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Por
Laura Vales
 El
futuro del PAMI promete convertirse en un nuevo foco de desavenencias
dentro del Gobierno. Mientras Economía hace planes sobre cómo
meter tijera en la obra social, su interventor Federico Polak anticipó
que no está dispuesto a avalar un recorte más. “Acá
no se puede hacer otro ajuste”, dijo a Página/12. “No
puedo estar al frente del PAMI si hay más despidos”, comentó
más tarde. “El Presidente ha dicho, además, que no
va a haberlos”, retomó después. Polak acababa de leer
en los diarios las noticias sobre un eventual ajuste en la obra social.
Dijo desconocer cuáles serán las medidas del nuevo equipo
económico, pero advirtió sobre “un famoso proyecto
para hacer desaparecer” a la obra social de los jubilados.
El interventor corporizó sus prevenciones con las siguientes palabras:
“Hay un proyecto de darle 51,23 pesos a cada jubilado y pensionado”
para que con eso atiendan sus necesidades de salud “y suprimir el
PAMI”. Aludía a una no tan vieja propuesta de FIEL (la Fundación
madre del equipo económico) que la consultora elaboró como
desprendimiento de sus estudios sobre la administración nacional
y el gasto público, y que circuló entre los hombres del
radicalismo en el ‘98.
Fuentes del Gobierno relativizaron sin embargo estos temores. Entienden
que la privatización del PAMI es un planteo de máxima y
que los lineamientos del equipo económico van a ser mucho más
moderados que sus ideas originales.
El PAMI tiene un presupuesto de 2353 millones de pesos, que se integra
con contribuciones de la Anses y la AFIP. Cuando se sancionó la
Ley de Presupuesto de este año, los legisladores fijaron que la
obra social ya no recibiría aportes del Estado, salvo una partida
de 120 millones de dólares para cubrir una vieja deuda financiera.
El punto es uno de los principales argumentos de la intervención
para salir al cruce de los intentos de ajuste.
“Hace dos meses y medio que vivimos de lo nuestro. El Estado hoy
no nos da nada. El PAMI no está recibiendo un peso de los argentinos.
Lo único que puede plantear López Murphy es un nuevo desfinanciamiento
de la obra social y para eso tiene que modificar la ley que fija los aportes
de la Anses y la AFIP”, dicen allí.
El embate sobre las finanzas del Instituto llegó en un momento
complicado para sus autoridades, que este mes comenzaron a enviar los
telegramas de despido de su propio plan de recortes, que dejó fuera
del organismo a más de mil personas.
Polak ha prometido sumar a ese ahorro el de otros 435 millones de pesos,
casi lo mismo que lo logrado por la intervención de Cecilia Felgueras
con el reemplazo de los contratos firmados durante la era Alderete por
otros a costos más bajos. El actual titular del PAMI sostiene que
se llegará a esa cifra con la informatización y un padrón
real de afiliados.
De todas maneras, Polak dejó entrever que no ve con tan malos ojos
el eventual pase de las prestaciones sociales a otras áreas. “Básicamente
ésta es una obra social de salud, que tiene algunas prestaciones
sociales importantes” dijo a este diario. “Una es el Probienestar
(de bolsones de comida), que no es una prestación histórica
sino creada en la década del 90. Nosotros no somos ajenos al deseo
del Gobierno de crear una Agencia Social donde podrían pasar algunas
de nuestras prestaciones”. El tema ya se ha planteado en otras oportunidades,
pero siempre se topó con fuertes rechazos desde adentro de la Alianza
e irrita especialmente a los especialistas en tercera edad del Frepaso.
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