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Por
Susana Viau
 Asesores
de Carl Levin solicitaron información al Gobierno argentino, pero
éste nunca respondió a la solicitud enviada por escrito.
El pedido fue efectuado a mediados del año pasado, cuando el subcomité
del Senado recibió los primeros datos sobre las operaciones realizadas
entre el Banco República, el Federal Bank y el Citibank de Nueva
York. El embajador argentino sólo tomó contacto con el subcomité
luego de la publicación del preinforme, el 5 de febrero pasado.
Luego de recibir el dossier que Gustavo Gutiérrez, Elisa Carrió
y Luis Balaguer habían confeccionado detallando sus presunciones
sobre la extraña operatoria del Banco República con una
offshore (el Federal Bank) y un gran banco norteamericano (el Citibank
de Nueva York), Robert “Bob” Roach, mano derecha de Linda Gustitus,
a su vez jefa de asesores del senador demócrata Carl Levin, envió
una nota al embajador en Washington, Guillermo González, pidiéndole
que le remitiera documentación sobre la normativa bancaria argentina.
Gustitus y Roach necesitaban verificar la autenticidad de las regulaciones
a las que aludía el dossier y que, según éste, habían
sido violadas por las maniobras de triangulación llevadas a cabo
por las entidades investigadas. Roach adjuntó, asimismo, un listado
de quince preguntas referidas al tema. Pasaron casi ocho meses sin que,
ni por intermedio del embajador González ni por ninguna otra vía,
el subcomité recibiera respuesta.
Tarde, pero seguro
El interés de la embajada argentina despertó súbitamente
al hacerse público el preinforme que adelantaba algunas de las
principales conclusiones y el calendario de audiencias. El caso argentino
había escalado posiciones en la consideración del subcomité,
que acabó dedicando una jornada entera al tema del Federal Bank,
del Mercado Abierto Bank y al caso IBM-Banco Nación. Así
lo relató el propio Roach en una de las últimas reuniones
mantenidas con el diputado Gustavo Gutiérrez y el contador mendocino
Luis Balaguer. “Desde ese momento –bromeó Roach–,
el embajador se convirtió en mi mejor amigo. Me llamaba todos los
días para saber si precisábamos algo.” Lo cierto es
que ni aun entonces llegó la legislación en materia financiera
ni la contestación al listado de preguntas. En cualquier caso,
ya era tarde.
Al darse a conocer el informe final y la decisión del subcomité
de entregar la documentación recogida a lo largo de la investigación
a los diputados Carrió y Gutiérrez, el Gobierno argentino
pidió acceder al contenido de las famosas 25 cajas. También
lo hicieron los fiscales federales Paulo Stark y Jorge Dahl Rocha, quienes
habían viajado para asistir a las audiencias, uno en calidad de
investigador del caso Banco República y el otro en la causa de
Mercado Abierto, la financiera propiedad de Aldo Ducler involucrada en
el lavado de dinero del cartel de Juárez. Hasta Diego Guelar, ex
representante diplomático del menemismo en Washington y actual
jefe de ceremonial del gobernador bonaerense Carlos Ruckauf, revoloteó
alrededor de la subcomisión y accedió a uno de los asientos
durante el caldeado interrogatorio a los directivos del Citibank. Al despejarse
la espuma levantada por esa fase de la investigación, se supo que
la escapada de Guelar había provocado un serio disgusto al gobernador,
ante quien habría caído en desgracia. En el distrito, muchos
se devanaban los sesos tratando de adivinar cuál era la razón
de la audaz aparición de Guelar en ese escenario. Hubo quienes
prefirieron remitirse a los hechos concretos y relacionarla con la antigua
sociedad que su familia, propietaria del caído Banco del Oeste,
todavía en litigio, tuvo con el Citicorp; otros prefirieron hilar
más fino y conjeturar que la incursión de Guelar podía
haber sido inspirada por el nerviosismo que el tema provocaba a sus amigos,
banqueros ligados al CEI.
Lo cierto es que la tardía lluvia de reclamos abrió la sospecha
de que el interés no estuviera dirigido al meollo de la investigación
–lasoperaciones de presunto lavado– sino a los nombres de los
eventuales titulares de cuentas y depositantes de esas operaciones, nombres
que, por cierto, prometían desatar un escándalo político
de proporciones. El tira y afloje por los papeles alarmó a los
senadores norteamericanos, que echaron para atrás el proyecto de
hacer viajar las cajas junto a uno de los asesores de Levin para que,
en la primera semana de marzo, el emisario -Roach, con toda seguridad–
las entregara en custodia a los diputados Gutiérrez y Carrió.
Ahora será el Departamento de Estado el que resuelva quién
se convertirá en feliz destinatario del secreto. Las expectativas
de los que esperan ansiosos el inicio de la investigación parlamentaria,
y los que rezan para que ésta no comience nunca, están cifradas
ahora en saber con qué material cuentan los diputados para poner
manos a la obra.
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