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Por Miguel Bonasso
 La información parece
absurda, pero viene avalada por una fuente seria que tiene vínculos
con la inteligencia norteamericana: la CIA analiza seriamente la posibilidad
de levantar su estación en la Argentina, a raíz del grave
conflicto con la SIDE que se generó tras la publicación
por parte de Página/12 de la foto de Ross Newland, el todavía
station chief en Buenos Aires. Inicialmente, la “Compañía”
había decidido sacar al señor Newland del país en
el presente mes de marzo, pero ahora evalúa dar un paso mucho más
grave y levantar su estructura local antes de fin de año, trasladándola,
probablemente, a Montevideo. Los norteamericanos están convencidos
de que la foto publicada por este diario fue suministrada por la central
de los espías argentinos y no se han calmado con las explicaciones
que el actual Señor Cinco –Carlos Becerra– fue a ofrecerles
al cuartel general en Langley, Virginia. La alarma y las críticas
hacia la Secretaría de Inteligencia del Estado se han hecho extensivas
a otros servicios occidentales que consideran a la central argentina como
un “queso gruyère”. El conflicto –que tiene muy
alarmados a los espías criollos– puede sumarse a otros embates
potenciales contra la secretaría, como la investigación
que lleva el juez Gabriel Cavallo por el caso de los sobornos en el Senado
y que podría acabar con la misma SIDE, tal como se la conoce.
Mezcla extraña de
Le Carré y Vaccarezza
Esta insólita derivación político-diplomática
de una primicia periodística no tiene antecedentes mundiales: nunca
se había publicado en ningún lugar de la Tierra la foto
de un jefe de estación y nunca la CIA levantó su delegación
en ningún país. Paradójicamente, además, la
bronca con los “gringos” estalló con hombres que aman
y admiran a Estados Unidos y sus instituciones. Tal es el caso, sin duda,
del ex Señor Cinco, Fernando de Santibañes (que inició
el conflicto), y de su segundo, Darío Richarte, un Sushi Boy que
sigue en funciones con el radical nosiglista Carlos Becerra, actual capo
de 25 de Mayo.
El 7 de enero último este cronista contó la historia secreta
de esa pelea entre Fernando de Santibañes y el Station Chief Ross
Newland, que había comenzado a develarse varios meses antes en
una nota de La Nación firmada por Gabriel Pasquini. Pero la publicación
de Página/12 incluía un agregado estratégico y explosivo:
junto al texto que revelaba hasta los gustos futbolísticos y gastronómicos
del jefe de los espías norteamericanos en la Argentina iba la gran
primicia, la foto de Ross Newland. Un hombre sonriente, de bigotes, de
apariencia amigable e inofensiva.
Aunque la foto fue editada en tamaño reducido, el revuelo entre
bambalinas fue fenomenal. “La Embajada” montó en cólera
y sus voceros oficiosos hablaron genéricamente de “violación
de las reglas del juego”.
Como no había ningún juego pactado con este cronista ni
con Página/12 es evidente que aludían a quienes consideraban
los autores de la “violación”: ciertos hombres de la
SIDE. Esto motivó que elevaran una severísima queja al Gobierno
y que en la Rosada hubiera una reunión de urgencia, al máximo
nivel, en esos días. Una nueva nota de Página/12, publicada
el domingo 14 de enero último, revelaba nuevos detalles de una
historia que parece una extraña mezcla entre el novelista de los
espías John Le Carré y el fundador del sainete conventillero,
don Alberto Vaccarezza.
El gobierno norteamericano ordenó que Newland abandonara la Argentina
en marzo y –temiendo seriamente por su seguridad– lo puso bajo
la custodia de recios expertos. Para el jefe de los espías se acababan
las escapadas a la cancha de Boca y al Freddo de avenida Libertador. El
politólogo que había hecho muy buenas amigas con el Señor
Cinco del menemismo, Hugo Anzorreguy, sentía que una parte muy
sabrosa de su vida se iba al diablo y que se cernían nubarrones
sobre sus aspiraciones de llegar a ser el jefe de Reunión de Información
de toda el área latinoamericana, allí en los headquarters
de Langley, Virginia.
Las disculpas de Becerra
El sucesor de Santibañes, Carlos Becerra, fue a ver a Newland
para pedirle disculpas en nombre del Gobierno y alcanzarle un informe
donde presuntamente se “esclarecía” quién le había
dado la foto a este cronista.
El informe de marras había sido redactado por el ex juez Pablo
Belisario Bruno. El ex magistrado ingresó a la central de los espías
en tiempos de Hugo Anzorreguy, tras haber sido acusado por el Consejo
de la Magistratura y un juez de instrucción de apañar torturas
policiales a detenidos bajo su jurisdicción. Es el mismo Bruno
a quien este diario “escrachó” junto a Anzorreguy y Enrique
“Coti” Nosiglia en amable tertulia de adversarios en la confitería
La Biela.
Un gélido Ross Newland leyó el informe de Bruno y se lo
devolvió sin disimular su disgusto al atribulado Becerra. Luego
tomó una carpeta de su escritorio y se la extendió al Señor
Cinco.
–Esta es la investigación que hicimos nosotros –dijo
secamente Newland. Y agregó:
–Aquí está la verdad de lo que pasó. La foto
salió de la SIDE.
Becerra, muy preocupado, viajó a Langley para hablar con los jefes
de Newland. Allí –según nuestra fuente– se habría
encontrado con otro bloque de hielo seco: “No tenía que haber
venido hasta aquí. No tenemos nada que hablar con usted. Esto lo
tiene que tratar con nuestro jefe de estación”.
Este diario no tuvo acceso al informe que Newland le dio a Becerra, pero
pudo saber lo que decía en términos generales, tanto por
la fuente que tiene vínculos con la embajada norteamericana como
por hombres relacionados con el espionaje local. Naturalmente no diremos
qué partes de la información son correctas o incorrectas
por una razón muy sencilla: es norma de hierro de este diario y
de este cronista no identificar a las fuentes que hablan bajo el paraguas
del off the record.
La casa de la calle Estados
Unidos
Pero sí es posible e ilustrativo para nuestros lectores saber
hacia dónde apuntan sus cañones los hombres de la Compañía.
Según fuentes de la inteligencia norteamericana, la manzana podrida
de donde habría salido el gusano de la foto sería la famosa
división de Contrainteligencia. Conocida a secas como “85”
en la jerga de los servicios de informaciones. Esta unidad, con base en
un local de la calle Estados Unidos, está dirigida por el mayor
retirado del arma de Ingenieros del Ejército, Alejandro Brousson
(alias Alejandro Busquet). Un ex carapintada que en tiempos de Anzorreguy
organizó el secuestro de Enrique Gorriarán Merlo en la localidad
mexicana de Tepoztlán.
Para los norteamericanos, el pasado “carapintada” y por ende
presuntamente nacionalista de Brousson lo convertiría en una suerte
de “Vladimiro Montesinos” argentino que se valdría para
“aprietes” y extorsiones varias de los videos filmados por un
gran cineasta de las catacumbas: el señor Jaime Stiuso (alias “Stiles”),
vinculado por algunas fuentes a las grabaciones en el burdel para gays
al que acudía el juez con licencia Norberto Oyarbide. La CIA cree,
directamente, que de la casa de la calle Estados Unidos han salido los
presuntos sobornos para los senadores y todas las “operaciones”
más oscuras del último decenio entre las que incluyen coimas
a jueces, políticos y periodistas y extorsiones a importantes personalidades
de la vida política argentina, incluyendo a los propios hijos del
presidente De la Rúa.
En “85”, destacan los espías del Norte, Brousson cuenta
con una sombra tenebrosa: un suboficial de apellido Campos, conocido en
el inframundo de los services como “Campitos”. Según
la fuente de esta nota, “Campitos” sería un criminal
que en tiempos de la represión clandestina actuó en el 601.
El manejaría los operativos sensibles y de ganancia personal del
“Montesinos” local. Y habría sido, según el enfoque
de la CIA, el hombre que nos dio la foto de Ross Newland.
Es cómico (y éste es el costado Vaccarezza de la cuestión)
que Campitos y el propio Brousson hayan transpirado mucho en los últimos
días bajo el índice acusador de la CIA, que puede costarles
de una vez el puesto, el status y los negocios que se derivarían
de su posición en Contrainteligencia. Ambos habrían jurado
y perjurado que ellos no le pasaron a este cronista ninguna foto. Que
ni siquiera conocen al autor de esta nota. Por las razones antedichas,
nada se aclarará por esta vía. Que lo averigüen unos
y otros, que para eso les pagan.
La vieja dama indigna
Más trascendente que los apurones de los ex represores vinculados
a los sótanos del Estado es el destino de esa SIDE que les ha dado
de comer a ellos y a otros personajes tan o más siniestros, mientras
se le retaceaban los haberes a jubilados y empleados del Estado. La SIDE,
creada tal como es durante la dictadura del general Pedro Aramburu, hace
agua por varios lados. No sólo la CIA, también los servicios
alemanes e israelíes consideran a la central de la calle 25 de
Mayo como “un queso gruyère” por cuyos redondos agujeros
fluyen todos los secretos.
Durante los diez años en que la central estuvo conducida por el
ex abogado laboralista Hugo Anzorreguy gastó más de dos
mil millones de dólares de manera absolutamente discrecional, aumentando
patrimonios y comprando voluntades. Durante esa década, el Señor
Cinco tuvo la astucia de cultivar excelentes relaciones con la CIA, que
llegó a condecorarlo.
Sin embargo, como el pasado tiene la incómoda propiedad del regreso,
Anzorreguy ha sido acusado por el abogado Ricardo Monner Sans de haber
firmado un acta secreta por la que se desviaban fondos, y por el fiscal
Guillermo Montenegro de haber financiado al asesinado de Cariló,
Mariano Perel, para que investigara la oficina de Luis Moreno Ocampo.
Este señalamiento, que determinó un reciente allanamiento
de la SIDE, ordenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, surge de un
documento de 50 carillas, escrito por el propio Perel. Anzorreguy lo desmintió,
pero Moreno Ocampo se presentó ante la Justicia para exigir que
se averiguara si alguien simuló investigarlo y en realidad “malversó”
el dinero destinado a espiarlo. El fiscal Maximiliano Rusconi, titular
de la Unidad Fiscal de Investigaciones, sospecha también que el
Señor Cinco pudo haberle pagado a Perel para investigar a Moreno
Ocampo.
Es curioso: Washington, que veía bien a la SIDE de los generales
Aramburu y Cuaranta, a pesar de que ya era un reservorio del crimen como
lo probó Rodolfo Walsh con su magistral investigación “El
caso Sanatowsky”, ahora piensa que habría que deshacerse de
ella. Más útil, mejor conceptuada estaría, en cambio,
la Dirección de Lucha Antiterrorismo y Delitos Trasnacionales de
la Policía Federal que conduce el comisario Jorge “el Fino”
Palacios, a quien los espías del Norte consideran digno de esa
confianza que perdieron las huestes que comandan Darío Richarte
y Carlos Becerra.
Un elefante en el bazar
Además del juicio lapidario de sus colegas desarrollados, los
hombre de 25 de Mayo deben soportar por lo menos cuatro causas judiciales
iniciadas por maniobras oscuras y flagrantes torpezas del banquero Fernando
de Santibañes, gran amigo del presidente Fernando de la Rúa
y del Grupo Sushi, uno de cuyos connotados miembros –Darío
Richarte– sigue como número 2 de la secretaría. Y,
dicen, como protector de ese mayor Brousson que los norteamericanos emparientan
con Vladimiro Montesinos, el temible asesor de Alberto Fujimori.
Las investigaciones que vincularon a la SIDE con los presuntos sobornos
del Senado se iniciaron el año pasado con un informe de la Sigen,
en el cual se afirmaba que la secretaría desviaba dinero (casi
23 millones de dólares) a cuentas bancarias que no tenían
control de saldo. A partir de allí, con el celo de los fiscales
Eduardo Freiler y Federico Delgado y la bonhomía del renunciante
juez federal Carlos Liporaci se inició la causa por las posibles
gratificaciones a senadores, que ahora lleva a cabo el juez Gabriel Cavallo.
El mismo que acaba de declarar inconstitucionales a las leyes de obediencia
debida y punto final. A esta causa principal, cabe sumar la denuncia del
abogado radical Juan Carlos Iglesias contra De Santibañes por malversación
de fondos públicos agravada. También la investigación
judicial que incrimina al banquero por haberle pagado con fondos de la
SIDE al experto yanqui Dick Morris a fin de que mejorase la imagen de
Fernando de la Rúa en el exterior. Este contrato fue denunciado
como fraudulento por una ex socia norteamericana de Morris, Mattie Lolivar.
Tanto la causa originada en la denuncia de Iglesias, como la que nace
del testimonio de la señora Lolivar, están radicadas en
el juzgado federal de Jorge Urso.
Finalmente cabe agregar a estas causas en trámite la denuncia que
De Santibañes radicó contra Rafael Bielsa, el titular de
la Sigen, por presunta violación de los secretos que protegen el
accionar de la SIDE. A esta querella, Bielsa respondió con una
denuncia contra De Santibañes por malversación.
Los “treinta palos”
fatales
La actuación del banquero amigo del Presidente –que estuvo
menos de un año en funciones– dejó la convicción
en la opinión pública de que los tiempos de la corrupción
estaban lejos de haberse ido. Además de las denuncias judiciales
citadas, De Santibañes aparece directamente conectado a uno de
los episodios más oscuros de la era delarruista: la asignación,
mediante decreto “reservado”, de una partida presupuestaria
adicional de 30 millones de pesos que, para los fiscales Freiler y Delgado,
habrían sido –precisamente– los que financiaron los sobornos
del Senado. Aunque no lo fueran, bastaron para que Rodolfo Terragno (opuesto
a la reasignación por vía “reservada”) se negara
a firmar el decreto correspondiente y dejara de ser jefe del Gabinete
de ministros en el “putsch” antialiancista del 5 de octubre
último.
Desde que ese secreto de Estado fuera revelado en estas mismas páginas,
el tema de “los treinta palos” se ha instalado como una sombra
onerosa no solamente sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado,
sino también sobre la cumbre del gobierno a la que esta secretaría
–donde no suele primar la inteligencia– reporta en forma directa.
Hoy Gabriel Cavallo, el mismo juez que se atrevió a declarar inconstitucionales
las leyes del olvido, avanza con la diligencia requerida por los fiscales,
hacia la investigación del posible recorrido seguido por esos “treinta
palos”. Y en esa investigación puede acabar con la SIDE tal
como se la conoce hasta ahora: como esa vieja dama indigna quefundó
la llamada “Revolución Libertadora” y pobló, desde
sus inicios, con delincuentes militares y civiles, como el asesino de
Marcos Satanowsky, el agente Américo Pérez Gris.
La pena es que deba ser un conflicto con la CIA –que apañó
o perpetró tantos crímenes en los últimos sesenta
años– la que lleve a la secretaría a su mínima
expresión: unos ciento cincuenta agentes que deberán revalidar
títulos con cursos especiales en la Escuela de Inteligencia.
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