|
Por
Cledis Candelaresi
 En
un extenso documento que analiza la perspectiva de la economía
argentina post-blindaje, el Fondo Monetario Internacional objeta el desempeño
fiscal de la provincia de Buenos Aires y recomienda al Gobierno central
arbitrar los medios para obligarla a realizar un drástico ajuste.
“Es conveniente pedirle a Buenos Aires que haga un gran esfuerzo
para contener su gasto, que se ha incrementado en los últimos años”,
es una de las varias instrucciones impartidas por el staff del FMI. La
crítica visión del organismo presidido por Horst Koehler
hurga en la herida que abrieron en el equipo de Carlos Ruckauf un reciente
artículo de Business Week y un informe de Standard & Poor’s,
en los que también se alerta sobre el riesgo de que la provincia
más grande del país estalle asfixiada por su alta deuda
y gasto crecientes.
El análisis fondomonetarista fue elevado al Executive Board a mediados
de diciembre y actualizado en la primera semana de enero, y tuvo por objeto
revisar las metas macroeconómicas que la Argentina se había
comprometido a cumplir frente a ese organismo. El tono general del documento
es de aval a las políticas instrumentadas por el gobierno de Fernando
de la Rúa y al multimillonario auxilio financiero conseguido por
la administración delarruista. Pero los técnicos dirigidos
por Claudio Loser y Jesús Seade también advierten sobre
algunos riesgos que subsistirán en la economía argentina,
aun después de haber obtenido el blindaje.
Una de la principales amenazas divisadas por el FMI es el desborde del
gasto provincial, en particular de Buenos Aires. Los analistas del Fondo
alaban el pacto fiscal, por el cual el Gobierno central intenta comprometer
al interior en un plan de ajuste, pero condicionan expresamente el éxito
de esta iniciativa a que el Estado gobernado por Ruckauf haga una racionalización
drástica. Se trata de una de las tres explícitas alusiones
a la economía bonaerense contenidas en el trabajo, y que a continuación
se sintetizan:
u Buenos Aires no hizo el ajuste que sí están intentando
otras administraciones del interior. A los ojos del Fondo, la situación
global de las provincias mejoró, ya que su déficit consolidado
declinó del 1,6 por ciento del PBI en 1999 al 1,2 por ciento en
el 2000, y podría retroceder al 1 por ciento en el año en
curso. “La reducción del déficit fue realizada por
las diez pequeñas y altamente endeudadas provincias... El progreso
en la consolidación fiscal también fue realizado por las
más grandes, con excepción de la provincia de Buenos Aires,
cuyo déficit pasó de representar el 46 por ciento en 1999
al 57 por ciento” de la brecha fiscal consolidada, acusa el staff
en la página 9 de ese trabajo.
u Buenos Aires fue empeorando su situación financiera y enfrentará
serios problemas para conseguir recursos en el mercado. El informe también
describe un cuadro financiero crítico a enfrentar por el ministro
de Economía, Jorge Sar-ghini, recordando que la provincia “fue
una de las que disfrutó del acceso al mercado internacional en
la primera mitad del 2000, pero eso le fue denegado en la última
parte del año, lo que subraya la necesidad de un significativo
ajuste fiscal”, insiste el FMI. A juicio de la entidad multilateral,
la gestión de Ruckauf debe resolver el dilema de haber malogrado
la posibilidad de conseguir préstamos del exterior, en el momento
que más necesita de esa asistencia crediticia. “Debido a la
creciente necesidad de financiamiento, que superará los 2 mil millones
en el año 2001, y a una baja de calificación en su deuda,
es probable que Buenos Aires tenga que enfrentar una fuerte disciplina
de mercado”, advierte el documento. En otros términos, Buenos
Aires no podrá conseguir nuevos préstamos o éstos
le resultarán excesivamente caros.
u Buenos Aires debe hacer su ajuste, forzada por la Nación, el
BID y el Banco Mundial. El propio FMI admite que, para que el blindaje
sea realmente eficaz, el Gobierno debe recuperar la confianza interna
y externa y recomienda para ello que “el Gobierno utilice todos los
medios a su alcance para racionalizar el gasto”. Pero esta consigna
general es también extensiva a las provincias, en particular a
la más rica y poblada.
“La estricta adherencia de las provincias, en particular la de Buenos
Aires, a los compromisos asumidos bajo el pacto fiscal será esencial
para consolidar el déficit público”, alerta el documento.
Esa “estricta adherencia” de Buenos Aires –continúan
los técnicos– podría ser promovida por las restricciones
del mercado, “una firme negativa del Gobierno central a brindarle
cualquier tipo de ayuda, y un fuerte condicionamiento en los préstamos
del BID y del Banco Mundial”.
Por efecto de esa presión combinada, el gobernador justicialista
se vería jaqueado y no podría ni soñar con un eventual
incremento del gasto público en este año electoral. Si el
pronóstico del Fondo es certero y sus propuestas tomadas a pie
juntillas, Buenos Aires no conseguirá un peso de préstamo
de ningún banco ni del Tesoro, salvo que sea para financiar despidos
o una reestructuración del plantel público.
Las recomendaciones del FMI amagan caer en terreno fértil. El secretario
de Hacienda y hombre fuerte del equipo, Daniel Artana, es uno de los máximos
defensores de aplicar un ajuste a rajatabla en las provincias. Su convicción
tiene el respaldo académico de la Fundación de Investigaciones
Latinoamericanas, actual usina de funcionarios de Economía.
|
Por
Alfredo Bravo, Héctor Polino, Jorge
Rivas y Oscar González*
Carta
Abierta al Presidente De la Rúa
|
|
Señor
Presidente:
Distraemos parte del tiempo que usted destina a meditar sobre sus
decisiones de gobierno para hacerle llegar nuestras inquietudes
sobre la situación del mercado. Claro está que, como
diputados socialistas formados en la lucha por la justicia social
y los derechos humanos, no nos referiremos a ese mercado susceptible
que reacciona histéricamente cada vez que cree ver amenazadas
sus insostenibles prebendas, sino al mercado sufrido: ese que conforman
cada vez menos hombres y mujeres y que a él concurren en
condición de productores y consumidores.
En octubre de 1999, la ciudadanía hizo suya la propuesta
de la Alianza y lo eligió a usted como Presidente de la Nación.
A poco de asumir, usted comenzó a tomar medidas que lo alejaban
cada vez más del contrato político que los aliancistas
habíamos suscripto con la sociedad. Por eso, los diputados
socialistas decidimos apartarnos de la coalición que con
tantas expectativas y esfuerzos habíamos contribuido a construir.
En sus quince meses de gestión, usted arrió las banderas
aliancistas y sólo ofreció como respuesta a las demandas
populares un pálido intento por reactivar la economía
a través del anunciado pero nunca concretado Plan de Infraestructura
que generaría un mínimo aunque no despreciable número
de puestos de trabajo.
Ahora, usted acaba de designar una nueva conducción económica
encabezada por Ricardo López Murphy, cuyas metas no sólo
son ajenas a las iniciales propuestas aliancistas, sino antagónicas
con el pensamiento de las mayorías radicales y frepasistas
y –por supuesto– con el del socialismo en su conjunto.
Es de su conocimiento que la política de exclusión
social aplicada durante los 90 expulsó del mercado interno
a millones de trabajadores y a sus respectivas familias; que estas
expulsiones disminuyeron la demanda; que la restricción de
la demanda generó un sobrante de productores devenidos en
nuevos expulsados que generaron más recesión.
No deberíamos recordarle lo que usted sabe. Pero nos vemos
obligados a hacerlo tras su decisión de designar en la conducción
económica a activos militantes de la ortodoxia neoliberal
que, con prisa pero sin pausa, se han dedicado a destruir el andamiaje
productivo de nuestro país y su mercado interno desde que
el luctuoso 2 de abril de 1976 asumiera como ministro de la dictadura
el tristemente célebre José Alfredo Martínez
de Hoz.
Por eso, la etapa económica que se inicia se parece a una
remake del terrorífico film El regreso de los muertos vivos,
cuyo guión ignora las urgencias de la economía real
y adjudica a las primeras figuras el rol de aniquiladores de la
producción y el consumo.
En esta línea argumental, la nueva versión del film
se inicia con la desjerarquización de las Secretarías
de Industria y de Agricultura, Ganadería y Pesca, en adelante
subsumidas en una Secretaría de la Producción a cargo
de Víctor Savanti, un representante de la economía
concentrada, aquella cuya suerte está al margen del destino
del mercado interno y que, por lo tanto, se desentiende de él.
Mientras tanto, Daniel Artana se apresta desde la Secretaría
de Hacienda, a lograr el equilibrio fiscal; es decir, a conseguir
que el Estado gaste sólo lo que recauda o menos aún.
La consigna es añeja y le recordará a usted, Señor
Presidente, sus años de joven colaborador del gobierno de
Arturo Illia. Por entonces, quienes luego lo derrocarían,
le reclamaban a su ilustre predecesor que disminuyera el gasto público.
El gobierno de facto surgido del golpe de 1966 se propuso ese objetivo
y, para lograrlo, dispuso –entre otras cosas– cerrar ramales
y talleres ferroviarios. La medida sólo sirvió para
afectar a economías que se desarrollaban a la vera de las
vías del tren y,con ello, comenzó a revertir el proceso
de crecimiento que hasta entonces se verificaba en el mercado interno.
Desde aquellas épocas, los argentinos conocemos los logros
de los equilibradores fiscales que como Artana mezquinan recursos
estatales que el desarrollo económico requiere (¿Chau,
Plan de Infraestructura?), al tiempo que intentan recaudar más
gravando el consumo popular (ya trascendió la iniciativa
de extender el IVA a actividades aún no gravadas) y, por
ende, reduciendo el poder adquisitivo de los más humildes
y apartándolos del mercado.
El tercer rol estelar de la nueva película está reservado
para Manuel Solanet, quien casualmente se iniciara en la función
pública como asistente del ministro del onganiato Adalbert
Kriegqer Vasena; es decir, poco después que el joven De la
Rúa abandonara su escritorio de Balcarce 50 obligado por
la asonada militar.
Desde la Secretaría de Reforma Administrativa –denominación
que, de por sí, crea pánico– Solanet se dispone
a reducir el plantel de empleados públicos. Para ello, cuenta
con una guadaña de hoja lo suficientemente larga como para
alcanzar a las jurisdicciones provinciales y hasta municipales.
Según el libreto, el nuevo secretario deberá de entrada
eliminar unos 88 mil cargos de la administración nacional
para que el fisco ahorre 3500 millones de pesos anuales. Dicho de
otro modo, arrojar a la desocupación a 88 mil personas que
junto a sus familiares a cargo dejarán de concurrir al mercado.
Todo esto es demasiado duro e impopular como para no aguardar reacciones
sociales. López Murphy, Savanti, Artana, Solanet y sus lenguaraces
lo saben. Por eso, reclaman que los políticos se abstengan
de actuar como tales y les allanen el camino. Está claro,
medidas como las que ellos auspician sólo pueden concretarse
neutralizando a la Política; fue así como las impusieron
durante las pasadas dictaduras y durante la hegemonía de
un menemismo respaldado en circunstancias históricas irrepetibles
que posibilitaron la farandulización y el gerenciamiento
de la actividad pública. Ni una ni otra alternativa se da
en los momentos en que a usted le toca gobernar. No espere, entonces,
que el rumbo que ha comenzado a transitar con su nuevo equipo económico
lo conduzca a buen puerto. El mercado real –es decir, los millones
de hombres y mujeres que producen y consumen y los que aspiran a
producir y a consumir– se lo impedirá.
Sin más, saludamos a usted.
* Diputados
Nacionales, Partido Socialista Democrático.
|
|
�¿Quieren
que cerremos comedores?�
 “¿Quieren
que cerremos los comedores escolares o que echemos empleados públicos?
Después, ustedes tendrán que enfrentar a la gente
en Plaza de Mayo”. El desafío fue lanzado por un alto
funcionario bonaerense a otro nacional, antes de que José
Luis Machinea dejara su puesto. El crítico estado de las
cuentas bonaerenses es tema de agendas oficiales en las últimas
semanas, en particular desde que un diario capitalino reprodujo
un crítico informe de Business Week.
Los juicios del FMI podrían considerarse el tercer apretón
fuerte desde los EE.UU. sobre la principal provincia gobernada por
la oposición. En un artículo publicado a fines de
enero, la revista norteamericana aludió a la indisciplina
fiscal de las provincias, “en particular de las más
grandes” y consideró una amenaza para el equilibrio
de las cuentas nacionales la situación de Buenos Aires. “Si
las provincias van a quebrar el acuerdo de congelar el gasto suscripto
a fin de año con la Nación, es probable que el que
empiece sea el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf”,
sentenció la publicación.
Nuestra deuda “representa sólo el 3 por ciento del endeudamiento
total argentino, pero aporta el 13 por ciento de los recursos”,
se defendió el ministro de Economía, Jorge Sarghini,
en un comunicado. “En su primer año de gobierno los
gastos primarios se redujeron en 5 por ciento, unos 500 millones
de dólares”, continuaba el texto.
Días después, Standard & Poor’s caldeó
más el clima bajando la calificación de los títulos
de deuda bonaerense que vencen en febrero de 2004. La calificadora
pronosticó una disminución “lenta, pero continua
de los déficit operativo y fiscal a lo largo de este año”,
pero degradó los bonos en el “deterioro en las finanzas
de la provincia durante los últimos tres años y su
déficit fiscal que en el 2000 es significativamente superior
a lo anticipado”.
El miércoles, en una reunión con sus pares del PJ
Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, Ruckauf redobló
su resistencia a un ajuste, esta vez pensando en algún recorte
generalizado que fuera a impulsar el nuevo ministro de Economía,
Ricardo López Murphy. “No hay margen para tolerarlo”,
sentenció el mandatario justicialista.
|
|
