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Por Andrés Osojnik
 La saga de lavado, evasión,
aprietes y maniobras sucias de todo tipo que sacó a luz la muerte
de Mariano Perel comenzó su aterrizaje en la Justicia federal.
Ayer, la Procuración General de la Nación, a través
de los fiscales que investigan la evasión y el contrabando, presentó
en los Tribunales de Comodoro Py dos denuncias: en una, acusa al ex titular
de la SIDE Hugo Anzorreguy por el espionaje clandestino a Luis Moreno
Ocampo; en la otra, pide que se vuelva a investigar a los responsables
del Banco Mercurio –donde trabajaba Perel–, esta vez por “asociación
ilícita”. Una y otra denuncia están sustentadas en
una serie de documentos escritos por el propio financista, encontrados
después de su muerte en Cariló.
Estas dos primeras denuncias inauguran lo que promete ser una seguidilla
de presentaciones en la Justicia como derivación del caso Perel,
que reveló el mecanismo de las operaciones ilícitas en el
ámbito económico. En lista de espera para ser llevados a
Tribunales están varios ex funcionarios menemistas y uno que sobrevive
en la actual gestión.
El pilar de toda la investigación que lleva adelante la Unidad
Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco)
es la ya famosa carta de Perel a su familia, escrita en 1996 como instructivo
para que su gente supiera cómo “apretar” a diversos personajes
en caso de que a él le pasara algo. Pero ese documento no es el
único. En la Ufitco se analiza una serie de archivos del financista
que pueden deparar más de una sorpresa.
Tal como anticipó este diario, los directivos del Banco Mercurio
fueron puestos otra vez en la mira. Se trata de la entidad en la que se
desempeñó Perel desde 1994 hasta 1996 y que fue investigada
en ese último año por contrabando por el juez Julio Cruciani.
Perel se fue de allí en malos términos luego de esa investigación,
que terminó en el sobreseimiento de todos los involucrados. Ahora,
la Ufitco considera en su denuncia que los testimonios escritos de Perel
aportan suficientes pruebas para que los responsables del banco sean nuevamente
puestos bajo la lupa.
Es más: el grupo de fiscales que comanda Maximiliano Rusconi acusó
a los directivos del Mercurio de haber conformado una “asociación
ilícita” que favorecía la evasión tributaria
de sus clientes. En su carta-testamento, Perel describe que el banco vendía
“justificaciones”: “Una justi -escribió el financista–
es una operación que tiene partes blancas en la Argentina, que
le sirven al cliente para justificar que tuvo una pérdida que en
realidad no tuvo, y descontarla de sus impuestos, o una ganancia que en
realidad no tuvo, para mejorar su balance”. “Los fondos los
provee el propio banco de su movimiento en negro”, detalló
Perel.
Cuando el mes pasado la Procuración de la Corte bonaerense reveló
el hallazgo de toda esa información y el traspaso de esa parte
de la causa a la Procuración nacional, el Banco Mercurio salió
al contraataque con una solicitada en la que aseguraba que se trata de
“situaciones que ya fueron resueltas por la Justicia” y recordaba
que “el juez desvinculó por completo a funcionarios y directivos
del Banco Mercurio”. En la Ufitco existen críticas sobre la
investigación de Cruciani, a la que consideran incompleta. En su
carta, Perel describió con detalles lo que podría interpretarse
como la ruta del dinero sucio: siempre según el financista, el
Mercurio operaba con dos bancos off shore, uno en Uruguay (Intercontinental
Bank of Uruguay) y otro en Bahamas (American Bank & Trust) para hacer
maniobras de triangulación.
Todas esas operatorias deberán ser investigadas ahora por el juez
federal Claudio Bonadío. La denuncia involucra en la “asociación
ilícita” a varios directivos del Mercurio, propiedad de los
hermanos Benadón, y a varios de sus funcionarios como “partícipes
necesarios”.
La otra presentación tiene como eje el caso de espionaje ilegal
al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, también de 1996. La extensa carta
de Perel también incluyó minuciosos detalles sobre una maniobrasucia
de la SIDE para desprestigiar a quien desde el gobierno de entonces se
consideraba –según ese escrito– un adalid anticorrupción.
El financista reveló que desde la central de inteligencia contrataron
a su entonces socio (y ex militar y ex funcionario de la propia SIDE)
Carlos Doglioli para montar la campaña contra Moreno Ocampo. Y
contó que la tarea fue encargada por Alejandro Mac Farland, cuñado
de Anzorreguy y por entonces funcionario de la SIDE. La misión
incluía el contrabando de los equipos para el espionaje y 250.000
dólares para la puesta en marcha del trabajo.
Ayer, la Ufitco acusó en su denuncia a Anzorreguy (el entonces
titular de la SIDE) por “contrabando” y “malversación
de caudales públicos”, al haber destinado, según Perel,
dinero oficial para un espionaje ilícito. La causa quedó
en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. También fueron involucrados
Mac Farland y el propio Doglioli, el ex militar que ya declaró
en Dolores en la causa en la que se investiga la muerte de Perel. Su testimonio
no aportó datos de relevancia. Ahora tendrá una nueva oportunidad
para contar todo lo que sabe sobre Perel y sus negocios sucios.
OTRO
POLICIA AMEDRENTADO POR SUS EX SUPERIORES
La larga lista de los amenazados
El cabo Juan José Langelotti
–uno de los treinta y cinco policías que denunciaron a sus
superiores del Comando de Patrullas de Vicente López por cometer
varios delitos– tuvo también su momento negro: al llegar a
la comisaría donde trabaja, en Florida, encontró en la puerta
a dos de los oficiales a los que había acusado. El dúo no
tenía por qué estar allí, ya que habían sido
separados de su cargo después de la denuncia. El cabo entró
en la seccional para denunciar lo que consideraba un acto intimidatorio;
cuando salió, de los policías no quedaba más rastro
que un montón de rayones y tajos en las llantas de su auto Fiat
Uno.
Langelotti se suma al grupo de testigos que fueron intimidados luego de
su denuncia. En marzo del año pasado, el cabo Omar Soto fue amenazado
de muerte. Dos días después, la esposa de otro testigo fue
atacada en su casa de Los Polvorines. La golpearon, la manosearon e intentaron
asfixiarla con una bolsa. El cabo Carlos Salamón denunció
a su superior en el Comando, comisario Adalberto Farías, por “abuso
de autoridad”, después de que éste lo arrestara por
cinco días por una supuesta falta y lo mandara a un psiquiatra
para intentar demostrar su ineptitud para el cargo. La semana pasada,
Farías fue procesado.
La situación de los testigos se agravó a principios de este
año, cuando el juez de feria Diego Barroetaveña dio a conocer
sus nombres a la defensa de los acusados, por considerar que la declaración
bajo “identidad reservada” vulneraba el derecho a defensa en
juicio.
El escándalo del Comando estalló a principios del año
pasado, a partir de las denuncias de 35 suboficiales ante el fiscal Collantes
y la jueza Marcela De Langhe. Los investigadores determinaron que los
jefes del Comando y de la comisaría de Florida brindaban servicios
de vigilancia adicional para distintas empresas de la zona y se quedaban
con los honorarios en vez de enviarlos a la Jefatura de La Plata. Los
acusados fueron detenidos en diciembre de 2000, pero no pasaron mucho
tiempo tras las rejas: durante la feria judicial, el juez Barroetaveña
ordenó su liberación.
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