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Por
Laura Vales
 El
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) responderá hoy por
escrito a los 630 oficiales del Ejército que presentaron solicitudes
de hábeas data para saber si existen denuncias contra ellos por
delitos cometidos durante la dictadura. El organismo de derechos humanos
hará saber a los militares que les dará la información
que pretenden, aunque aclara que no están obligados por la ley
de hábeas data. El jefe de la fuerza, Ricardo Brinzoni, y los oficiales
que lo secundan en el reclamo masivo recibirán además un
contrapedido: el de detallar al CELS cuáles fueron sus destinos
y cargos entre 1974 y 1983.
El planteo obedece a que los documentos del CELS no están organizados
en torno a la historia de cada uno de los represores ni informatizados.
“El archivo incluye copias de por lo menos 1500 causas judiciales,
testimonios de víctimas, familiares y testigos, material periodístico,
miles de libros, fotografías, videos, casetes, microfilmaciones”,
explican en el organismo. Sus bases de datos están centradas en
hechos o expedientes judiciales relacionados con violaciones a los derechos
humanos, y no son un catálogo de datos sobre quienes cometieron
esos delitos.
Con esta multiplicidad de registros, la búsqueda de antecedentes
para cumplir con quienes presentaron recursos de hábeas data sería
compleja. Pero menos difícil si los propios peticionantes acceden
a dar algunos datos precisos sobre sus carreras. En concreto, se le pedirá
a cada oficial que tenga a bien informar sobre:
u Su situación de revista entre los años 1974 y 1983.
u El grado que ocupó durante el mismo período.
u Las funciones que desempeñó, y la dependencia y el lugar
geográfico en los que estuvo destinado para su cumplimiento, año
por año.
La respuesta enviada por Horacio Verbitsky en su calidad de presidente
del Centro enfatiza la voluntad de acceder a todos los pedidos, pero considera
que la ley de hábeas data (o de Protección de los Datos
Personales) a la que apelaron los militares no es aplicable a la institución.
El argumento central es que el CELS no es un banco de datos privado “destinado
a dar informes” a los que se refiere la norma sino un organismo no
gubernamental dedicado a la promoción de los derechos humanos.
De aplicarse la acción de hábeas data, esta tarea tendría
limitaciones: un denunciado podría pedir, por ejemplo, que los
datos que lo involucran no se den a publicidad.
“Ninguna ley –señaló el Centro en el escrito que
recibirán hoy los militares– podría otorgar a los peticionantes
el derecho de impedir que se divulgue información sobre los más
repugnantes crímenes de toda la historia argentina, cometidos por
funcionarios en el ejercicio de la suma del poder público, y que
la Justicia ha calificado como genocidio y delitos de lesa humanidad.”
Entre los datos que se entreguen a los peticionantes no figurarán
los nombres de quienes denunciaron los delitos por ellos cometidos. Para
no dejar dudas sobre el punto, a los oficiales se les recordará
que los archivos, construidos a pesar de la negativa de las Fuerzas Armadas
a colaborar, son “el resultado de la lucha de las víctimas
del terrorismo de Estado, de sus familiares y de los organismos de derechos
humanos en la recuperación de la Verdad Histórica”.
Y que su contenido está sujeto al secreto profesional y al deber
de preservar la intimidad de quienes declararon sobre lo padecido.
ACTIVIDADES
POR EL 25º ANIVERSARIO DEL GOLPE
Una
semana por el Nunca Más
En los próximas semanas, Buenos Aires será escenario de
una serie de actividades motivadas por el 25º aniversario del golpe
militar. Alumnos, maestros, artistas, escritores y organismos de derechos
humanos participarán de la iniciativa, impulsada por el Gobierno
porteño bajo la consigna “Terrorismo de Estado Nunca Más”.
La campaña comenzará el lunes 19 de marzo: incluye conferencias,
recitales, muestras de arte y puestas de teatro, pero también debates
en las escuelas públicas del distrito, donde alumnos y maestros
reflexionarán sobre “lo que ocurrió en la Argentina
entre 1976 y 1983”. El ciclo se propone “denunciar cómo
fue utilizado el poder por la dictadura” y finalizará el 31
de marzo con la instalación de la primera escultura del Parque
de la Memoria, frente del Río de la Plata.
Este año, además, a partir de la sanción de la ley
355 –votada por la Legislatura el año pasado– se celebrará
por primera vez el “Día de la Memoria”, el 24 de marzo
próximo. Por eso, ese día la Bandera nacional ondeará
a media asta en todos los edificios públicos de la ciudad. Pero
las actividades continuarán hasta fin de mes.
 El jueves 15 se hará
la apertura de la investigación “Golpe a los libros”
acerca de los libros prohibidos durante el período 1976-1983. También
se homenajeará al guionista de historietas Héctor Oesterheld,
desaparecido durante la dictadura. Participarán, entre otros, Osvaldo
Bayer, Horacio Salas, Noé Jitrik, Mempo Giardinelli, Santiago Kovadloff
y Rogelio García Lupo, quienes contarán los problemas que
padecieron los escritores a partir del golpe.
El lunes 19 de marzo se hará
un acto de conmemoración al periodista y escritor Rodolfo Walsh
en la Biblioteca Miguel Cané, con la participación de Horacio
Verbitsky. Un día después, se inaugurará la muestra
“Hacer memoria es construir futuro” en el Centro Cultural Ciudad
de Buenos Aires.
El martes 20 de marzo, una
celebración religiosa –abierta a todos los cultos– convocará
a quienes quieran rendir homenaje a “las víctimas del terrorismo
de Estado”. Durante los dos días siguientes se plantarán
árboles frente a varios edificios donde funcionaron centros clandestinos
de detención: el miércoles 21, en la ESMA y el Club Atlético;
el jueves 22, en Automotores Orletti y El Olimpo.
El viernes 23 de marzo, el
último día de clases antes del aniversario del golpe, se
hará una conmemoración en todas las escuelas públicas
del distrito. Los docentes utilizarán un cuadernillo elaborado
al efecto, mientras que los alumnos tratarán el tema a partir de
testimonios familiares o de una película. En esa misma jornada
se realizará un acto en homenaje en la Villa 20, en el que se recordará
a los desaparecidos que lucharon por una vivienda justa.
El lunes 26 de marzo se presentará
el convenio entre el Gobierno porteño y las Abuelas de Plaza de
Mayo, por medio del cual se propone “difundir y promover el derecho
a la identidad” en la ciudad de Buenos Aires. Ese acuerdo permitirá
capacitar a docentes e instalar un servicio de atención telefónica
sobre la identidad.
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