Por Washington Uranga

El obispo Ramón Stafolani, titular de la diócesis de Río Cuarto, es desde ayer el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en reemplazo del laico Guillermo García Caliendo, que había sido seriamente cuestionado por una parte del Episcopado argentino a partir de su público alineamiento político y sindical con el movimiento que lidera Hugo Moyano, hecho que los obispos consideran incompatible con el ejercicio de una función que supone un alto nivel de representatividad de la institución eclesiástica.
Con la separación de García Caliendo de la secretaría ejecutiva de Pastoral Social se cierra un capítulo que generó serias tensiones dentro del Episcopado desde el 31 de mayo del año anterior, oportunidad en la que el ahora ex secretario del cardenal Raúl Primatesta subió al palco montado en la Plaza de Mayo para –junto a Hugo Moyano y los dirigentes de la CGT disidente– hacer un encendido discurso en contra del modelo económico y del FMI. La actitud de García Caliendo le valió en esa oportunidad una expresa desautorización de la Comisión Ejecutiva del Episcopado encabezada por el arzobispo de Paraná, Estanislao Karlic. Frente a las críticas del Episcopado, el propio García Caliendo intentó plantear su posición como el resultado exclusivo de su compromiso con las enseñanzas de la Iglesia, mientras varios obispos, incluidos algunos de los miembros de Pastoral Social, lo acusaban directamente de asumir posiciones político-partidarias incompatibles con su cargo. No obstante las críticas, García Caliendo permaneció en la Secretaría de Pastoral Social contando con el respaldo incondicional del presidente de esa Comisión, el arzobispo emérito de Córdoba, Raúl Primatesta.
La tensión entre Primatesta y los obispos de la Comisión Episcopal con motivo de García Caliendo fue creciendo a medida que el secretario ejecutivo insistía en sus actitudes y se repetían sus apariciones públicas junto a Moyano y otros dirigentes sindicales. El punto crítico se planteó en la última semana de diciembre pasado, cuando el obispo Jorge Casaretto, presidente de Cáritas y miembro de la Pastoral Social, presentó su renuncia irrevocable como consecuencia de las discrepancias con García Caliendo. Tanto Casaretto como otros obispos habían amenazado antes con la renuncia, pero en todos los casos el cardenal Primatesta logró contener las diferencias e imponer su autoridad moral por encima de las discrepancias.
Sin embargo la renuncia de Casaretto puso a los otros obispos de la Comisión en una situación delicada y al punto de quedar desairados o de que su silencio se interpretara como respaldo a García Caliendo. Una reunión de los obispos de la Pastoral Social celebrada la semana pasada en Buenos Aires fue presidida por José María Arancedo (Mar del Plata) en ausencia del cardenal Primatesta, que se excusó de asistir por razones de salud. Allí Arancedo, junto a Rafael Rey (Zárate-Campana), Néstor Navarro (auxiliar de Bahía Blanca) y Marcelo Melani (Viedma), decidieron viajar este martes a Córdoba para reunirse con Primatesta y con el restante miembro de la Comisión, Ramón Stafolani (Río Cuarto), que no participó de la reunión de Buenos Aires. La decisión unánime fue llegar a Córdoba para solicitar a Primatesta la separación de García Caliendo. La reunión se realizó ayer y de la misma no participó Casaretto, que estuvo en Azul.
La designación de Stafolani, un obispo que goza de la confianza directa de Primatesta, permitiría ahora salvar la situación de tensión planteada, pero además ofrece una explicación en el sentido de que se ha buscado cubrir el estratégico cargo de secretario ejecutivo de la Pastoral Social con una figura episcopal, dada la importancia que el tema tiene para la Iglesia. El cardenal Primatesta habría logrado salvar la figura de su colaborador directo asegurando su continuidad simbólica como asesor de la Comisión de Pastoral Social. Fuentes allegadas al propio García Caliendo señalaron que el ahora ex secretario ejecutivo volvió a repetir lo yaafirmado en el sentido de que los obispos lo “castigan” por defender los principios que la Iglesia pregona en su doctrina social.

LA DENUNCIA DE COIMAS AL SENADOR BODEGA EN CORDOBA
Amenazaron al denunciante

La actualidad de Córdoba no es tan auspiciosa como le interesaría mostrar al gobernador José Manuel De la Sota. Entre otras cosas, porque el peronismo cordobés y sus aliados de la Ucedé siguen enredados en un escándalo por el supuesto pago de una coima al ex senador frepasista Jorge Bodega para que cambiara su voto y apoyara una ley considerada clave por el Ejecutivo local. Y la trama ya tiene nuevos ingredientes: la pérdida de una prueba del expediente e intimidaciones contra Alfredo Morhun, un ex empleado de Bodega que realizó la denuncia.
La historia comienza en febrero del año pasado, cuando el gobierno de De la Sota luchaba por aprobar en el Parlamento la Ley del Nuevo Estado, que implicaba la privatización de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), el Banco de Córdoba y la Lotería de la provincia. El trámite estaba parado en el Senado local, porque la Alianza contaba con 34 votos y el oficialismo tenía 33; hasta que en la sesión del 23 de marzo Bodega cambió su voto y le permitió al gobierno cordobés sacar la ley. El costo que pagó el cambiante senador fue ser expulsado del Frepaso.
Según Morhun, un mes antes de esa votación llevó en un micro al legislador desde la localidad de Valle Hermoso a la capital mediterránea, en donde en un bar céntrico dos hombres le dieron “un sobre de papel madera” para el senador. En el viaje de regreso el entonces legislador frepasista abrió el sobre, que contenía 400 mil pesos. “No te preocupes que por esta guita nadie va preso”, fue la primera exclamación de Bodega.
Las consecuencias del brusco cambio del senador no fueron sólo políticas; el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba denunció por presunto cohecho a Bodega, y a principios de este año Morhun puso a la luz al presunto “arreglo”. Por su parte, el fiscal Gustavo Sandoval imputó a éste como “partícipe necesario del cohecho”, y posteriormente promovió una acción penal contra el legislador.
Hasta el momento, tres vías ligan con el escándalo al presidente del Senado local, el justicialista Carlos Presas; por un lado, Morhum aseguró que antes de la famosa sesión “Carlitos (Presas) me dijo que quería hablar con Jorge, me dio una tarjeta con su celular y se juntaron dos días más tarde en la casa de Bodega”. Por el otro, en una grabación telefónica en poder de la Justicia el senador peronista dice que “los costos políticos los pagamos en dólares”. Y el también senador Cuscui afirmó que el propio Presas lo había tentado para que cambiase su voto en la crucial elección.
Lo concreto es que la causa tuvo un sugerente contratiempo: la tarjeta con el celular de Presas, que había aportado Morhun como prueba, se perdió luego de que el fiscal general Marcelo Brito retirara el expediente de la fiscalía de Sandoval. Morhun tampoco está tranquilo: hace quince días un grupo de desconocidos baleó su auto.
El “affaire” se convirtió en una piedra en el camino para el gobernador De la Sota, que en su momento atribuyó la denuncia a una “campaña política”, y ahora observa cómo el escándalo crece día a día. No obstante, en el gobierno cordobés insisten en minimizar el caso.

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