Por Irina Hauser
y Raúl Kollmann

“Los pagarés originales de Alcatel, Entel y María Julia Alsogaray los tengo yo en mi oficina de Nueva York.” Esta frase fue repetida varias veces, a fines del año pasado, por el financista Mariano Perel, quien apareció muerto junto a su esposa en una cabaña de Cariló el 4 de febrero pasado. Investigadores de la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y Contrabando (Ufitco) rastrean la relación entre Perel y María Julia en al menos dos aspectos. En primer lugar, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había detectado la existencia de pagarés mellizos y trillizos, algunos a favor de Alcatel, por los cuales se pagaban al doble o al triple compromisos por millones de dólares, canalizando así supuestas coimas en la privatización de ENTeL. En segundo lugar, la relación de María Julia con el Banco Mercurio que, según reveló en una carta el propio Perel, se dedicaba a lo que llamaba “justis”, o sea a crear operaciones para justificar que funcionarios y empresas perdían dinero en distintos negocios, lo que les permitía esconder ante el organismo recaudador de impuestos el dinero de la corrupción.
A un mes de la muerte de Perel y Rosa Golodnitzky todavía no se sabe a ciencia cierta si los mataron en un crimen mafioso o si el financista –acosado por la bancarrota– le pegó un tiro en la nuca a su esposa y después se disparó él mismo otro tiro, también en la nuca. Sin embargo, lo que ocupa el centro de la escena es la increíble doble vida que llevaba Perel, en la que se mezclan –como anticipó en exclusiva Página/12 al día siguiente de su muerte– extorsiones, trabajos de espionaje e inteligencia, blanqueo de dinero proveniente de coimas, evasiones impositivas y contrabando y deudas monumentales con inversores que le entregaban fondos en negro para que colocara.
La última derivación de las pesquisas sobre los papeles de Perel ponen en el tapete a la privatizadora de ENTeL, María Julia Alsogaray. El informe final de la Sindicatura, cuyo jefe es Rafael Bielsa, sobre la privatización de los teléfonos, señala que se pagaron sumas millonarias de más a empresas proveedoras. Los investigadores aseguran haber encontrado, por ejemplo:
6.000 pagarés por un valor estimado en unos 400 millones de pesos sin ningún tipo de respaldo contable.
17 cheques originales por 90 mil dólares para ENTeL que María Julia endosó pero que, sin embargo, nunca fueron depositados.
Una liquidación de deuda a favor de Meller S.A por una suma 142 por ciento superior a la deuda real por un aparente error en el cálculo de intereses. La deuda se liquidó en efectivo, aunque Meller había aceptado bonos.
Documentos deliberadamente mal fechados. Uno de ellos, por ejemplo, lleva una nota que dice: “La fecha de pase real fue el 2/8/95 se puso fecha 9/6 porque tenía que ser antes del 30/6”. Esto permitía el reclamo de deudas en fechas no habilitadas.
Un convenio con IBM, por el cual ENTeL le entregó documentos por 3.935.788 dólares. Los documentos debían ser reintegrados por IBM una vez recibidos los bonos. Todavía no se sabe si ENteL los recuperó.
Y 11 documentos mellizos, todos a favor de Alcatel S.A, de abril y mayo de 1990. La existencia de documentos mellizos y trillizos sería un indicador clave sobre cómo se pagaba o dos más veces lo mismo.
Todas estas evidencias encajan con varios elementos que surgen de la investigación del caso Perel. En primer lugar, los propios dichos del financista, quien señaló que tiene originales de los pagarés en su oficina de Nueva York. En segundo lugar, que Perel estuvo ligado a la privatización de ENTeL relacionado con la proveedora de origen francés Alcatel: el presidente fue Ernesto Luzuriaga y en el directorio estaban Alejandro Bramer Markovic y dos íntimos de Perel, Jorge y ClaudioGarfunkel. Perel ocupaba el cargo de síndico y todos recuerdan que cuando Alcatel tuvo un conflicto con el Banco Extrader, Perel habló en los medios como ejecutivo de Alcatel.
Una de las hipótesis centrales que maneja la fiscalía federal a cargo de Carlos Cearras es que había sobrepagos, es decir que se habría usado, por ejemplo, un mismo pagaré varias veces para que las empresas proveedoras cobraran el doble o el triple de los pactado, derivando una parte de esos sobrepagos a coimas para los funcionarios. A mediados del año pasado, por casualidad, se encontraron en una caja de seguridad de la sede central del Banco Nación pagarés originales por más de 20 millones de dólares que había entregado María Julia a cinco proveedoras. La pregunta del millón fue: ¿para qué abrió esa caja si la ex ENTeL tenía dos cajas propias en la sede de avenida San Martín 320? Fue en aquel momento que Perel dijo, ante testigos, que él tenía los originales mellizos de aquellos pagarés en su oficina de Manhattan, cerca de donde M.J. tiene sus dos famosos departamentos.
En la investigación de la Ufitco, organismo a cargo de Maximiliano Rusconi, hay otra vertiente. Se encontraron relaciones de María Julia con el Banco Mercurio, al que Perel señala como –usando la terminología conocida ahora por las pesquisas del Senado norteamericano sobre Raúl Moneta– un shell bank (banco cáscara), detrás del cual se mueve un 90 por ciento de operaciones en negro. Una de las especialidades del Mercurio –siempre según los papeles de Perel– eran las “justis”, o justificaciones, que el mismo financista describe de la siguiente manera: una empresa o funcionario tiene una contabilidad oficial en la Argentina, pero supuestamente hace malos negocios en Uruguay; entonces pierde dinero y eso reduce sus ganancias oficiales en la Argentina. Así paga menos impuestos, pero fundamentalmente blanquea dinero proveniente de coimas. “Los ingresos por comisiones de ‘justis’ suman unos 150.000 pesos mensuales y lo que se cobra es un uno por ciento del volumen que se justifica”, dice Perel en su carta. En otras palabras, el financista revela que se blanqueaban por esa vía unos 200 millones de pesos anuales.
Respecto de María Julia, lo que está a estudio es un documento aportado por la AFIP según el cual habría una “justi” a favor de la funcionaria hecha por el Mercurio o el IBU, Intercontinental Bank de Uruguay, otro shell bank de Bahamas que participaba de las mismas maniobras y que Perel describe como perteneciente al Mercurio.
Debe recordarse que en el proceso contra María Julia por enriquecimiento ilícito Uruguay aparece en numerosas oportunidades: llegan giros desde allí, papá Alvaro Alsogaray tiene inversiones que luego cede a la hija, hay una pérdida de una sociedad familiar y otros avatares con sede en Montevideo.
Recientemente uno de los fiscales que actúa en esa causa, Eamon Mullen, recordó que Uruguay sigue sin responder a los exhortos del juez Juan José Galeano en los que el magistrado pide que le digan qué cuentas tiene y tuvo María Julia en ese país y cuáles fueron sus movimientos.

NEGOCIOS CON UNA PERFECTA RIMA
Perel y Alcatel en Entel

Mariano Perel era síndico de la firma de telecomunicaciones Alcatel, proveedora de la telefónica estatal y parte del grupo empresario que lideraba Jorge Garfunkel, en la época en que promediaba la privatización de la ex ENTel. Una perfecta rima con final en el que no terminaba allí. Garfunkel era el principal socio argentino de la Bell, compañía que quedó fuera de la privatización telefónica a pesar de los enormes esfuerzos en su favor de la entonces interventora María Julia Alsogaray, que nunca escondió su preferencia por los operadores norteamericanos. Después del traspaso, la francesa Alcatel logró en Argentina cortar la exclusividad en la provisión de centrales de conmutación que tenían Siemens y Pecom Nec. Pero nunca pasó de eso.
La incursión en electrónica y comunicaciones de Alcatel, cuya administración era fiscalizada por Perel, pudo haber sido mucho más importante pero quedó frustrada cuando Stet-France Telecom-Morgan-Pérez Companc desplazaron a la Bell de la privatización de la ex ENTel. Tiempo después de aquel fracaso, en octubre de 1992, en uno de los intentos de convertirse en la tercera de la red argentina, la francesa Alcatel adquirió el paquete accionario del grupo Garfunkel en la filial argentina IATA-Alcatel. También compró Telettra y se asoció con Techint.
En el proceso privatizador de la telefonía estatal, mientras Alsogaray apuntaba sus mejores deseos hacia el país del Norte, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, se inclinaba por el capital europeo, junto con Eduardo Bauzá y José Luis Manzano.
En realidad la Bell ganó la licitación de la zona Norte (el Sur quedó para Telefónica), pero fue desplazada en el momento del traspaso. Un triunfo para Dromi, que apareció años más tarde como un personaje central de aquella historia. En 1999, después de una suerte de cruzada investigativa en su contra, el empresario Guillermo Laura –que presidió Autopistas del Sol– lo denunció por haber cobrado coimas por siete millones de dólares para favorecer a determinadas empresas en la concesión de rutas por peaje. Pero también sugirió que la Bell había sido desplazada por no pagar la coima que les había sido requerida a su turno. Laura grabó una conversación telefónica en la que Paul Leclerq –el hombre que actuó como coordinador del consorcio de la Bell en 1990 durante la privatización– dice que Dromi le dijo: “Póngase y solucionamos todo”.
De la desgrabación de aquel diálogo, cuya cinta está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, surgía que María Julia había apoyado al consorcio que encabezaba la Bell Atlantic, al permitirle postularse en la licitación a pesar de que no reunían los títulos de la deuda requeridos para eso. Pero Dromi los terminó descalificando. Leclerq reconoció el diálogo en cuestión, pero dijo que Dromi “en forma directa no me pidió plata”, que cuando los invitó a “ponerse” se refería a los bonos de la deuda.

Pou quiere que la Justicia impida al Congreso aconsejar a De la Rúa

La bicameral sobre la conducta del presidente del BCRA debe dictaminar ante el Presidente sobre la conducta de Pou. Para evitarlo y ganar tiempo, el propio Pou se presentó ante la Justicia diciendo que la comisión del Parlamento es inconstitucional.

Por Felipe Yapur

Frente al inminente dictamen que realizará la comisión bicameral que evalúa la gestión de Pedro Pou frente al Banco Central, el cuestionado funcionario se presentó ayer ante la Justicia solicitando una medida cautelar. Pide que el juez obligue a los legisladores a no emitir, justamente, el consejo que tienen que entregarle al presidente Fernando de la Rúa. Con esta actitud el titular del Central agudiza el enfrentamiento que mantiene con la comisión y que se tradujo la semana pasada en duras cartas enviadas al titular de la comisión, Mario Losada, donde cuestionó su funcionamiento y la constitucionalidad de algunos procedimientos. “La iniciativa de Pou tiene un solo objetivo: embarrar la cancha para ganar tiempo”, aseguró a Página/12 un integrante del órgano bicameral.
En el Congreso la jugada no generó, al menos públicamente, ni nerviosismo ni molestia, y un miembro de la bicameral incluso dijo que se esperaba alguna maniobra por parte del funcionario. “Las cartas enviadas al senador Losada hacían prever que estaba preparando algo”, dijo el legislador. Destacó que la última carta remitida por Pou había sido entregada por un abogado, lo que representaba una señal de que “Pou no pensaba entregarse fácilmente”.
La intención del presidente del BCRA de recurrir a la Justicia no fue una novedad para los legisladores. Ayer, el único que habló fue Losada, quien poco después de presenciar la asunción de los nuevos integrantes del gabinete nacional dijo: “No coincido con la iniciativa del señor Pou. Respeto su opinión, pero la comisión se constituyó de acuerdo a lo que prevé el sistema de la Constitución y de las leyes”. Es por ello que anoche tres de los cinco integrantes de la comisión confirmaron que continuarán trabajando normalmente.
Veinte son las fojas que tiene la presentación del funcionario ante el juez Martín Silva Garretón. Allí, Pou cuestiona la conformación de la comisión bicameral y por ello exige el dictado de una medida cautelar que impida a los legisladores emitir un dictamen. “La comisión es incompetente y sus cinco miembros se autoconvocaron sin tener competencia para hacerlo”, reza el escrito. El funcionario adelanta además su intención de entregar un nuevo escrito donde cuestionará la constitucionalidad del reglamento interno de la comisión –tal como lo anticipó en sus misivas a Losada la semana pasada– al considerar que ésta se extralimitaría en sus funciones.
“Es una típica transferencia de responsabilidades”, sintetizó otro miembro de la comisión. “Hace lo mismo que el banquero (Raúl) Moneta; dice que la culpa la tienen otros: la conformación de la comisión, el reglamento, las audiencias secretas, los testigos. Todos menos él. Lo que Pou no quiere entender es que la comisión no investiga sino que averigua para poder asesorar al Presidente”, agregó.
Los legisladores consultados aseguran que no se comunicaron entre sí y que la evaluación de la jugada de Pou recién la realizarán hoy a las 11, cuando vuelvan a encontrarse para escuchar a una nueva ronda de testigos convocados. Hasta el momento, algunos de los legisladores consultados coinciden en señalar que más allá de cuál sea el tenor de la decisión judicial, “la comisión debería emitir su dictamen esta misma semana”. Esto hace prever que, de no mediar inconvenientes, el jueves o el viernes a más tardar la comisión emitirá su opinión.
En cuanto a si Pou concurrirá mañana al Senado para prestar su testimonio, nadie en el Senado se atreve a afirmarlo, pero tampoco a negarlo. “No sabemos si vendrá, aunque de hacerlo estará reconociendo la existencia de la comisión y hasta del reglamento que cuestiona. Pero de este hombre se puede esperar cualquier cosa”, indicó uno de los legisladores de la bicameral, que hoy escuchará los testimonios de un gerente y un ex directivo del Central. Lo que prácticamente estádescartado es la presentación de Pou para el miércoles. “Con esta maniobra lo único que hace es enfrentarse con nosotros como si fuéramos sus enemigos”, indicó uno de los legisladores del órgano bicameral.

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