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Por Roberto Navarro
 La tijera de López Murphy
apunta derecho hacia una de las pocas dependencias del Estado en la que
aún queda tela para cortar: el flamante ministro de Economía
espera ahorrar 900 millones de pesos anuales reduciendo los egresos de
la Anses, el organismo que maneja más del 40 por ciento del Presupuesto
nacional. Página/12 tuvo acceso a la propuesta de recorte de gastos
presentada por el titular de la entidad, Rodolfo Campero, que ya fue aceptada
por el jefe de la cartera económica y que será el rubro
más importante por el que pasará el primer ajuste que instrumentará
el equipo de FIEL en el Gobierno. Del total del recorte, 300 millones
saldrán del diferimiento en el pago de los aportes jubilatorios
que el Estado debe entregar a las AFJP en el momento del retiro del trabajador.
En vez de abonarlo en un solo pago, la Anses irá realizando las
erogaciones mensualmente con cada pago de haberes a los nuevos beneficiarios.
De los otros 600 millones, que sí significan un ahorro real para
el fisco, los principales puntos son la reducción de las jubilaciones
mayores a 3100 pesos, la resolución de los casos de fraude en las
asignaciones familiares, que Campero denunció en diciembre pasado,
y la depuración de los haberes irregulares.
En medio de los rumores que hablaban del reemplazo del actual interventor
de la Anses por un técnico de FIEL, Campero logró el apoyo
de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien avaló su plan
de reducción de gastos ante el nuevo equipo económico e
incluso participó en su redacción final.
La mayor novedad es el diferimiento en la cancelación a las AFJP
de los aportes que realizaron los trabajadores antes de 1994, cuando se
inició el sistema de capitalización (ver aparte). Medida
que se espera encuentre una fuerte resistencia de parte de las entidades
financieras. Otra decisión que afectará a los bancos es
la concentración en el Banco Nación de la gestión
del cobro de los aportes jubilatorios, servicio por el que la Anses paga
70 millones de pesos mensuales.
Varios de los rubros en los que se espera reducir gastos ya formaban parte
del informe que la actual intervención le había presentado
al ex ministro José Luis Machinea en diciembre último. Según
fuentes de la Anses, aunque el plan había sido aceptado, varios
puntos encontraban resistencias políticas dentro de la Alianza.
Entre ellas, la reducción del cuerpo de 85 gerentes que cobran
más de cinco mil pesos por mes. En su mayoría cargos sin
funciones esenciales, ocupados por funcionarios apadrinados por políticos
de los principales partidos.
El nuevo secretario de Hacienda, Daniel Artana, quien aprobó el
proyecto de la intervención, afirmó que el nuevo equipo
económico apoyará el recorte propuesto por Campero en su
totalidad. Los principales rubros que componen el recorte de 900 millones
en la Anses son los siguientes:
 Modificación del decreto
reglamentario que regula el sistema de asignaciones familiares. Anses
detectó miles de casos en que, aprovechando un artículo
pensado para casos de emergencia laboral, las empresas defraudaban al
fisco en más de 140 millones de pesos anuales. Esta reglamentación
permite a las pymes reclamar para sus empleados la asignación familiar
aunque hayan trabajado un solo día. Así se crearon miles
de empresas fantasma, registradas al solo efecto de anotar al mismo empleado
en 50 firmas distintas y quedarse con los haberes que la Anses liquidaba.
De ahora en más se exigirá como requisito para obtener el
beneficio un mínimo de 10 días de trabajo.
Reducción de las jubilaciones
y pensiones de privilegio vigentes superiores a 3100 pesos. Según
el proyecto de la Anses, hay 8500 beneficiarios en estas condiciones.
La reducción de esos haberes al nuevo techo significará
un ahorro de 80 millones de pesos anuales. La medida no significa que
todos los jubilados que cobren más de 3100 pesos van a ver reducidos
sus haberes. El recorte sólo alcanzará a los que consiguieron
elbeneficio en condiciones de privilegio, como, por ejemplo, los ex funcionarios
que se jubilaron luego de un breve paso por la función pública.
Eliminación de los beneficios
a las personas que cobran haberes jubilatorios y a la vez continúan
trabajando y cobrando salario en el Estado. El ahorro esperado será
de 105 millones de pesos.
Ajuste de jubilaciones irregulares
o directamente ilegales. Hay más de 10 mil casos detectados que
se llevan cerca de 110 millones de pesos anuales.
Proyecto de modificación
del Código Civil para reducir la litigiosidad del sistema. En los
últimos tres años Anses canceló sentencias judiciales
por 1600 millones de pesos. Según estudios de consultores legales
externos, la actual legislación da lugar a abusos de parte de los
demandantes. El proyecto presentado a Economía estima un mínimo
de ahorro anual de 40 millones de pesos.
Reestructuración de
la línea gerencial de la Anses. Se despedirá a la mayoría
de los 85 gerentes que componen el cuerpo ejecutivo de la entidad. Se
trata de funcionarios nombrados durante las distintas gestiones de los
últimos años, que llegaron a sus cargos con el apoyo de
padrinos políticos de los partidos mayoritarios y que, según
el proyecto de reducción de gastos, no cumplen funciones esenciales.
El ahorro salarial será de 10 millones de pesos anuales.
Concentración de la
recaudación en manos de bancos del Estado. Anses destina 70 millones
de pesos anuales en concepto de comisiones a entidades bancarias privadas
por el cobro de aportes jubilatorios. De aquí en más se
concentrará en el Banco Nación y en bancos provinciales,
con lo que se espera ahorrar 40 millones anuales.
Reagrupación de los
distintos planes de empleo y ayuda social en un solo padrón. Se
estima que, por superposición de planes, hay miles de personas
que reciben más de una ayuda mensual. Esta superposición
demanda más de 40 millones de pesos anuales.
Este será el plato fuerte del ajuste que presentará Ricardo
López Murphy, puesto que equivale al 60 por ciento de la promesa
de recorte de gasto si, finalmente, el demorado paquete fiscal involucra
1500 millones de pesos.
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El Estado pagará
en cuotas
El nuevo equipo económico podrá mostrar un proyecto
de ahorro total anual de 900 millones de pesos en la Anses con la
ayuda de la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, quien reflotó
un decreto impulsado por el interventor del organismo en diciembre
pasado, que había quedado sin reglamentar por las resistencias
que despertaba en el sector financiero. El proyecto de ajuste que
la actual intervención había presentado al secretario
de Hacienda, Daniel Artana, preveía un recorte de gastos
de 600 millones de pesos. Pero Bullrich insistió en la propuesta
que Rodolfo Campero había presentado a poco de asumir, que
consiste en diferir el pago de los aportes jubilatorios de los nuevos
trabajadores a las AFJP. De aquí en más, los aportes
al Estado hasta 1994, cuando comenzó el régimen de
capitalización individual, serán entregados mensualmente
a las compañías de seguros de retiro que los beneficiarios
contraten para administrar sus fondos.
Hasta ahora, Anses cancelaba el total de los aportes en el momento
en que el trabajador se jubilaba. La propuesta no es más
que un manejo financiero que permitirá postergar el pago
de 300 millones de pesos anuales. La idea generó resistencias
el año pasado porque las AFJP, que pertenecen a los mismos
bancos que las compañías de seguros de retiro, exigen
recibir el total de los aportes de los trabajadores de una sola
vez, en el momento de la jubilación.
La principal cuestión a definir es si el Estado abonará
por la postergación del pago una tasa de interés.
Hasta el momento los aportes realizados al Estado iban a engrosar,
junto con el saldo de la cuenta de capitalización individual,
el fondo que la compañía de retiro iba a administrar.
Durante el período en que el beneficiario cobraba sus haberes,
esos fondos iban devengando intereses que, según la estrategia
comercial de la compañía de seguro, volvían
en parte al beneficiario. Si el Estado abona una tasa de interés
por el cambio de modalidad nada cambiará para el jubilado.
En caso contrario, seguramente, la iniciativa de Campero, apoyada
por Bullrich, terminará reduciendo los haberes previsionales
futuros.
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El
FMI quiere el ajuste sin baja de impuestos
La misión del FMI que arribó ayer a Buenos Aires le anticipó
a López Murphy que no aceptará bajas de impuestos. En
cambio, hará público su
respaldo al ajuste.
Tomás
Raichmann, el nuevo
jefe de las misiones a Argentina.
Dicen que tiene una mayor “visión política”
que Ter Minassian.
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El Fondo Monetario
Internacional ya le anticipó a Ricardo López Murphy que
no admitirá una reducción del impuesto a las Ganancias a
la espera de que la reactivación de la economía signifique
un aumento de la recaudación en el futuro. Así se lo anticipó
el director del Hemisferio Occidental del Fondo, el argentino Claudio
Loser, y lo ratificó la misión técnica que desembarcó
ayer en Buenos Aires. Esta misión empezó a revisar informalmente
la marcha del programa acordado con el FMI, que tendrá un desvío
en la meta de déficit fiscal del primer trimestre que deberá
ser compensado con más ajuste en lo que resta del año. Los
hombres del Fondo quieren seguir de cerca las medidas que anunciará
López Murphy y, al mismo tiempo, darle el aval “in situ”
al ajuste que se viene.
Ayer una avanzada de técnicos del FMI fue presentada a López
Murphy, al secretario de Hacienda, Daniel Artana, y al secretario de Política
Económica, Federico Sturzenegger, por el representante del organismo
en el país, el francés Terrier. Para hoy se espera el arribo
del chileno Tomás Raichmann, el jefe de ahora en más de
las misiones a la región en reemplazo de Teresa Ter Minassian,
que fue ascendida a otro puesto dentro de la institución. El ministro
de Economía y sus principales colaboradores negociarán con
Raichmann cómo se compensará el desfasaje de la meta de
déficit del primer trimestre con un mayor apretón fiscal
a partir de abril, de modo tal de asegurarse el cumplimiento de la meta
anual de déficit fijada en 6500 millones de pesos.
Según los cálculos de Economía, el desvió
para el primer trimestre rondaría los 400 millones, aunque el jefe
de asesores de Murphy, Fernando Navajas, habló de un rojo por encima
de la meta de 700 millones, con la intención de ganar más
espacio político para el ajuste. A su vez, para todo el año,
el apretón fiscal necesario para rencauzar el programa varía,
según la fuente, entre 1000 y 1500 millones, aunque –de nuevo–
los hombres de FIEL prefieren tomar como válida esta última
estimación.
Sea como fuere, Raichmann tendrá el privilegio de mirar con detenimiento
las medidas que prepara el ministro de Economía antes de que las
conozcan los principales dirigentes de la Alianza y ministros del gabinete
nacional. López Murphy necesita cerrar el acuerdo con el Fondo
antes del anuncio del paquete de medidas no sólo para presentarlas
a los “mercados” con la garantía del Fondo sino también
para aprovechar el respaldo del organismo, que presionará públicamente
por su aprobación frente al ala política de la Alianza.
Tal aval se reforzaría en caso de que Loser, el argentino de más
alto rango en el Fondo, confirmara que pasará por Buenos Aires
el viernes, en tránsito hacia la reunión anual del BID que
se inicia el fin de semana en Santiago de Chile.
El propio Loser telefónicamente y los técnicos que llegaron
ayer al país ya dejaron en claro al nuevo equipo económico
lo siguiente:
No aceptarán rebajas
impositivas con el argumento de que podrían alentar el consumo
y la reactivación de la economía, lo cual a su turno aumentaría
la recaudación. Por eso, desecharon de plano la posibilidad de
disminuir las alícuotas del impuesto a las Ganancias elevadas el
año pasado por Machinea. Por el contrario, obviamente, apoyan una
eventual generalización del IVA y Ganancias a los sectores hoy
exentos.
Tarde o temprano, en los próximos
meses habrá que negociar llevar el programa de ajuste a las administraciones
provinciales y, en particular, a la provincia de Buenos Aires, que elevó
sustancialmente su déficit en el último año y explica
más de la mitad del déficit total de las provincias.
El Fondo no admitirá
desbordes en el gasto durante la campaña electoral e incluso alentará
suspender o postergar obras públicas como instrumento para equilibrar
las cuentas fiscales en el corto plazo.
Respecto del resto de las medidas en carpeta de López Murphy, el
FMI las avalará sin reparos. Hace tiempo que los técnicos
de Washington presionan por la reorganización de la Anses, con
podas en las asignaciones familiares incluida; el establecimiento de un
tope de 3100 pesos a las jubilaciones, y el recorte de todas las jubilaciones
especiales y deprivilegio otorgadas por las cajas de previsión
provinciales. Por otro lado, todo lo que sea reducción de gasto
público por achique de la estructura estatal en el Fondo es bueno.
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