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Por Cledis Candelaresi
 La controvertida operación
para que Socma y Exxel se asociaran para explotar juntas el Correo Argentino
abortó. Ahora el grupo Macri, dueño de la porción
mayoritaria de la empresa privatizada, seguirá batallando para
conseguir una íntegra renegociación contractual.
Al mediodía de ayer, Socma y el Exxel enviaron notas a la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia y a la Comisión Nacional
de Comunicaciones informando su decisión de dar marcha atrás
en su proyecto de asociación. De todos modos, poco después
el secretario Carlos Winograd, encargado de preservar una saludable competencia
en el mercado, citó a una conferencia de prensa donde dio a conocer
la decisión oficial de prohibir esa fusión.
Cuando el Correo Argentino S.A. requirió al Gobierno su autorización
para fusionarse con Oca, propiedad del Exxel Group, a ningún conocedor
del mercado postal se le escapó que esa asociación daría
lugar a una megaempresa dominante, que dejaría poco juego a cualquier
competidor. Aunque los 45 días previstos originalmente se estiraron
a ocho meses, Winograd sintetizó ayer su posición en un
informe fundado en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia.
“No es consistente con los objetivos de defensa de la competencia”,
recalcó el secretario, uno de los sobrevivientes del equipo de
José Luis Machinea, quien ayer consideró cumplidas las dos
condiciones que impone la ley para vetar una fusión:
u Primero: la eventual unión entre los dos principales competidores
hubiera configurado posición dominante (hubiesen manejado el 90
por ciento de las cartas simples y entre el 45 por ciento de las corporativas:
cartas y documentación a empresas).
u Segundo: tal asociación no habría proporcionado ningún
beneficio a los usuarios.
Por su envergadura y características, el tema surge como un caso
“testigo”. Winograd subrayó este carácter y dijo
no haber recibido presiones políticas para tomar la decisión
que repentinamente dio a conocer, a sólo horas de haber sido confirmado
en el gabinete económico.
“Estamos sorprendidos por esta salida intempestiva y no comunicada
del secretario”, se quejó ante Página/12 Guillermo
Baistrocchi, gerente de comunicaciones de Socma, dueña del 69,23
por ciento de las acciones de Correo Argentino. En un sintético
comunicado difundido ayer por la tarde, la firma de Macri informó
que el jueves desistió de fundirse con la empresa del grupo Yabrán
que el Exxel compró en diciembre de 1997. Para la frustrada operación,
el grupo de Juan Navarro iba a intervenir con el nombre de International
Mail Corporation.
Desde hace más de un mes, la dupla Macri-IMC conocía la
intención del Gobierno de aprobar la operación, aunque en
forma condicionada. Justamente, esos condicionamientos habrían
desalentado el proyecto de conformar la gran empresa que seguramente alguna
vez soñó el desaparecido Supercartero Alfredo Yabrán.
Según fuentes empresarias, Economía pretendía una
especie de desdoblamiento que fragmentara en dos empresas sus actuales
operaciones y, al mismo tiempo, aspiraba a que el Correo Argentino separase
de su negocio el clearing en el que su eventual socia es muy fuerte.
Pero un OK condicionado, según evaluó públicamente
ayer Winograd, fue descartado, ya que requeriría “controles
excesivamente severos” sobre el comportamiento de los socios.
Antes, Navarro ofreció pagar por anticipado el canon de 103 millones
de pesos por cada año de los 30 que dura la concesión, pero
Economía no lo aceptó.
Incluso antes de requerir la autorización del Estado para fusionarse,
el Exxel desembarcó en el Correo con una troupe de técnicos,
algunos con puestos gerenciales, dispuestos a tomar el control del Palacio
de Comunicaciones. Son los mismos que pocas semanas atrás emprendieron
la retirada. Hace no menos de cuarenta días que aquella asociación
comenzó a vislumbrarse imposible, al punto que los gremios del
sector ya habían sido convocados para ser informados sobre la maniobra
trunca.
Según la empresa privatizada, sus potenciales socios se vieron
desalentados por los presuntos condicionamientos a la fusión tanto
como por las condiciones actuales y futuras para operar en el mercado,
supuestamente desventajosas para la sociedad que hoy integran Macri y
el Banco de Galicia. El Correo ya acudió a la Justicia para eludir
el pago del canon (debe varios semestres), con el argumento de que el
Estado debe compensarlo por diversos conceptos, entre ellos, por tener
un régimen laboral más oneroso que sus competidores. Quizás
sea apenas el primer capítulo de su estrategia para eliminar definitivamente
esa obligación del contrato de concesión.
LOS
PLANES DEL GRUPO MACRI
La pelea del marco postal
Al menos por ahora, el grupo
Macri asegura que no abandonará el Correo Argentino. Sus esfuerzos
más bien están orientados a fortalecer el negocio consiguiendo,
tal vez, un nuevo socio, pero seguramente condiciones más ventajosas
para la explotación. Esto supone, además de una renegociación
contractual, presionar al Gobierno para que no sostenga su actual proyecto
de marco postal.
Con el aval de los cuatro sindicatos del sector, el adjudicatario sostiene
que esa propuesta de Economía favorece abiertamente la competencia,
a la que se le imponen condiciones muy laxas para ingresar en el negocio.
Meses atrás, despertó gran polémica un proyecto de
marco regulatorio oficial que disponía exactamente lo contrario,
ya que limitaba el acceso al mercado a las empresas grandes y medianas.
Según la última versión del marco postal, cualquier
firma que ingrese al mercado tiene que pagar un canon de 4000 pesos anuales
y una modesta garantía de 50 mil pesos. Estos requisitos serían
excesivamente benévolos para los competidores del Correo, obligado
por contrato a una garantía de 50 millones y a un canon anual de
103.
Pero el grupo adjudicatario –Macri (69 por ciento), Banco Galicia
(27,87), Programa de Propiedad Participada (14 por ciento)– también
recrimina al Gobierno no respetar algunas prerrogativas consagradas por
pliego. Entre ellas, la de explotar en forma exclusiva las comunicación
fehaciente o fedataria (cartas documentos) o la de filatelia. Esto último
supone sancionar a todas las competidoras que emiten estampillas sin estar
legalmente habilitadas, algo que hacen sistemáticamente las firmas
postales más fuertes del mercado.
Mientras estos temas están en la mesa de negociación o en
los tribunales, según los casos, el correo privatizado avanza como
puede. Tras la amenaza de expulsar a 3.500 trabajadores, consiguió
homologar en el ministerio de Trabajo un acuerdo que cuenta con el aval
de la AFIP para recortar la porción remunerativa de los sueldos.
Este retoque le permitió ahorrar 2 millones por mes en aportes
patronales.
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