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Por
Eduardo Videla
 El
destino del aeroparque porteño comenzó a debatirse ayer,
en una audiencia pública convocada por la Legislatura porteña,
donde afloraron las disidencias con el proyecto oficial: la construcción
de un nuevo aeroparque frente al actual, en terrenos ganados al Río
de la Plata, de acuerdo con un convenio firmado por la Nación y
el Gobierno de la Ciudad. Ese acuerdo debe ser refrendado por la Legislatura,
para lo cual la ley exige debatir el tema en una audiencia pública.
La ombudsman Alicia Oliveira, dirigentes ambientalistas y representantes
de municipios del conurbano se pronunciaron por el traslado de la pista
a Ezeiza, mientras que otros oradores respaldaron la propuesta de la aeroísla,
las otras dos opciones que están en juego. Una ONG pidió
que la Oficina Anticorrupción investigue si el presidente del ORSNA
manipuló un estudio para favorecer el proyecto de relleno costero.
La propuesta de la pista en terrenos ganados al río fue elegida
por la Nación y el gobierno porteño por ser el mejor calificado
en el estudio realizado por la comisión ad hoc, creada por el Ministerio
de Infraestructura. Pero ayer los propios integrantes de esa comisión
aclararon que se trataba sólo de un informe preliminar, que faltaba
completar con estudios de impacto ambiental y de financiamiento de cada
proyecto.
Para la audiencia pública –cuya finalización está
prevista para hoy– se anotaron 46 expositores, que representan a
distintos organismos y entidades, y 113 participantes, en nombre de distintos
sectores o simples vecinos interesados en el tema. “Aunque la audiencia
no es vinculante, queremos escuchar todas las voces antes de convalidar
un convenio que el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, aún
no giró a la Legislatura”, dijo a Página/12 la diputada
María Laura Leguizamón (Encuentro por la Ciudad), que presidió
el debate.
Ayer, el representante del Organismo Regulador del Sistema de Aeropuestos
(ORSNA), Julio Semería, se pronunció por el emplazamiento
en terrenos ganados al río, próximos al actual aeroparque,
con una pista de 3400 metros que “mejoraría la operatividad”
de la terminal y, a la vez, permitiría recuperar como espacio verde
la actual pista y continuar con el trazado de la Autopista Illia hacia
el norte.
El brigadier Horacio Oréfice defendió, en nombre de la Fuerza
Aérea, la continuidad del Aeroparque en su actual emplazamiento,
aunque con una restricción de los movimientos y con mayor inversión
en seguridad. Por su parte, el secretario de Obras Públicas porteño,
Abel Fatala, no se pronunció por ninguna de las iniciativas en
danza, pero reclamó una definición urgente: de la construcción
o no de una aeroísla o del relleno costero dependerá una
fase del Plan Hidráulico, que contempla crear una laguna reguladora
a la salida de los arroyos Maldonado y Vega, para garantizar un mejor
escurrimiento de los desagües pluviales.
La defensora del Pueblo porteño, Alicia Oliveira, advirtió
que tanto el relleno costero como la aeroísla podrían generar
“un impacto ambiental negativo sobre los desagües pluviales,
además de agravar el problema de la contaminación sonora”.
Para Oliveira, la opción “más adecuada para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos es el traslado a Ezeiza, siempre
que se garantice el acceso mediante el tendido de un tren rápido”.
La misma opinión manifestó el ex ombudsman, Antonio Cartañá,
quien recomendó que no solo se escuche la opinión de la
Ciudad de Buenos Aires, sino la de los municipios del conurbano porque
“acá se habla de Area Metropolitana sólo cuando conviene
a los intereses porteños”. La misma idea manifestó
el consultor Jorge de Mendonça, para quien el tendido de un tren
rápido a Ezeiza “contribuiría al desarrollo de los
barrios postergados del sur de la ciudad y de los municipios del conurbano”.
Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación de Amigos
del Lago de Palermo, opinó que el aeroparque “tiene que trasladarse
al Gran Buenos Aires”.
También para Carlos Lebrero, titular de la Sociedad Central de
Arquitectos, debe tomarse en cuenta la opinión de las autoridades
del Area Metropolitana. Aunque coincide en que el traslado a Ezeiza beneficiaría
a las zonas postergadas, sostiene que “no hay estudios suficientes
para tomar una decisión desde el punto de vista urbanístico”.
Eduardo Carranza, de la Asociación de Protección al Pasajero
y Usuario del Transporte, pidió que se investigara al titular del
ORSNA, Eduardo Sguiglia, por presunta “manipulación del informe
final”. “Los propios miembros de la comisión que elaboró
el informe dijeron que el texto que Sguiglia le presentó al ministro
Machinea fue modificado”, dijo Carranza a Página/12. Agregó
que “los miembros de la comisión fueron presionados por el
ORSNA para modificar el dictamen, y algunos tuvieron que renunciar”.
La Legislatura, en definitiva, podrá aprobar o rechazar el convenio
que firmó Ibarra. El secretario de Planeamiento Urbano, Enrique
García Espil, explicó a este diario que ese convenio apunta
a “transformar el dictamen de la comisión en un proyecto,
con estudio de impacto ambiental, que luego debe ser tratado por la Legislatura”.
Como requisitos, sostuvo, deberá contemplar el trazado de la autopista
con acceso directo al aeroparque, una nueva costanera, una laguna compensadora
y una estación ferroviaria vinculada con la terminal aérea”.
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