“Me lo pude haber cruzado o una cosa por estilo, pero nunca tuve con él una relación directa.” María Julia Alsogaray salió así al cruce de la información publicada ayer por Página/12 acerca de que la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y Contrabando (Ufitco) rastrea la relación entre la ex funcionaria menemista y el asesinado financista Mariano Perel, así como su vinculación con el Banco Mercurio, especializado según el financista en operaciones para justificar maniobras de evasión y lavado de dinero.
Lo cierto, sin embargo, es que los investigadores la tienen bajo la lupa porque la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había detectado la existencia de pagarés mellizos o trillizos, algunos a nombre de Alcatel, que habrían servido para canalizar supuestas coimas en la privatización de ENTel y tiene motivos para hacerlo: “Los pagarés originales de Alcatel, ENTel y María Julia los tengo yo en mi oficina de Nueva York”, repitió varias veces a fines del año pasado Perel, quien el 4 de febrero apareció muerto junto a su esposa, Rosa Golodnitzky, en una cabaña de Cariló.
En la pesquisa de la Ufitco, a cargo de Maximiliano Rusconi, se encontraron, además, relaciones de María Julia con el Banco Mercurio, una entidad a la que Perel señala como una pantalla detrás de la cual se mueve un 90 de operaciones en negro. El financista sostiene en sus papeles que el Mercurio tenía entre sus especialidades las “justis” –operaciones de justificación– para lavar dinero o evadir impuestos. Los directivos del banco fueron denunciados ayer por Rusconi (ver página 18).
“Según me enteré, Perel era síndico de Alcatel”, dijo María Julia, pero aclaró que “cuando yo hablaba con gente de Alcatel, me recuerdo que trataba con (Ernesto) Luzuriaga”. Alcatel era la proveedora de la ex ENTel en la época de su privatización y Luzuriaga su presidente. Sobre Perel, la ex funcionaria menemista admitió que “me lo pude haber cruzado o una cosa por el estilo”, aunque aseguró que “nunca tuve con él una relación directa, nunca me pidió una entrevista, nunca tuve ninguna conversación sobre temas de mi jurisdicción con él”.
Alsogaray atribuyó una vez más las investigaciones que la tienen por objeto a una campaña del Gobierno y cuestionó a la Oficina Anticorrupción por haber solicitado su indagatoria como supuesta cabecilla de una asociación ilícita, en el caso que involucra al ex titular de la Administración Nacional del Agua, Mario De Marco Naón. “La Oficina Anticorrupción está cumpliendo con la ley de obediencia debida de tratar de encontrar alguna forma de generar cárcel para los llamados emblemáticos (de la gestión menemista), definidos así durante la campaña por el que ya no está más”, advirtió en referencia al ex vicepresidente Carlos Alvarez.
En esa misma línea, la ex secretaria de Medio Ambiente del menemismo afirmó que la actual gestión de la Alianza “tiene un mecanismo muy perverso, persecutorio y descriminatorio porque normalmente cuando hay un delito hay que identificar al culpable. Pero acá se hace al revés: se dice que tal persona tiene que ser culpable y hay que buscarle los delitos”.
“Indudablemente debo haber cometido errores, pero errores son una cosa y actos ilícitos y daños voluntarios son otra”, afirmó Alsogaray y realizó una encendida defensa de su paso por la función pública: “Tengo absoluta responsabilidad de haber participado en un proceso que hizo que en la Argentina, en este momento, tengamos teléfonos; de haber participado en una privatización que hizo que una empresa como Somisa se haya convertido en un puntal de la producción de acero en la Argentina y la región. Tengo absoluta responsabilidad de haber participado en el establecimiento de políticas y de temas ambientales que han desaparecido de todos lados desde el momento en que se fue el presidente (Carlos) Menem”.

PRESENTARAN UNA DENUNCIA QUE TOCA A LA SIDE
Una cuenta secreta en el Roberts

Por I.H.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) presentará en los próximos días ante la Justicia una denuncia que afecta a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a quien fue su titular durante el primer tramo del gobierno de la Alianza, Fernando de Santibañes. Los investigadores constataron lazos entre una cuenta secreta del Banco HSBC (ex Roberts) –que tuvo un sospechoso movimiento de un millón de dólares entre julio y setiembre del año pasado– y la central de inteligencia. El destino incierto de fondos de la SIDE es, además, una pista clave en la investigación de las coimas pagadas a senadores para que votaran la reforma laboral, ya que una de las hipótesis indica que de allí pudo haber salido el dinero.
La Ufitco, que lidera Maximiliano Rusconi, denunciará evasión impositiva, pero también apuntará a la posible malversación de fondos, defraudación e incumplimiento de los deberes. La denuncia abarcará a agentes y ex agentes de inteligencia, y llegaría a De Santibañes.
La pesquisa comenzó analizando la cuenta bancaria en cuestión al detectar que en un lapso de 45 días había recibido 1 millón de pesos y, sin embargo, el importe no fue informado a la AFIP como ingreso de la empresa titular. Según un borrador de la presentación de la Ufitco “surge una evasión impositiva de más de 150.000 pesos”. Ocurre que la firma titular de la cuenta era IDIS SRL que, todo indica, es una sociedad fantasma creada por la SIDE. Los depósitos de dinero en la cuenta se hicieron llamativamente por ventanilla y en efectivo. Uno de ellos fue de 530 mil pesos. Los retiros los hacían en cheques, en su mayoría por 8000 pesos –la cifra límite para evitar el ingreso de los datos a la AFIP–, quienes aparecían como empleados de esa sociedad. También hubo retiros de 20.000, 30.000, 45.000 y 125.000. Con todo, IDIS declaraba sueldos de unos 500 pesos, a pesar de lo cual uno de los supuestos empleados tiene siete inmuebles, y otro acreditaciones bancarias por casi 200 mil pesos.
El borrador, al que tuvo acceso Página/12, teje el siguiente entramado: Los socios actuales de IDIS declaran tener relación de dependencia, pero ningún empleador los reconoce. “El empleador fantasma se presume que es la SIDE”, dice el paper. Similares rasgos tienen los socios anteriores y los que están en edad jubilatoria sufren retenciones de la Caja de la Policía Federal, que abona la jubilación de quienes trabajaron en la SIDE.
El número de teléfono que IDIS informó al banco está a nombre de CF COM, que no está en el padrón de la AFIP pero según los registros de Telefónica de Argentina tiene por lo menos 15 líneas de teléfono. A través de una de ellas se comunicó con el número que IDIS dio unas 93 veces entre julio y setiembre. Ante la telefónica, CF COM declara como domicilio el de 25 de Mayo 11, la sede central de la SIDE, y Avenida de Mayo 1370, piso 6º, oficina 133, propiedad de la empresa fantasma Tiumayu SA, titular de más de una decena de inmuebles de la Secretaría. El asunto de los inmuebles y otras firmas virtuales lo analiza la jueza María Servini de Cubría.
Según allegados a ex empleados de la SIDE, es sospechoso que los movimientos se hicieran por un banco privado “si se trata de fondos estatales”, y que en su mayoría fueron “en el año de la reforma laboral mientras que en 1999 casi no hubo movimientos”. Entretanto, el juez Gabriel Cavallo, a cargo de la causa de las coimas, sigue de cerca la pista del dinero negro de la SIDE.

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