Por Washington Uranga
El obispo Ramón Stafolani,
titular de la diócesis de Río Cuarto, es desde ayer el nuevo
secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
en reemplazo del laico Guillermo García Caliendo, que había
sido seriamente cuestionado por una parte del Episcopado argentino a partir
de su público alineamiento político y sindical con el movimiento
que lidera Hugo Moyano, hecho que los obispos consideran incompatible
con el ejercicio de una función que supone un alto nivel de representatividad
de la institución eclesiástica.
Con la separación de García Caliendo de la secretaría
ejecutiva de Pastoral Social se cierra un capítulo que generó
serias tensiones dentro del Episcopado desde el 31 de mayo del año
anterior, oportunidad en la que el ahora ex secretario del cardenal Raúl
Primatesta subió al palco montado en la Plaza de Mayo para junto
a Hugo Moyano y los dirigentes de la CGT disidente hacer un encendido
discurso en contra del modelo económico y del FMI. La actitud de
García Caliendo le valió en esa oportunidad una expresa
desautorización de la Comisión Ejecutiva del Episcopado
encabezada por el arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic. Frente
a las críticas del Episcopado, el propio García Caliendo
intentó plantear su posición como el resultado exclusivo
de su compromiso con las enseñanzas de la Iglesia, mientras varios
obispos, incluidos algunos de los miembros de Pastoral Social, lo acusaban
directamente de asumir posiciones político-partidarias incompatibles
con su cargo. No obstante las críticas, García Caliendo
permaneció en la Secretaría de Pastoral Social contando
con el respaldo incondicional del presidente de esa Comisión, el
arzobispo emérito de Córdoba, Raúl Primatesta.
La tensión entre Primatesta y los obispos de la Comisión
Episcopal con motivo de García Caliendo fue creciendo a medida
que el secretario ejecutivo insistía en sus actitudes y se repetían
sus apariciones públicas junto a Moyano y otros dirigentes sindicales.
El punto crítico se planteó en la última semana de
diciembre pasado, cuando el obispo Jorge Casaretto, presidente de Cáritas
y miembro de la Pastoral Social, presentó su renuncia irrevocable
como consecuencia de las discrepancias con García Caliendo. Tanto
Casaretto como otros obispos habían amenazado antes con la renuncia,
pero en todos los casos el cardenal Primatesta logró contener las
diferencias e imponer su autoridad moral por encima de las discrepancias.
Sin embargo la renuncia de Casaretto puso a los otros obispos de la Comisión
en una situación delicada y al punto de quedar desairados o de
que su silencio se interpretara como respaldo a García Caliendo.
Una reunión de los obispos de la Pastoral Social celebrada la semana
pasada en Buenos Aires fue presidida por José María Arancedo
(Mar del Plata) en ausencia del cardenal Primatesta, que se excusó
de asistir por razones de salud. Allí Arancedo, junto a Rafael
Rey (Zárate-Campana), Néstor Navarro (auxiliar de Bahía
Blanca) y Marcelo Melani (Viedma), decidieron viajar este martes a Córdoba
para reunirse con Primatesta y con el restante miembro de la Comisión,
Ramón Stafolani (Río Cuarto), que no participó de
la reunión de Buenos Aires. La decisión unánime fue
llegar a Córdoba para solicitar a Primatesta la separación
de García Caliendo. La reunión se realizó ayer y
de la misma no participó Casaretto, que estuvo en Azul.
La designación de Stafolani, un obispo que goza de la confianza
directa de Primatesta, permitiría ahora salvar la situación
de tensión planteada, pero además ofrece una explicación
en el sentido de que se ha buscado cubrir el estratégico cargo
de secretario ejecutivo de la Pastoral Social con una figura episcopal,
dada la importancia que el tema tiene para la Iglesia. El cardenal Primatesta
habría logrado salvar la figura de su colaborador directo asegurando
su continuidad simbólica como asesor de la Comisión de Pastoral
Social. Fuentes allegadas al propio García Caliendo señalaron
que el ahora ex secretario ejecutivo volvió a repetir lo yaafirmado
en el sentido de que los obispos lo castigan por defender
los principios que la Iglesia pregona en su doctrina social.
LA
DENUNCIA DE COIMAS AL SENADOR BODEGA EN CORDOBA
Amenazaron al denunciante
La actualidad de Córdoba
no es tan auspiciosa como le interesaría mostrar al gobernador
José Manuel De la Sota. Entre otras cosas, porque el peronismo
cordobés y sus aliados de la Ucedé siguen enredados en un
escándalo por el supuesto pago de una coima al ex senador frepasista
Jorge Bodega para que cambiara su voto y apoyara una ley considerada clave
por el Ejecutivo local. Y la trama ya tiene nuevos ingredientes: la pérdida
de una prueba del expediente e intimidaciones contra Alfredo Morhun, un
ex empleado de Bodega que realizó la denuncia.
La historia comienza en febrero del año pasado, cuando el gobierno
de De la Sota luchaba por aprobar en el Parlamento la Ley del Nuevo Estado,
que implicaba la privatización de la Empresa Provincial de Energía
(EPEC), el Banco de Córdoba y la Lotería de la provincia.
El trámite estaba parado en el Senado local, porque la Alianza
contaba con 34 votos y el oficialismo tenía 33; hasta que en la
sesión del 23 de marzo Bodega cambió su voto y le permitió
al gobierno cordobés sacar la ley. El costo que pagó el
cambiante senador fue ser expulsado del Frepaso.
Según Morhun, un mes antes de esa votación llevó
en un micro al legislador desde la localidad de Valle Hermoso a la capital
mediterránea, en donde en un bar céntrico dos hombres le
dieron un sobre de papel madera para el senador. En el viaje
de regreso el entonces legislador frepasista abrió el sobre, que
contenía 400 mil pesos. No te preocupes que por esta guita
nadie va preso, fue la primera exclamación de Bodega.
Las consecuencias del brusco cambio del senador no fueron sólo
políticas; el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba denunció
por presunto cohecho a Bodega, y a principios de este año Morhun
puso a la luz al presunto arreglo. Por su parte, el fiscal
Gustavo Sandoval imputó a éste como partícipe
necesario del cohecho, y posteriormente promovió una acción
penal contra el legislador.
Hasta el momento, tres vías ligan con el escándalo al presidente
del Senado local, el justicialista Carlos Presas; por un lado, Morhum
aseguró que antes de la famosa sesión Carlitos (Presas)
me dijo que quería hablar con Jorge, me dio una tarjeta con su
celular y se juntaron dos días más tarde en la casa de Bodega.
Por el otro, en una grabación telefónica en poder de la
Justicia el senador peronista dice que los costos políticos
los pagamos en dólares. Y el también senador Cuscui
afirmó que el propio Presas lo había tentado para que cambiase
su voto en la crucial elección.
Lo concreto es que la causa tuvo un sugerente contratiempo: la tarjeta
con el celular de Presas, que había aportado Morhun como prueba,
se perdió luego de que el fiscal general Marcelo Brito retirara
el expediente de la fiscalía de Sandoval. Morhun tampoco está
tranquilo: hace quince días un grupo de desconocidos baleó
su auto.
El affaire se convirtió en una piedra en el camino
para el gobernador De la Sota, que en su momento atribuyó la denuncia
a una campaña política, y ahora observa cómo
el escándalo crece día a día. No obstante, en el
gobierno cordobés insisten en minimizar el caso.
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