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No fue todo lo que los querellantes esperaban, pero Pinochet sigue preso.
La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile confirmó ayer el procesamiento
y arresto del ex dictador chileno, por el asesinato y desaparición
de 75 opositores a su régimen en el caso de la Caravana de la Muerte
en 1977, pero decidió reducir los cargos, de “autor inductor”
a “encubridor”. El cambio de carátula significa que,
de ser hallado culpable, las penas contra Pinochet serían menores,
y de hecho los abogados querellantes insinuaron ayer la posibilidad de
apelar este fallo ante la Corte Suprema –donde es probable que todo
concluya de cualquier manera–; sin embargo, se impidió el
paso atrás que hubiera representado la revocación de las
medidas contra Pinochet. Con todo, la defensa anticipó su próximo
paso: pedir la libertad bajo fianza del ex dictador, que deberá
estudiar el juez Juan Guzmán Tapia.
De ambos lados, las reacciones fueron tibias, en el mejor de los casos.
“Esta resolución es una vergüenza, porque los antecedentes
demostraban que Pinochet es autor inductor de 57 homicidios y 18 secuestros
calificados y hoy día se busca una manera de protegerlo, de rebajar
las penas”, dijo a los periodistas la presidenta de la Agrupación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz. Por su
parte, el abogado querellante Eduardo Contreras dijo que “este fallo
es un enorme error jurídico, ya que se supone que al ser encubridor,
Pinochet conoció los hechos después de ser ejecutados. Sin
embargo, consta en el proceso que Pinochet ordenó todos los delitos.
Aunque tenemos que estudiar el fallo, lo más lógico sería
recurrir a la Corte Suprema para enmendar ese error”. La resolución
de la Corte de Apelaciones no detalló porqué se rebajó
el cargo de autor al de encubridor, pero indicó que una de las
pruebas que ameritan que se mantenga el procesamiento es un documento
de puño y letra de Pinochet que certifica su conocimiento de los
homicidios y secuestros.
Del lado de los amigos del ex dictador, el general Guillermo Garín,
camarada de armas de Pinochet, dijo que “lamento que no se hayan
acogido los argumentos de la defensa y se mantenga el auto de procesamiento.
Están perfectamente demostrados los hechos en la causa, que el
general Pinochet no tiene ninguna responsabilidad en los delitos que se
le imputan. Desde el punto de vista jurídico, es un avance que
se hayan rebajado los cargos, pero hay que conocer los fundamentos de
esta decisión”. El jefe de la defensa, el abogado Pablo Rodríguez
Grez, dijo que “ha quedado definitivamente claro que el general Pinochet
no ordenó matar ni secuestrar a nadie y que él no ha participado
en estos hechos y solamente su responsabilidad derivaría de la
circunstancia de no haberlos denunciado o sancionado. Nosotros insistiremos
con el sobreseimiento, que tendrá que resolverse en los próximos
días en la Corte”.
Y que efectivamente es el próximo paso en el proceso. La misma
Corte de Apelaciones –pero una distinta sala de ella– deberá
fallar en las próximas semanas un recurso presentado anteriormente
por los defensores de Pinochet, tendiente a que el juicio sea anulado,
considerando que el ex dictador no se encontraría en condiciones
físicas ni mentales de enfrentar un proceso. Exámenes psiquiátricos
y neurológicos practicados en enero a Pinochet determinaron que
padece de una demencia “moderada”, pero la ley chilena sólo
exime a un inculpado si es declarado definitivamente “loco”
o “demente”. Algunos signos, sin embargo, son alentadores aquí
para los defensores de Pinochet, ya que la Quinta Sala, que es la que
debe pronunciarse, está integrada por los magistrados Sergio Valenzuela
y Rubén Ballesteros, que votaron contra el desafuero de Pinochet
cuando la Corte de Apelaciones lo privó de su inmunidad como senador
vitalicio, el 23 de mayo último. El tercer integrante es el juez
Juan Guzmán Tapia, que deberá inhabilitarse por ser el instructor
de la causa contra el dictador, y la Corte deberá designar a su
sucesor mediante un sorteo.
Si la Quinta sala decide acoger el recurso de la defensa, el proceso quedará
cerrado pero en ese caso los querellantes planean apelar ante la Corte
Suprema, donde probablemente ocurrirá la batalla final.
EE.UU.
ES AMBIGUO SOBRE SU PARTICIPACION
Hablando de la paz en Farclandia
Podría tratarse de un
cambio de política, aunque en una administración tan plagada
de intrigas y desinteligencias como la de George W. Bush en Estados Unidos
lo más probable es que haya varias políticas contradictorias
y competitivas dando vueltas al mismo tiempo. El hecho es que ayer, mientras
en la “zona desmilitarizada” bajo control de las FARC en el
sur colombiano empezaban reuniones con el gobierno y los representantes
de la Unión Europea y varios países latinoamericanos –pero
no Estados Unidos, en protesta de Washington por el asesinato de tres
ambientalistas norteamericanos en 1999–, Peter Romero, subsecretario
de Estado para Asuntos Interamericanos, dijo que su país “no
descarta” participar en el futuro de este tipo de reuniones, para
agregar que respalda decididamente los esfuerzos de paz desarrollados
por el presidente Andrés Pastrana.
Esta fue la novedad más vistosa de la jornada de ayer, en la que
diplomáticos de 25 Estados se reunieron con representantes del
gobierno y de la principal guerrilla de Colombia para discutir los esfuerzos
para acabar con una guerra interna de 37 años. La reunión
de un día en el caserío de Los Pozos fue acordada en febrero
por el presidente Andrés Pastrana y el máximo líder
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda,
alias “Tirofijo”. Vestido con traje de combate, una toalla amarilla
sobre sus hombros y un machete al cinto, Marulanda, de 69 años,
saludó a embajadores y diplomáticos de América, Europa
y Japón –el de mayor rango fue el de Venezuela, que envió
a su canciller– que llegaron en autobús al remoto caserío,
en el corazón de un enclave rebelde de 42.000 kilómetros
cuadrados. El control territorial de la región fue cedido por el
gobierno a las FARC en 1998 para facilitar la negociación, que
trata de poner fin a un conflicto que dejó 35.000 civiles muertos
en la última década.
Durante el encuentro las FARC propusieron realizar tres conferencias con
la comunidad internacional para hablar de sustitución de cultivos
ilícitos, una moratoria de cinco años en el pago de la deuda
externa de Colombia a fin de aumentar la inversión social y una
reforma agraria. En el pasado, las FARC, la guerrilla más antigua
de América latina sobreviviente de la década de 1960 y que
busca imponer cambios socialistas que incluyen una reforma agraria y redistribución
de la riqueza, se han opuesto a que la comunidad internacional supervise
el proceso de paz.
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