Por Alejandra Dandan

Los dueños de los casinos clandestinos allanados en setiembre del `99 en Puerto Madero reconocieron ayer que organizaban y explotaban el negocio. Fue en la primera jornada del juicio oral que intenta determinar nombres, identidades y responsabilidades de quienes manejaban los tres casinos montados en Alicia Moreau de Justo. Pero la confesión de los acusados no tuvo el efecto que esperaban: el juez se negó a abreviar el proceso e intentará probar con el correr de los doscientos testigos previstos para los próximos días, que los tres locales funcionaban, en realidad, con una única conducción, la de José Barmaimon. De conseguirlo, el magistrado no sólo dispondría la prisión de treinta días prevista como máximo por el Código Contravencional. La causa podría dividirse y pasar, además, al fuero criminal donde la imputación podría ser la de asociación ilícita.
El proceso contra José Barmaimon comenzó con una denuncia, el 2 de setiembre del `99. El consorcio de Alicia Moreau de Justo 1050 pedía una investigación por ruidos molestos denunciados por los vecinos. Entre la lista de propietarios estaba Barmaimon, el mismo nombre que aparecía días después impreso en un volante que un agente de seguridad encontró a unas cuadras de ahí. El volante promocionaba un casino privado en el 740 de la misma avenida del puerto. Y con eso se inició la investigación formal que descubrió no sólo un casino sino tres.
Hoy Barmaimon sostuvo que nunca jamás imprimió esos volantes: “Yo jamás en la vida voy a hacer un papel así y encima poner mis teléfonos”. Tres de los cuatro teléfonos impresos en el volante eran suyos. Según dijo, su casino no era una sala pública sino un lugar “para amigos y conocidos: a todos los que venían los conocía y hasta venían sin dinero a pasar un buen rato”.
Este detalle fue importante por dos motivos. El primero es que Barmaimon intenta demostrar que los volantes, origen de la causa, fueron inventados. “Me los pusieron porque querían tapar otra cosa”, dijo, y consultado por este diario repitió: “Hicieron saltar estos casinos que no eran los únicos para tapar lo de LAPA o por lo del barco que se iba a instalar”.
El otro tema es estratégico. La defensa necesita probar que los tres casinos funcionaban sin estructura montada detrás y que no tenían relación entre sí. Con esto lograrían que la causa se juzgue y termine como una contravención cuyas penas máximas no pasan de los treinta días de arresto y 15 mil dólares de multa, además de cinco años de inhibición para el juego.
Con José Barmaimon están siendo juzgados su hijo Ariel, Julio Mardirola y Carlos Barsavsky. Ariel es titular del contrato de alquiler del local del 740 y 750 donde Barmaimon padre tenía las salas. Los otros eran inquilinos a una cuadra de distancia. Mardirola es un ingeniero que, dijo, intentó montar un estudio en Puerto Madero y terminó seducido por un amigo para poner la sala. Barsavsky, en cambio, dueño de un taxi, pasó del entusiasmo por los caballos de carrera a comprar las máquinas “por el diario” que puso en el departamento contiguo al ingeniero: en el 2º piso de Alicia Moreau de Justo 846.
En todas las salas se encontraron cheques en blanco firmados y pagarés, documentación a partir de la cual los fiscales correccionales que dieron los primeros pasos de la investigación habían pedido el pase de la causa al fuero criminal. Para ellos había elementos suficientes que involucrarían a Barmaimon como integrante de una asociación ilícita. Pero aquel pedido no fue aceptado por la Cámara y la causa completa pasó el año pasado al fuero porteño. En la Capital se había sancionado la ley 255 de juego ilegal y la defensa de Barmaimon pidió el beneficio de la ley más benéfica. Si esto no hubiese sucedido, Barmaimon estaría aún rezando para evitar la condena a 21 años de prisión prevista por el Código Penal.
Ahora, en este contexto, el fiscal Martín Lapadú a cargo de la instrucción de la causa llegó al juicio oral pidiendo el máximo de las penas para todos los imputados, excepto para Ariel. En lugar de treintadías, pidió para él veinte. Este pedido se modificaría si los imputados reconocían en la audiencia sus culpas: si confesaban, Lapadú estaba dispuesto a bajar “sensiblemente” la condena pedida. Tanto la defensa como el fiscal creían que con esta especie de acuerdo el juicio estaría cerrado. Por eso cuando terminaron las declaraciones apelaron al artículo 408 del Código Procesal Penal para evitar la rueda de 200 testigos porque, reconocidos los hechos, estaban dispuestos a “desistir de toda prueba”. Pero nada de eso sucedió. El juez Vázquez no dio lugar al pedido y comenzó con los testimonios que prometen un largo proceso. Con los testigos buscaría pruebas sobre la organización. Entre ellos, se llamará a dar testimonio hasta a los dueños del Casino Buenos Aires.

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