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La muerte de Edith Acevedo, la chica de 18 años baleada en medio
de una persecución policial en El Talar, puso otra vez en un cono
de sombras la actuación de la Policía Bonaerense. El jefe
de la Departamental San Isidro dispuso que los dos policías que
participaron del hecho dejen de prestar funciones en la calle y les asignó
tareas de oficina. Vecinos del barrio donde ocurrió el hecho aseguran
que el disparo mortal fue efectuado por uno de los uniformados, en tanto
que familiares de la víctima denunciaron que algunos testigos recibieron
presiones por parte de la policía. El episodio constituye un nuevo
golpe para la política de seguridad del gobernador Carlos Ruckauf
quien, con su doctrina de “meter bala a los delincuentes”, logró
un record de víctimas civiles y policiales sin que hubiera descendido
el índice de delitos. Se lo recordaron ayer senadores y diputados
de la Alianza que, en una entrevista, le reclamaron la convocatoria del
Consejo de Seguridad de la provincia. “Esta es la policía
que tengo, ¿qué quieren que haga?”, contaron que dijo
Ruckauf, a quien describieron como “desbordado” por los hechos.
“Los testigos vieron que un policía bajó la ventanilla
y tiró, y después le dijo al otro: ‘Mirá lo
que hice’”, relató ayer Víctor Acevedo, uno de
los hermanos de Edith. El muchacho agregó que “una vecina
le dijo al policía ‘Vos la mataste, porque yo te vi’,
y el policía le contestó: ‘No, yo no quise hacer esto’”.
Por su parte, Juan José Robledo, el marido de la madre de la víctima,
dijo que algunos testigos “están recibiendo amenazas telefónicas
que dicen que tienen que cuidarse”.
La muerte de Edith Acevedo se produjo el miércoles por la tarde,
cuando un móvil del Comando de Patrullas de Tigre perseguía
a una pareja de jóvenes a bordo de un auto robado. La chica, vendedora
ambulante de artículos de librería, llevaba en brazos a
su hijita de 19 meses, que resultó ilesa. Ella, en cambio, recibió
un tiro en la cabeza que le provocó la muerte.
En el lugar del hecho se halló un solo proyectil, de 9 milímetros,
coincidente con las armas que utiliza la policía. A la menor de
14 años que fue detenida le secuestraron un revólver calibre
38, que tenía tres cápsulas servidas, por lo que habría
sido accionado.
El fiscal de San Isidro, Ricardo Costa, a cargo de la causa, tomó
declaración ayer a vecinos de la zona, entre ellos, dos testigos
presenciales. “Ninguno hizo referencia a amenazas”, aseguró.
Según Costa, los policías “están siendo investigados,
pero no se tomará ninguna medida procesal hasta que se conozca
el resultado de la pericia, que realizará el lunes la Policía
Científica”.
Los efectivos involucrados son el sargento Héctor Ovejero, de 33
años, y el cabo Jorge Coronel, de 35, con 13 y 11 años de
antigüedad en la fuerza, respectivamente. En forma preventiva, los
dos fueron separados del Comando de Patrullas de Tigre y se les asignaron
tareas administrativas, “hasta que la Justicia resuelva su situación,
y mientras se sustancia el sumario administrativo en Asuntos Internos
del Ministerio de Seguridad”, dijo el jefe de la Departamental San
Isidro, comisario inspector Rodolfo Coronel.
Edith Acevedo se sumó a la lista de civiles muertos por excesos
policiales. Según los registros de la Coordinadora contra la Represión
Policial (Correpi), sólo en los últimos tres meses se denunciaron
25 muertes en esas circunstancias.
Con ese telón de fondo, Ruckauf recibió en la sede porteña
del Banco Provincia a los presidentes de los bloques de senadores del
Frepaso y la UCR, Eduardo Sigal y Carlos Pérez Gresia, y al vicepresidente
de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro. “Lo vimos desbordado
por el problema de la seguridad en la provincia”, relató Sigal
a este diario. “Cuando se le planteó el tema de la corrupción
en la fuerza, dijo: ‘Esta es la policía que tengo, ¿qué
quieren que haga?”, reveló el radical Ferro. Los legisladores
se retiraron “más preocupados que al comienzo”, pese
a que Ruckauf accedió a convocar al Consejo de Seguridad, integrado
porrepresentantes de los tres poderes, un organismo creado por ley que
nunca fue citado en los quince meses de la gestión Ruckauf.
LOS
JUECES DE MENORES PIDEN QUE SE POSTERGUE
El cierre del Agote está en duda
La suerte del Instituto Agote
aún no está echada. Más allá del anuncio de
su clausura para dentro de diez días, realizado el 28 de febrero
pasado por la ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Graciela
Fernández Meijide, los jueces nacionales de menores pretenden dilatar
esta decisión: ayer, en un encuentro organizado por la Cámara
del Crimen, los magistrados solicitaron a funcionarios del área
de minoridad que se posponga el cierre del Agote hasta que se pueda contar
con otros establecimientos que lo reemplacen en su actual función.
Fuentes del Consejo del Menor y la Familia comentaron a Página/12
que esta posibilidad “está en análisis”.
El pedido de los jueces de menores para postergar el cierre del Instituto
Luis Agote fue formulado en el encuentro que organizaron integrantes de
la Cámara del Crimen, “preocupados por los últimos
episodios de fugas y disturbios ocurridos en los institutos de menores”.
Desde el Consejo del Menor y la Familia dijeron a este diario que se está
estudiando el pedido y que “analizan la posibilidad de no cerrar
intempestivamente el Instituto Agote en el tiempo previsto, aunque el
proceso de clausura sigue en pie”.
En el encuentro, los funcionarios ministeriales informaron a los magistrados
–en relación a los últimos incidentes ocurridos en
los establecimientos dependientes del Consejo– sobre las medidas
previstas para brindar mayor seguridad a los internos y garantizar la
habitabilidad y funcionalidad de los institutos. También informaron
a los jueces sobre la intención de construir nuevos edificios en
terrenos propios y profundizar el cumplimiento de las leyes y pactos internacionales
relativos a los derechos de los menores.
El 28 de febrero último cinco internos se fugaron del Agote, y
ese mismo día la ministra Fernández Meijide anunció
la clausura del instituto. Desde Desarrollo Social se aclaró que
si bien se “desinstitucionalizarán los viejos patronatos,
esto no significa que no habrán institutos de máxima seguridad”,
aunque se decidió “terminar con los viejos métodos
represivos y de abusos”.
Las sucesivas fugas de los institutos de menores –en total, 83 internos
de la Capital Federal y de La Plata se fugaron en lo que va del año–
generaron varias polémicas: por un lado, en casi todos los casos
se sospechó de los celadores a cargo de la vigilancia, a los que
se les iniciaron sumarios administrativos. También pusieron sobre
el tapete las condiciones de vida a las que son sometidos los menores.
Sobre la situación del Agote, María Orsenigo, titular del
Consejo del Menor, reconoció que es “inviable y que no está
estructuralmente adaptado para el trabajo con jóvenes”.
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