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La primera semana del gobierno del super halcón Ariel Sharon no
vio ni el asesinato en masa de palestinos ni la reconquista a sangre y
fuego de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, la política de seguridad
que impulsa su gobierno de unidad nacional parecería ser casi tan
dañina para su imagen en el exterior como estas medidas más
dramáticas. Al menos, su gobierno está recibiendo cada vez
mayor presión desde Europa y Estados Unidos para que aligere el
bloqueo económico contra los territorios palestinos. Durante su
visita ayer a Israel, el comisionado de la Unión Europea (UE) Chris
Patten enfatizó a Sharon que “si la situación económica
palestina sigue deteriorándose, entonces será más
difícil relanzar el proceso de paz”. Como un gesto hacia estos
reclamos, el premier permitió un levantamiento parcial del asedio
a la ciudad de Ramalá. Pero al mismo tiempo ordenó cercar
otras cuatro ciudades. Y tanto él como su canciller laborista Shimon
Peres recalcaron que el bloqueo era crucial para impedir atentados y posibilitar
la reanudación de las negociaciones.
La lógica de esta estrategia se remonta varias décadas en
la memoria institucional del Estado israelí, y de hecho fue implementada
por el mismo Sharon a fines de los ‘60 para pacificar la recientemente
conquistada Franja de Gaza. La proliferación de puestos de control
impedía la coordinación de operaciones terroristas, y obligaba
a potenciales insurgentes a salir de sus refugios y ser detectados por
el ejército israelí. El actual bloqueo general había
comenzado con la Intifada, y luego de la elección de Sharon, cuando
ya se registraba una escalada terrorista, las barreras israelíes
comenzaron a extenderse para subdividir los territorios, partiendo la
ciudad de Gaza en dos, por ejemplo, o aislando la ciudad de Jericó
tras una enorme trinchera. Naturalmente, esto sólo empeoró
la crisis económica, y actualmente la mitad de la población
palestina vive debajo de la línea de pobreza y aún más
depende de la ayuda internacional.
Este espectáculo de estrangulación económica está
causando la primera gran confrontación entre Sharon y la comunidad
internacional. Incluso la administración norteamericana, que se
mostró muy favorable al nuevo gobierno, enfatizó ayer que
“esperamos un alivio en la crítica situación económica
de los palestinos”. El comisionado Patten enfatizó que por
lo menos debía reanudarse la transferencia de fondos para que la
Autoridad Palestina sea capaz de pagar los salarios de sus fuerzas y evitar
que “no pueda hacer valer su autoridad”. El canciller francés
Hubert Vedrine hablaba ayer de suspender acuerdos de cooperación
económica si no se levanta el bloqueo, sugirió que “sólo
los enemigos de la paz pueden buscar este deterioro de económico”.
Patten, cuyo informe influirá en lo que decida la UE, consideró
ayer que “no creemos que las medidas de seguridad en los territorios
se justifican”.
Sus interlocutores israelíes no le prestaron mucha atención.
Contra el argumento de que no debía erosionarse la autoridad de
Arafat, el canciller Peres respondió que “sus fuerzas de seguridad
participan de la violencia y el dinero que le enviemos se convertirá
en sus salarios”. Y Sharon subrayó que “pagar el salario
de quienes lanzan atentados terroristas es inmoral”. En los hechos,
la presión europea no está surtiendo mucho efecto en la
estrategia israelí. El levantamiento ayer del bloqueo de Ramalá
fue parcial, tanto es así que la AP denunció que era “cosmético”.
Y las ciudades de Tulkarem, Kalkiliya y Hebrón amanecieron cercadas
por tropas israelíes.
NUEVO
EPISODIO DE VIOLENCIA RACISTA EN ESPAÑA
A los golpes con los inmigrantes
Por M. J. López
Díaz *
Desde
Almería
Un año y medio después
de la ola de ataques racistas contra trabajadores agrícolas extranjeros
en Andalucía, una nueva agresión parecería sugerir
que el síntoma ha llegado para quedarse. Tres menores de edad fueron
detenidos por la Guardia Civil tras la agresión a última
hora del viernes contra dos inmigrantes, uno de nacionalidad búlgara
y otro ecuatoriana, en la localidad murciana de Alquerías. Los
agresores, una veintena de jóvenes, iban encapuchados y portaban
bates de béisbol, cadenas y otros objetos contundentes. Todo apunta
a que los autores, que previamente incendiaron un depósito industrial
que era utilizado por inmigrantes para su alojamiento, tenían la
agresión perfectamente planificada, porque ocultaron sus rostros
con pasamontañas.
El ataque xenófobo se produjo horas después de que los vecinos
se manifestaran contra la delincuencia en Alquerías, que ha aumentado
en el último año. Los incidentes xenófobos del viernes
tuvieron lugar poco después de terminar una concentración
de protesta contra la delincuencia en Alquerías –que ha aumentado
en el último año– y a la que se dotó de una
vigilancia especial por parte de la policía local y de la Guardia
Civil. Terminado el acto, pacífico en todo momento, un grupo de
jóvenes que se desplazaba en ciclomotores y motocicletas se trasladó
hasta un depósito abandonado situado en las afueras de la localidad
y usado por algunos extranjeros como lugar de residencia. Una vez allí,
lanzaron una botella de agua mineral llenada previamente con gasolina
contra una caseta contigua al depósito.
Tras provocar un incendio que requirió la presencia de una dotación
de los bomberos, dos inmigrantes, un búlgaro de nombre Demetrio,
y un ecuatoriano llamado Wilson, fueron agredidos con bates de béisbol
y cadenas que portaban los adolescentes. Ninguna de las víctimas
residía en el lugar, que se incendió, y en donde fueron
golpeados. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que
los vecinos del lugar llamaron a la policía para denunciar la golpiza.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.
CONFLICTO
ENTRE AUSTRIA Y LA COMUNIDAD JUDIA
La última travesura de Joerg Haider
”Una parte del gobierno
austríaco desea aparentemente liquidar a la comunidad judía”,
dijo el lunes por la noche el presidente del consistorio israelita, Ariel
Muzicant. Esta declaración confirma que el conflicto entre el gobierno
de coalición de la derecha con la extrema derecha y la comunidad
judía no ha hecho más que profundizarse desde las declaraciones
antisemitas formuladas en febrero por el líder neonazi Joerg Haider.
Muzicant acusó al gobierno de querer “confinar a la comunidad
judía sólo en los museos”, en una entrevista en la
noche del lunes en la televisión.
El canciller conservador Wolfgang Schuessel respondió ayer señalando
que “nadie en el gobierno austríaco desea que la comunidad
sea liquidada”.
El diferendo gira en torno a una cuestión de dinero. Wolfgang Schuessel
se niega a entregar a la comunidad judía indemnizaciones suplementarias
a las previstas en dos acuerdos internacionales de indemnización
de víctimas del nazismo. Y la querella fue reencendida por el ultraderechista
Joerg Haider, que a finales de febrero pasado hizo un juego de palabras,
señalando que “no entiendo cómo alguien que se llama
Ariel puede tener las manos tan sucias”, asociando el nombre de Muzicant
y una marca de detergente, para aludir a las deudas de casi 40 millones
de dólares que pesan sobre la comunidad judía austríaca,
y para pagar las cuales necesita ayuda estatal.
Distanciándose de las declaraciones de Joerg Haider, Schuessel
rechazó este jueves las bromas “sobre los apellidos”.
Pero se frenó mucho antes de reconocer que las declaraciones de
Haider, su socio en el gobierno, eran antisemitas. Por su parte, el secretario
general del FPOE (partido de Haider), Peter Sichrovsky, miembro de la
comunidad judía, contraatacó a Muzicant acusándolo
de utilizar una “terminología nazi”.
Austria se comprometió a pagar indemnizaciones por un monto de
436 millones de euros (unos 400 millones de dólares) a los trabajadores
forzados durante la segunda Guerra Mundial y 520 millones de euros por
los bienes robados a los judíos. Muzicant, que se negó a
firmar el acuerdo sobre la indemnización de los bienes robados,
señala que sólo 3% de los bienes de la comunidad judía
destruidos por los nazis fueron reembolsados por el Estado después
de la guerra. La comunidad judía tenía antes de la guerra
de 55 sinagogas, decenas de escuelas, obras sociales, y administraba 700
asociaciones y fundaciones.
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