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Todos los alumnos de universidades públicas y privadas deberán
rendir un examen antes de recibir su título, según anunció
ayer el ministro de Educación, Hugo Juri. Las pruebas serán
anónimas, no implicarán traba alguna en la obtención
del diploma y abarcarían no sólo los contenidos de la carrera
cursada sino otros puntos, como satisfacción con el nivel docente,
infraestructura universitaria y tipo de material educativo utilizado.
Por otra parte, Juri reveló que se creará una Superintendencia
de Universidades, que “se encargará del control administrativo
y académico” de las casas de estudios. De esta forma, la cartera
educativa sale a mostrar que tiene la mira sobre la universidad. Eso sí,
con una mirada distinta con la que la escruta el nuevo equipo económico.
“Nadie con pensamiento progresista puede oponerse a estas medidas”,
señaló Juri a Página/12, para agregar que lo que
se busca es “lograr la calidad educativa, que es lo que nos pidió
el presidente De la Rúa”. El ministro afirmó que “lo
peor para el progresismo es dejarse llevar por el facilismo. Hay que favorecer
la equidad y mantener la gratuidad, pero también tenemos que apuntar
a la calidad educativa”.
Juri remarcó que los exámenes serán anónimos,
y que un equipo multidisciplinario de técnicos tendrá la
tarea de recopilar y analizar los resultados. “La idea es que empecemos
con esto a fin de año. Además queremos que todos los alumnos
argentinos de la misma carrera rindan el mismo día y a la misma
hora, para evitar suspicacias”, señaló el ministro.
“Nada le pasará al alumno. No es para castigarlo a él,
es para ver el funcionamiento de la universidad”, añadió.
“Buscamos mejorar la calidad educativa. Aparte, el estudiante que
elige una universidad podrá decir: ‘Yo me voy a ésta,
porque tiene promedios tres veces mejores a tal otra’”, explicó
Juri. “También podremos saber las fallas referidas a lo que
el alumno aprendió en la facultad, cosa que hasta ahora no se evaluaba.
Y nos permitirá saber el peso que tienen el uso de Internet, de
computadoras, de bibliotecas, y la asistencia y el nivel docente, entre
otras cosas, porque en el examen no sólo se preguntará por
los contenidos de la materia.”
El doble anuncio de Juri se produce en un contexto especial, dada la asunción
de Ricardo López Murphy en el Ministerio de Economía. Con
estas medidas, la cartera de Educación se muestra activa en momentos
en que se multiplican rumores sobre otro ajuste en el gasto público.
Sin embargo, en el Palacio Sarmiento calculan que su área no sería
la más afectada por una nueva poda.
Un pesado fantasma que sobrevuela a la comunidad educativa es la posibilidad
de un arancelamiento universitario. “No es un tema que se plantee
en este momento”, remarcó Juri, y aclaró que “nadie
está cavando trincheras” ante la llegada de López Murphy
a Economía. “Respaldamos en todo al presidente De la Rúa”,
redondeó Juri.
Otro anuncio que traerá polvareda es la creación de la Superintendencia
de Universidades. El futuro organismo se dedicará a controlar los
aspectos administrativos y académicos de cada universidad. “Quiero
aclarar que no será un organismo ejecutivo, y que no violará
la autonomía universitaria. No podrá tomar ninguna decisión
sobre la universidad, pero sí dará información al
Ministerio y a la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria).”
“Verá el funcionamiento, cuánto se gasta en administración,
cuánto en gasto académico, si los estudiantes tardan 15
años en cursar, y esas cosas”, consideró Juri. “Todas
las universidades tienen obligaciones, y la Superintendencia se encargará
de controlar la gestión. Si encuentra algún problema, nosotros
lo vamos a informar, y trataremos de ayudar a la entidad. Y la Coneau
tendrá esa información para ver si reacredita o no a esa
universidad”, explicó.
En Educación saben de las repercusiones que tendrán las
nuevas medidas. “Esto va a generar mucha polémica. Es algo
fuerte”, reconoció Juri. El ministro eligió un lugar
especial para anunciar oficialmente los nuevosexámenes: el congreso
nacional de Franja Morada en San Luis, que se realizó anoche. El
radicalismo universitario no se opuso a la medida, pero sabe que le puede
traer más de un dolor de cabeza en las elecciones.
Por su parte, los rectores nacionales apoyaron en distinto grado las iniciativas
de Juri. “Soy proclive a todo lo que signifique evaluar. Acá
lo hacemos permanentemente”, dijo Julio Villar, rector de la Universidad
Nacional de Quilmes. En tanto, el rector de la Universidad Nacional del
Litoral, Mario Barletta, se mostró de acuerdo con las evaluaciones
“siempre que no sea por el hecho de evaluar porque sí, o para
establecer rankings, que realmente no sirven”.
Informe: Alejandro Cánepa.
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Autoridades externas
La pedagoga Marcela Mollis, especializada en educación
superior, realizó ante este diario la siguiente evaluación
sobre la propuesta oficial:
“Los exámenes y la Superintendencia son una tendencia
reciente. Son una novedad, ya que impera un Estado evaluador, y
ésta es una estrategia de las políticas neoliberales
de los últimos años, que ponen al Estado en un papel
de evaluación. Y este rasgo se vincula con la crisis de desconfianza
de las instituciones, porque antes era cada institución la
que se autoevaluaba. Esa crisis refuerza mecanismos externos de
corrección. Es una novedad de los últimos años
esta especie de supraautoridad sobre la autoridad académica”.
“Por otra parte, me gustaría que también rindan
cuentas los responsables de las políticas educativas, para
que sean coherentes con esa lógica de control. Antes de decir
si es bueno o no este nuevo ente, quiero decir que no sé
si es necesario. Además tiene que tener legitimidad dentro
de las universidades. En realidad, creo que lo que se debería
hacer es fortalecer mecanismos para la construcción de inteligencia
institucional; esto es, que las entidades respondan a criterios
de calidad decididos por sus propios actores, y que se fomente la
competencia académica.”
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LA
LEGISLATURA PORTEÑA, POR LA PRODUCCION ARGENTINA
Un compre nacional porteño
Por R. K.
Legisladores porteños
de prácticamente todos los bloques de la Ciudad lanzaron ayer el
proyecto de ley de Defensa de la Producción y el Trabajo Argentino
que significa que a ofertas iguales, el gobierno porteño comprará
a las empresas consideradas argentinas, es decir que estén radicadas
en el territorio nacional y en las que el 70 por ciento del capital societario
sea propiedad de ciudadanos domiciliados en la Argentina. Además,
se le da prioridad a las pequeñas y medianas empresas.
El proyecto lleva la firma de Ariel Schiffrin y Marcelo Vensentini, de
la Alianza, Eduardo Valdez, de País, y Julio Vitobello y Alberto
Fernández, que son peronistas que ingresaron a la Legislatura por
el bloque Cavallo-Beliz. En el lanzamiento estuvo el legislador del PJ,
Pacho O’Donnell, Cristian Caram de la UCR, Vilma Ibarra, del Frepaso,
y representantes de las tres CGT, el Sindicato Unico de Publicidad, Osvaldo
Rial y José Ignacio de Mendiguren por la UIA, los presidentes de
la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en Vía Pública,
Guillermo De Llela, de la Cámara Argentina de la Construcción,
de los comerciantes agrupados en CAME y de la Confederación General
Económica (CGE).
En el proyecto de Ley, que seguramente será aprobado por abrumadora
mayoría en la Legislatura, hay tres artículos claves:
 En todos los procedimientos
de contratación del Gobierno de la Ciudad regirá el principio
de contratación a favor de empresas argentinas, siempre que se
trate de productos en los que el precio no supere en más de un
siete por ciento las ofertas realizadas por las empresas extranjeras.
Serán considerados productos
argentinos los elaborados en el territorio nacional y en que los insumos
importados no superen el 40 por ciento.
El 20 por ciento de las contrataciones
deberá recaer en micro, pequeñas o medianas empresas.
Indudablemente la ley traerá fuertes polémicas –sobre
todo por parte de las empresas extranjeras–, aunque se espera una
rápida aprobación por el respaldo de casi todas las bancadas.
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