Por Alfredo Zaiat

Un colaborador se lo comentó cuando escuchó quiénes integrarán el equipo que ha de acompañar a Ricardo López Murphy. Carlos Winograd se mostró sorprendido. Al otro día, el secretario de Defensa de la Competencia le expuso con prudencia esa inquietud al futuro secretario de Hacienda, Daniel Artana, quien se comprometió a transmitir el asunto al flamante ministro de Economía. Su nuevo jefe todavía no dijo nada. La preocupación de Winograd y su gente no era despreciable. En el área a su cargo se está investigando uno de los principales casos de prácticas oligopólicas y de cartelización de mercado ejercido por empresas líderes en Argentina. Y aquí viene el problema para López Murphy. Una de las compañías bajo sospecha es Loma Negra, de Amalita Lacroze de Fortabat, cuyo vicepresidente ejecutivo es, hasta la jura de mañana a las 11 como secretario de la Producción, Víctor Savanti. Loma Negra es también una de las empresas que patrocina a FIEL. La cuestión es todavía un poco más compleja para el ministro, puesto que el designado titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Santiago Urbiztondo, será quien tendrá que continuar con esa investigación. Urbiztondo es uno de los principales economistas de FIEL, y Savanti, además de ejecutivo de Loma Negra, es vicepresidente del Consejo Directivo de esa Fundación.
Hace menos de dos años esa comisión, que en ese momento dependía del secretario de Industria, por entonces Alieto Guadagni, inició esa investigación cuando ni Savanti ni Urbiztondo pensaban que iban a participar juntos en un equipo económico de López Murphy. A partir de una denuncia realizada por un importante ejecutivo de Loma Negra, las autoridades de control empezaron a analizar la existencia de un pacto secreto entre la empresa de Fortabat y las otras cementeras para definir los precios del principal insumo de la construcción. En ese acuerdo también se establece la participación de mercado que tiene cada una de las compañías. O sea, cuánto venderán y a qué precios. Se trata de un mercado que factura poco más de 1000 millones de dólares anuales, y las firmas en conjunto obtienen ganancias superiores a los 100 millones de dólares.
Savanti no podía desconocer esas prácticas que los libros de economía denominan cartelización, que tienen como objetivo encarecer el producto generando ganancias extraordinarias para las empresas a costa de los consumidores, además de impedir el ingreso de nuevos competidores al mercado. Como se sabe, esas prácticas están penadas por ley, la de Defensa de la Competencia, conocida como Ley Antimonopolios, que prevé sanciones con multas millonarias y prisión de hasta seis años a los directores y gerentes de empresas que hagan “acuerdos con competidores para distribuirse mercados, zonas o clientelas”.
El ejecutivo de Loma Negra que levantó la tapa de esa olla era uno de los participantes de la Mesa de Acuerdos de las cementeras. Se convirtió en un arrepentido luego de abandonar la empresa. Escribió un libro, documentado con innumerables minutas, actas de reuniones y memoranda increíbles de ese pacto de las cementeras, ejemplar que llegó a las manos de Savanti. Este le envió una carta documento, contó el arrepentido, recordándole el acuerdo de confidencialidad que le impedía difundir secretos de la firma de Fortabat, revelados en documentos copiados y archivados por años por el ejecutivo. Entonces, el informante dejó trascender el pacto para luego desaparecer al sufrir intimidaciones y amenazas.
La Comisión de Defensa de la Competencia inició la investigación de oficio instruyendo varios allanamientos en las cementeras y también en el Instituto de Cemento Portland Argentino, una de las sedes de la Mesa de Acuerdos. En la documentación a la que accedió en parte Página/12 y que está en poder de esa repartición pública que quedará ahora bajo el mando del hombre FIEL Urbiztondo, se destaca la que se firmó a fines de julio de1981, que aparece como el acta fundacional del pacto de las cementeras para manejar el mercado a su antojo. El acta muestra que las cinco compañías originales se habrían puesto de acuerdo en la forma de repartirse el mercado de cemento: 48,65 por ciento de las ventas para Loma Negra; 15,40 para Corcemar; 14,90 para Minetti; 10,65 para Cía. Argentina de Cemento Portland (luego Cemento San Martín) y 10,40 por ciento para Cemento Avellaneda. Esos porcentajes se mantuvieron en los papeles sin variantes hasta que el 24 de abril de 1991, según consta en una de las actas que posee la Comisión, se fijaron nuevos porcentajes de distribución, incorporando al pacto a Petroquímica Comodoro Rivadavia. Esta empresa se resistió al principio a participar, pero la “presión” ejercida por las otras firmas sobre su área de influencia (la Patagonia) habría terminado por doblegarla.
Además de la distribución de cuotas de mercado y de fijación de precios, la Comisión que manejará Urbiztondo posee documentación que delata que las cementeras acordaban presentaciones de ofertas con sobreprecios en las licitaciones públicas, turnándose en las adjudicaciones. La investigación también avanzó sobre la importación de cemento, que por las características del producto sólo puede ser rentable traerlo desde Uruguay o desde la frontera de Brasil. Siempre según la denuncia, en la Mesa de Acuerdos se definió que Corcemar se quedaría con la importación desde Brasil y Cemento Avellaneda con la de Uruguay, decidiendo en una reunión del 22 de mayo de 1997 incluir el cemento importado dentro de las cuotas de reparto establecidas para cada una de las firmas y pactando que el precio sería igual al cemento nacional.
La primera reacción de los hombres de FIEL fue la de sostener que lo que está investigando la comisión es el comportamiento de empresas y no a las personas. El único detalle no incluido en ese argumento es que Loma Negra es la líder del mercado investigado por prácticas de cartelización, acuerdos que están penados por ley. Y, no menos importante, que Savanti ha sido vicepresidente de Loma Negra por más de ocho años, período en el que se desarrolló ese pacto del cemento.
Esa incómoda situación de Savanti no es desconocida en el Gobierno. José Luis Machinea lo tenía como principal candidato a ocupar la titularidad de la AFIP. Machinea tiene una estrecha relación de amistad con Savanti, quien fue uno de los principales aportantes de FADE, fundación en la que trabajó durante casi dos años el ahora ex equipo económico antes de saltar al Palacio de Hacienda. Pese a ese cercano vínculo, Machinea, finalmente, descartó la candidatura de Savanti.

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