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Por Mariana Carbajal
 La Corte Suprema de Justicia
rechazó ayer un planteo de una empresa de medicina prepaga que
pretendía no cubrir los tratamientos contra el VIHsida y la drogadicción
a sus afiliados. Con su decisión, el máximo tribunal revocó
un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social en favor del
Plan de Salud del Hospital Británico. Al fundamentar su voto, el
juez Adolfo Vázquez advirtió que al hacer lugar a la demanda
de la prepaga los jueces de segunda instancia recurrieron a “criterios
estrictamente mercantiles, olvidando por completo el significado que tiene
la salud para las personas”. La sentencia de la Corte fue aplaudida
por fundaciones de asistencia a infectados por el VIH, que la consideraron
“excelente”, y pidieron controles sobre las prepagas para evitar
que las empresas hagan “lo que quieran”. “El mayor problema
que vemos es que las prepagas son muy reacias a cubrir el ciento por ciento
de los medicamentos como marca la ley. Recibimos muchas denuncias de que
no están cumpliendo”, reveló Mabel Bianco, titular
del Programa Nacional de Lucha contra el Sida.
“Es un fallo muy importante porque será obligatorio para todos
los juzgados inferiores”, evaluó el abogado Ignacio Maglio,
jefe de la Sección de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz,
especializado en Derecho y salud. En su presentación, el Hospital
Británico reclamó que se declare “inconstitucional”
la ley 24.754 –sancionada por el Congreso en 1998– que extendió
a las empresas de medicina prepaga la obligación de prestar cobertura
sanitaria a los asociados que padecieran “contingencias derivadas
de la drogadicción y del contagio del virus del sida”. Como
argumento, la entidad aseguró que el gravamen que le ocasionaba
la aplicación de la norma le producía un perjuicio económico
que la colocaría al margen del mercado. Sin embargo, para la Corte
Suprema, el Hospital Británico nunca pudo demostrar con un “cálculo
siquiera aproximado” el “eventual incremento en los costos de
las prestaciones médicas”.
“Ahora, ninguna otra prepaga podrá hacer planteos de inconstitucionalidad
para no brindar cobertura en los casos mencionados”, señaló
Maglio, en diálogo con Página/12. En un comunicado de prensa,
la misma Corte Suprema destacó la importancia de la sentencia.
“Presenta trascendencia y actualidad porque ha sentado pautas importantes
de interpretación, de indudable proyección a casos futuros”,
sobre “el criterio estricto con que deben ser examinados los planteos
que pretenden (...) excluir a las empresas de medicina prepaga de las
obligaciones legales que les competen en la prevención y tratamiento
de los riesgos derivados del sida y la drogadicción”.
Al ser consultado por este diario, Carlos Narváez, gerente general
del Plan de Salud del Británico, aclaró que, a pesar del
reclamo judicial, la entidad “siempre dio cobertura” a los pacientes
con VIH y drogadependientes. No obstante, señaló que a partir
de la ley 24.754 sus costos se incrementaron entre un 20 y 25 por ciento.
“Consideramos que el Estado debería subsidiar a las prepagas
parte de las coberturas de los tratamientos de estas enfermedades”,
señaló.
El fallo fue celebrado por las fundaciones que trabajan con enfermos en
tratamiento. “Es una excelente noticia. La Corte Suprema no ha hecho
más que cumplir con su obligación, que es dictar justicia.
Cualquier otra resolución hubiese sido discriminatoria”, opinó
el infectólogo Pedro Cahn, presidente de la Fundación Huésped,
quien rechazó el argumento del Británico y negó que
las prepagas tengan pérdidas por atender a drogadictos y personas
con VIH.
Aunque la ley 24.754 obliga a las prepagas a cubrir los tratamientos por
el VIH, algunas empresas se resisten a cumplir la normativa, de acuerdo
a las “muchas denuncias” en ese sentido recibidas en el Programa
Nacional de Lucha contra el Sida, según precisó su titular.
“Hay dos problemas: por un lado, la letra chica de los contratos
a veces excluye la cobertura del VIH-sida y, si el afiliado lo firmó,
las prepagas se resisten a cumplir con la ley. Por el otro, muchas veces
la cobertura no garantiza ni lacontinuidad del tratamiento ni la triple
terapia, que es la más efectiva”, indicó Bianco.
“Si el paciente no sabe que tiene el derecho de una cobertura del
ciento por ciento en los medicamentos, no se lo ofrecen”, describió
a Página/12 Javier Hourcade Bellocq, coordinador del programas
de la Fundación Spes. “Las prepagas grandes tienen claro que
si no pueden probar que la enfermedad era preexistente a la afiliación,
tienden a cubrir sin vueltas, pero las empresas chicas primero dicen no,
después aceptan el 50 por ciento de los costos y por último,
si el afiliado reclama, cumplen con la ley”, agregó Hourcade
Bellocq. Para la titular de la Fundación Desida, Noemí Perelman,
falta un ente regulador sobre las prepagas. “No hay absolutamente
ningún control, por eso pueden hacer lo que quieren”, se quejó.
LOS
DIPUTADOS BUSCAN BAJAR EL PRECIO DE LOS REMEDIOS
Cambios a la Ley de Patentes
Por M.C.
La Cámara de Diputados
acordó por unanimidad tratar una modificación a la Ley de
Patentes que permitiría bajar el precio de los medicamentos nuevos,
entre ellos los que se usan para el sida y el cáncer. Se trata
de un proyecto del frepasista Rafael Flores, que contempla la posibilidad
de extender licencias obligatorias a laboratorios nacionales cuando el
remedio patentado no se fabrique en el país y su titular abastezca
el mercado local mediante la importación. “En productos nuevos,
el monopolio fija el precio más alto que el mercado puede pagar.
Al permitir que otros laboratorios fabriquen el mismo medicamento abrirá
la competencia y hará reducir los precios”, explicó
Flores el objetivo de su iniciativa.
El proyecto recibió el apoyo de Cooperala, la cámara que
agrupa a las pymes de la industria farmacéutica nacional. Pero
se descuenta que será fuertemente resistido por el nuevo equipo
económico liderado por Ricardo López Murphy. “FIEL
ha tenido siempre una posición militante a favor de los laboratorios
extranjeros”, advirtió Flores sobre la actitud frente a la
Ley de Patentes de la fundación a la que pertenece el ministro.
El miércoles de la semana pasada, Flores pidió en Diputados
“preferencia” para que la iniciativa sea tratada en el recinto
como primer asunto del día en la última sesión de
abril o en las que le sigan, una vez que tenga dictamen de comisión.
El cuerpo aprobó la propuesta por unanimidad.
El proyecto tiene una larga historia. Fue presentado cinco años
atrás, en 1996, cuando se sancionó la última versión
de la Ley de Patentes, pero quedó cajoneado en la Comisión
de Industria por el fuerte lobby de los laboratorios extranjeros y la
embajada de Estados Unidos. La semana anterior fue reflotado por Flores.
La iniciativa no desconoce los derechos de patentes y empezaría
a regir para los productos nuevos. Los laboratorios nacionales que sean
habilitados para fabricar la misma droga en el país deberán
pagar las correspondientes regalías al poseedor de la patente.
Uruguay y Brasil cuentan con legislaciones similares.
Cooperala venía bregando por una cláusula de fabricación
local desde hacía tiempo. “Su aplicación redundará
en una amplia competencia entre laboratorios que bajará los precios
de los medicamentos”, estimó Clara Suárez, directora
ejecutiva de la entidad. “Hoy la composición de los precios
de los medicamentos nuevos es totalmente artificial. Aprovechando el monopolio,
los laboratorios fijan el precio más alto que el mercado está
dispuesto a pagar. Sin esa cláusula está en juego la accesibilidad
de los pacientes a los medicamentos”, opinó Flores. La Ley
de Patentes comenzó a regir en octubre pasado. En su versión
original incluía una cláusula de fabricación local
como la que propone Flores, pero fue vetada por el ex presidente Carlos
Menem.
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