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Por
Gustavo Veiga
 El
caso de doping que involucra a Daniel Albornós, el futbolista de
Talleres, volvió a colocar en una situación engorrosa a
la estructura y a los hombres que se desempeñan en un área
tan sensible como la que instrumenta los controles en la Argentina. No
es ésta la primera vez y, acaso tampoco será la última,
en que se señalen puntos oscuros, dudas y hasta se perciba la necesidad
de recurrir a la Justicia para cuestionar un análisis. Hoy, como
durante la década del 90, hubo quien alzó la voz para descalificar
al laboratorio del CENARD y a las muestras que allí se toman, porque
no está homologado por el Comité Olímpico Internacional
(COI). Sin embargo, ese requisito al que se alude desde hace tiempo no
ha impedido su funcionamiento y hasta se descuenta que allí se
realizarán los estudios correspondientes al Mundial Juvenil Sub-20
que se disputará entre el 17 de junio y el 8 de julio en el país.
 El
problema no radica exclusivamente en los veintiocho casos de doping detectados
en el fútbol desde que se efectúan controles, ni siquiera
en los que se han comprobado en otras disciplinas. La dificultad es más
profunda: tiene raíces en una endeble legislación que se
cumple a los tumbos, en el desequilibrio económico que existe entre
las distintas federaciones deportivas (no es lo mismo la poderosa AFA
que la Federación de Patín) que les permite a unas tomar
muestras y a otras no, y en la desidia de la clase política ante
un asunto que no juzga relevante.
Mientras varios de los artículos incluidos en las leyes 24.819
y 25.387 –que modificó a la anterior– no se cumplen,
las sospechas de que no existen suficientes garantías para los
deportistas sometidos a controles antidoping se desparraman cuando aparece
uno positivo. La normativa 24.819, sancionada por el Congreso el 23 de
abril de 1997, se denomina “Ley de preservación de la lealtad
y el juego limpio en el deporte” y también se refiere a la
Comisión Nacional Antidoping y al Registro Nacional de Sanciones
Deportivas. Que no se aplica como corresponde, resulta bastante obvio.
Por lo pronto, el artículo 18 determina que “el gasto que
demande el cumplimiento de la presente ley será atendido con el
presupuesto de la Secretaría de Deportes de la Nación”.
Hoy, el laboratorio del CENARD funciona con tecnología que sería
de última generación, gracias al apoyo económico
que recibió de la AFA en materia de equipamiento. Más allá
del comentario que hizo el doctor Eduardo Ciarrochi (dijo que sus aparatos
son obsoletos y le sugirió a Albornós impugnar el análisis
que le detectó nandrolona), lo cierto es que el laboratorio que
depende de la Secretaría de Deportes ha recibido críticas
desde la gestión del menemista Livio Forneris a la fecha.
En noviembre de 1994, algunos profesionales de esa área fueron
sancionados cuando se comprobaron irregularidades en un control colectivo
a los planteles del Platense y Gimnasia tras un partido disputado el 12
de junio de ese año. El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich,
tuvo el caso en sus manos por un presunto doping que arrojaba metabolitos
de cocaína. Fueron tales las desprolijidades que los jugadores
quedaron desligados de cualquier responsabilidad, Forneris resultó
interpelado en el Congreso y derivó la responsabilidad hacia sus
subordinados. Entre ellos estaba el doctor Néstor Lentini, quien
defendió su tarea en el CENARD y denunció amenazas telefónicas.
Los cuestionamientos se extendieron a las muestras tomadas durante los
Juegos Panamericanos de Mar del Plata organizados en 1995. El 25 de julio
de 1997, una bióloga que trabajó en el laboratorio, Claudia
Montes, aconsejó que no debían realizarse allí los
controles a los competidores que intervendrían en un Mundial de
Tiro, pero sin embargo se llevaron a cabo por pedido del ex general Alais,
presidente de la Federación Argentina de ese deporte. También,
la misma profesional criticó a mediados del ‘98 al médico
D’Angelo y al abogado Francisco Gradín –un ex asesor
dela Secretaría de Deportes vinculado a Hugo Porta– por la
compra de frascos para muestras de origen británico que, según
ella, eran muchos más caros que otros adquiribles en la Argentina.
Pese a que D’Angelo sostiene que “el laboratorio ha venido creciendo
hace cuatro años y realiza siete mil muestras por temporada, que
es una cifra altísima”, las condiciones del ámbito
en que se desempeña, por una curiosa variedad de razones, han sido
censuradas desde la época en que trabajaba allí el doctor
Lentini.
Pero también podría argumentarse, por ejemplo, que ciertos
comentarios de Ciarrochi –confrontados con lo que opinan especialistas
del extranjero– tienen escasa relevancia. Y es que invocar la homologación
del COI para el laboratorio del CENARD cuando el Comité presidido
por Juan Antonio Samaranch está seriamente cuestionado por su política
ante el doping, le resta fundamento a la crítica. En noviembre
de 2000, Alessandro Donati, un especialista italiano en investigaciones
sobre doping y entrenador de atletas, afirmó que “el COI no
puede liderar esa cruzada porque está más ocupado en el
quiebre de records y en sus futuros negocios que en la salud de los atletas,
que no sólo son profesionales”. En el mismo ámbito
que Donati formuló esa afirmación –la conferencia Play
the Game, desarrollada en Dinamarca–, el canadiense Dick Pound, miembro
del COI y titular de la Agencia Mundial Antidoping (WADA), nada pudo explicar
sobre ciertas irregularidades verificadas en los Juegos Olímpicos
de Sydney.
Aquí, mientras tanto, la polémica en torno de los controles
continúa vigente, los deportistas sancionados sobre la base de
leyes antidoping que no se cumplen pueden ganar un juicio si se lo proponen
y, la AFA, gracias a su saludable situación económica, financia
mejoras en un laboratorio que le pertenece al Estado porque maneja mucho
más dinero que la Secretaría de Deportes.
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