anticipó
que podría producirse entre el jueves y viernes próximo.
Ayer, los senadores Losada (UCR), Alcides López (UCR) y Carlos
Verna (PJ), y los diputados Víctor Peláez (UCR) escucharon
durante cuatro horas los testimonios de los directores del Central, Manuel
Domper, un hombre alineado con Pou, y Augusto César Magliano, un
opositor a varias decisiones del titular del Banco Central. El único
ausente, por razones de salud, fue el radical Raúl Baglini.
|
