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Por Susana Viau
 Luis Balaguer, quien junto a
Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez inició las investigaciones
sobre lavado de dinero, reveló a Página/12 que tanto la
Compañía General de Negocios como el Intercontinental Bank
of Uruguay, dos de las vías por las que circuló la coima
del contrato IBM-Banco Nación, tenían cuentas en el Federal
Bank, por las que “movían cientos de millones de dólares”.
La Compañía General de Negocios es la off shore del Banco
General de Negocios, propiedad de los hermanos José y Carlos Rohm,
dueños también del privatizado Banco de Santa Fe; el Intercontinental
Bank of Uruguay es la off shore del Banco Mercurio, centro de atención
de los investigadores del asesinato del financista Mariano Perel. Balaguer
sostuvo también que en pocas semanas se conocerá “la
verdadera naturaleza de las relaciones entre el Federal Bank y el Banco
Central”.
–Linda Gustitus, la asesora del senador Carl Levin, sostuvo que Daforel
operaba con el Federal Bank. ¿En qué consistían esas
operaciones?
–Esa compañía uruguaya cuya titularidad se le atribuye
a Emir Yoma y que está unida a los principales hechos de corrupción
del menemismo (ventas de armas, contrato IBM-Banco Nación y contrabando
de oro) tenía cuenta en el Federal Bank y operaba fuertemente.
Además de ello inyectó en el Federal Bank importantes sumas
a través de American Exchange Co., la sociedad panameña
que pertenece a Raúl Moneta, aunque él niegue su titularidad.
–Usted dice que “operaban fuertemente”. ¿De qué
sumas está hablando?
–Y... hablamos de unos cuantos millones de dólares.
–¿Pudo observar si en los movimientos del Federal Bank aparecen
otras firmas involucradas en escándalos de corrupción?
–Yo diría que casi todas. De los 21 millones de dólares
de coimas generadas por el contrato IBM-Banco Nación que fueron
depositados en el Banco General de Negocios, 10,5 millones fueron transferidos
a su off shore en el Uruguay, la Compañía General de Negocios;
desde allí pasaron a varios bancos, entre otros al Citibank de
Zurich y al de Nueva York. Así llegaron a las cuentas de sus destinatarios
finales: los hermanos Aldo y Mario Dadone, Alfredo Aldaco, Genaro Contartese.
Una segunda parte de la coima del contrato IBM-Banco Nación –520.000
dólares– fue transferida por la Compañía General
de Negocios a Intercontinental Bank of Uruguay, una off shore no declarada
del Banco Mercurio que Página/12 sacó a luz mostrando las
triangulaciones sospechosas que se hacían entre ella, el Mercurio
y, fíjese usted qué casualidad, el Citibank. Una tercera
parte –800.000 dólares– fue remitida por la Compañía
General de Negocios a la compañía norteamericana Brown Brothers
Harriman, donde apareció como beneficiaria la Cooper National Corporation,
una sociedad atribuida a los hermanos Dadone. Esa fue la ruta de las coimas:
Banco General de Negocios, Intercontinental Bank of Uruguay, Brown Brothers
Harriman. Ahora bien, lo que venimos a saber ahora es que la Compañía
General de Negocios tenía cuenta en el Federal Bank y a través
de ella movió cientos de millones de dólares desde diciembre
de 1992 hasta octubre de 1998; el Intercontinental Bank of Uruguay tenía
cuenta en el Federal Bank y operó importantes sumas de dinero y,
por último, Brown Brothers Harriman también tenía
cuenta en el Federal Bank, registrándose sus primeros movimientos
en marzo de 1993.
–¿Qué responsabilidad le cabe al Banco Central en todas
estas operaciones de lavado de dinero?
–La responsabilidad del directorio del Central en el lavado de dinero
del Federal Bank y el grupo Moneta es total. Por acción y por omisión.
Seguramente en poco tiempo más se conocerá la naturaleza
de las relaciones entre el Central y el Federal Bank, igual que los verdaderos
motivos por los que, hace pocas semanas, Javier Bolzico, miembro del directorio
del Central, presentó la renuncia a su cargo. También hay
responsabilidad activa del BCRA en las operaciones de lavado de dinero
de otros bancos.
–¿Cuáles?
–Hubo un puñado de bancos autodenominados mayoristas, sin
sucursales, con pocas cuentas corrientes, cuyos depósitos provenían
mayoritariamente de paraísos fiscales, que eran bancos lavadores
como era el caso del Banco República. Cuando la crisis del Tequila,
cayó la mayoría de los bancos oficiales de provincia y el
Estado creó el Fondo Fiduciario Nacional, financiado con un paradójico
“bono patriótico” aportado por los principales bancos
y a tasas de interés muy altas, que les significó un pingüe
negocio. Ese fondo fue utilizado para financiar el saneamiento de los
bancos provinciales a condición de ser privatizados. Los procesos
de privatización fueron dirigidos por el Banco Central, que hasta
les impuso a las consultoras que prepararan los pliegos de las licitaciones
a medida. En el caso de Mendoza fraguaron un concurso de precios y contrataron
a Merril Lynch, donde estaba un hijo de Moneta. Merril Lynch está
involucrada en las operaciones del Federal Bank, por lo menos desde el
año 1993, o sea, mucho antes de la privatización de los
bancos mendocinos. En el resto de las provincias resultaron beneficiarios
de las privatizaciones bancos mayoristas de similares características:
el Banco Macro en las provincias del norte, Banco General de Negocios
en Santa Fe. Todos ellos están involucrados en las operaciones
del Federal Bank.
–Un tema que tiene en agenda la comisión que debe dictaminar
sobre la gestión de Pou es el de los bancos caídos.
–No es casual que muchos de ellos operaran con el Federal Bank a
través de sociedades off shore. Esa fue la situación del
Banco Feigin, que lo hacía a través de Feigin Investment
por cifras significativas, al igual que sus directivos y accionistas,
quienes siguieron operando con el Federal Bank aún después
de la caída del Feigin. Los directivos de ese banco eran muy amigos
de Moneta y con él hacían operaciones cruzadas para violar
las normas del BCRA en materia de préstamos a vinculadas. Cuando
cayó el Feigin, el directorio del Banco Central designó
como administrador del fideicomiso Feigin al Banco República, el
banco de Moneta. Era poner al zorro a cuidar el gallinero, lo cual demuestra
una vez más la complicidad del directorio del Central con Moneta.
En fin... hay que tener en cuenta que el directorio del BCRA es menemista.
Si hasta el síndico sigue siendo Raúl Menem, sobrino del
ex presidente.
–¿Qué bancos caídos operaron con el Federal
Bank?
–El Argemofin, el Banco Mayo a través de su off shore Mayflower
International Bank Ltd., utilizada en su vaciamiento, y el Extrader a
través de un banco off shore, Banque du Crédit et Investissement
(BCI), también utilizado en el vaciamiento de dicho banco, por
mencionar sólo algunos casos. Vale la pena recordar que la totalidad
de las sucursales y la tarjeta de crédito del Banco Mayo-Patricios
fueron entregadas por Pou al Citibank, pese a que había ofertas
superiores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, su propio
diario contó que Pablo Maggio, abogado del Citibank, era hasta
hace unos días asesor del director del Central Manuel Domper y
que el hermano de Maggio, el contador Federico Maggio, integrante del
mismo estudio jurídico, fue nombrado por Pou como perito en la
causa penal contra Moneta radicada en el Juzgado de Literas.
–Casi todos los protagonistas argentinos de la investigación
han sufrido algún tipo de hostigamiento. ¿Usted fue presionado?
–Los socios mendocinos de Moneta, el grupo Vila-Manzano, está
hecho a su imagen y semejanza. Tiene sus jueces y sus legisladores amigos
y me han armado una infame denuncia penal. Por esa razón acabo
de pedir el juicio político de tres magistrados: el camarista Arlington
Uliarte, ex empleado del Grupo Vila, ex interventor del correo por designación
de Roberto Dromi y despedido del Banco Mendoza porque, aprovechando su
condición de abogado de la entidad, pasaba información al
Grupo. El otro es el juez Carlos Parma, amigo de Daniel Vila y ex director
de Cubas de Roble, la empresaque tenía el general Noriega a través
de un testaferro español, Blas Martínez, procesado en su
país por relación con el narcotráfico. Ellos y el
fiscal Eduardo Mathus fabricaron una causa. Después, Vila me ofreció
sus buenos oficios para arreglar las cosas siempre y cuando yo “me
tranquilizara”. Eso, en el plano judicial. También se aparecieron
por el hotel en el que me alojaba en Buenos Aires unos señores
que dijeron ser de la SIDE. Presenté una denuncia en el juzgado
de Claudio Bonadío y a pesar del tiempo transcurrido todavía
no sé qué pasó con eso.
–¿Qué le dejó de bueno esta investigación?
–Conocer una persona del calibre de Linda Gustitus. Es una abogada
de Chicago, casada con un uruguayo que, no obstante, no habla español.
La decisión de intervenir en este caso la tomó ella y ella
personalmente llevó adelante la investigación y se encargó
de elaborar el informe. Fue un trabajo enorme, puesto que si bien saben
mucho de esos movimientos financieros no conocían ni la legislación
argentina en la materia ni los personajes. Lo que más le asombró,
a Gustitus y a todo el equipo, fue que el Citibank fuera socio de Moneta
en el CEI y hacía allí derivara todo el flujo de dinero.
Es más: el día de la sesión dedicada a este tema,
el senador Carl Levin tenía preguntas para una hora y media más
y referidas a la relación con el CEI. La senadora republicana Susan
Collins, que copreside con Levin el subcomité, decidió que
no había más tiempo para que los ejecutivos del Citi contestaran
sobre este asunto.
Pou
quedó en preembarque a la actividad privada
Comenzó citando a Kafka. Pidió no ser interrumpido. Habló
durante horas. Se erigió en fiscal de sus interrogadores y de
Carrió. Pero no convenció y salió debilitado. Hoy vuelve.
Pedro
Pou entra al Congreso, casi solo, casi sin sonreír. Y lo espera
un cartel alusivo.
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Por
Felipe Yapur
Habló durante
más de cinco horas, leyó párrafos de la introducción
del libro El proceso de Franz Kafka y se opuso a ser interrumpido. Centró
su extenso discurso en la falta de control del lavado de dinero que, según
él, no es una facultad suya sino de otros funcionarios del Banco
Central y recomendó que habría que revisar otros organismos
del Estado. Por último, y antes de decidir que su testimonio continuará
hoy, el titular del BCRA, Pedro Pou, se permitió advertirle a la
comisión bicameral que evalúa su gestión que, “si
me remueven del cargo, van a contribuir a profundizar la mala imagen del
país, que actualmente está pasando por una situación
delicada”. Sin embargo, no logró modificar la opinión
de los legisladores: aconsejarán su remoción.
 Consejo unánime.
La primera evaluación realizada por los integrantes de la comisión,
poco después de que finalizara la extensa exposición del
funcionario, es que “Pou logró empeorar su imagen al no esclarecer
su responsabilidad en el trato preferencial hacia los bancos República
y Mendoza”, propiedad del banquero menemista Raúl Moneta.
“Arrogante”, fue el calificativo utilizado por tres integrantes
de la comisión, al tiempo que destacaron el consenso existente
para “apresurar” el debate sobre el dictamen final para el viernes
y cuya primera redacción quedaría en manos del diputado
Raúl Baglini (UCR).
Tiempo. La arrogancia
fue interpretada por la comisión como “una clara intención
de ganar tiempo”, fruto de la falta de resolución de la medida
cautelar que había interpuesto ante el juez Martín Silva
Garretón. Lo que no sabían ni Pou ni los legisladores era
que el magistrado había rechazado por improcedente la petición
del cuestionado funcionario (ver nota aparte).
Puntual. Tal como lo
había anunciado, Pou llegó un par de minutos después
de las 10 de la mañana. Se bajó de su auto, retiró
unas carpetas y se acercó a la puerta del Senado de la Nación.
Hizo caso omiso de las decenas de preguntas que le disparó la guardia
periodística allí apostada. Nada, ni una sola palabra, apenas
una sonrisa. Unos minutos después, Juan José Canals, secretario
de la comisión bicameral, lo invitó a pasar al Salón
Gris. Allí lo esperaban los cinco legisladores. El saludo fue absolutamente
protocolar, frío. Tras una pequeña introducción a
cargo del senador Mario Losada, titular de la comisión, comenzó
su exposición.
Pou versus comisión.
Sin dudarlo, Pou la emprendió contra la “constitucionalidad”
de la comisión. Dijo que no había sido convocada correctamente
y remarcó que no se le estaba respetando su derecho de defensa.
Esto generó el primer choque con los legisladores. Losada, sin
perder la calma, le refutó sus términos asegurando que el
órgano bicameral sólo lleva adelante un proceso administrativo
y que como corolario emitirá un consejo no vinculante al presidente
Fernando de la Rúa.
Versus Lilita. Sin abandonar
su voz baja, Pou ingresó al terreno de los ataques que estaba sufriendo.
Acusó directamente a la diputada Elisa Carrió de haberlo
“juzgado mediáticamente”, la calificó de “inconsciente”
por las denuncias que realizó y tras minimizarlas pronosticó
que la diputada “nunca las presentará ante la Justicia”.
Versus Peláez. “Usted,
Peláez, ya me juzgó. Dijo que debía ser removido.
Está en los diarios”, dijo Pou mirando fijamente al diputado
radical. El legislador se incorporó en su asiento y visiblemente
molesto le retrucó: “No, no. Usted está transfiriendo
la responsabilidad a otros funcionarios y organismos del Estado. Usted
parece (Raúl) Moneta. Está desviando el tema por el cual
se lo convocó: la desatención de las advertencias de las
auditorías realizadas al Banco República sobre supuestas
maniobras de lavado de dinero efectuadas a través del Federal Bank
y el Citibank, los redescuentos otorgados a bancos que se encontraban
a punto de cerrar como el Patricios, Mayo e Integrado Departamental”.
La discusión no prosperó, fruto de la intervención
del justicialista Carlos Verna, que había asumido la presidencia
de la comisión por la ausencia momentánea de Losada: “Espero
que retire esos dichos”, dijo.
Pou recomienda. Sin
inmutarse por el primer entredicho, el funcionario sacó de unas
de las carpetas un organigrama del Central. Lo desplegó, para sorpresa
de los legisladores, en la mesa de la comisión y con el dedo señaló
lo alejado que está su cargo del responsable de monitorear las
posibles maniobras de lavado de dinero. A renglón seguido, recomendó
a los legisladores centrar también su interés en la Secretaría
de Lucha contra el Narcotráfico y en la AFIP.
La basura. Cansado de
la monótona lectura, el senador Alcides López interrumpió
al funcionario. “Por favor, no matemos a los taquígrafos.
Entregue sus escritos que serán incorporados más tarde...”
Pou, molesto, no lo dejó terminar: “No, de ninguna manera,
porque esa es una maniobra para que terminen en la basura”. Esta
vez el que no lo dejó concluir fue Verna, quien una vez más
le pidió que se retracte: “Confío que retirará
sus dichos”, dijo. El titular del Central aceptó a regañadientes.
Cansancio. Los legisladores
estaban ansiosos por comenzar con las preguntas. Algunos abrían
sus carpetas, Baglini encendía su laptop, pero Pou los sorprendió.
Dijo que estaba cansado. Verna le ofreció un receso de media hora.
“No, mejor continúo mañana (por hoy)”, le respondió.
Preguntó si estaba bien a las 10. Nadie se opuso.
LA
JUSTICIA NO DIO LUGAR A LA PRESENTACION DE POU
Sin camino a los Tribunales
La Justicia sepultó ayer
las ilusiones del titular del Banco Central, Pedro Pou, quien había
presentado una medida cautelar para impedir que la comisión bicameral
que investiga el lavado de dinero recomiende su remoción al Presidente.
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Silva Garretón
rechazó por “impropia” la presentación y notificó
la decisión al abogado de Pou, Carlos Caride Fitte. El magistrado
desestimó el pedido argumentando que la comisión parlamentaria
no tiene facultades para despedir al funcionario: sólo puede “aconsejar”
al Ejecutivo sobre el tema. En el propio fallo, Silva Garretón
explicó que “la petición se presenta como impropia,
toda vez que la actuación de la comisión no tiene como efecto
jurídico inmediato la remoción del presidente del BCRA”.
Con esta decisión, la Justicia descartó de plano la estrategia
de Pou, que apuntó a bloquear la actuación de los legisladores
que analizan su gestión en el Central utilizando como argumento
“la defensa de la autonomía” de esa institución
bancaria. En esa línea, Pou había solicitado al juez que
prohibiera el eventual consejo de la comisión porque “la sola
emisión del dictamen” podía afectar la autonomía
y el “buen nombre y honor” de la entidad. En otra parte de su
escrito, además, había afirmado que aunque la opinión
no es vinculante para De la Rúa, éste se vería en
“dificultades” en el caso de querer “desoír ese
consejo” a causa del “contexto político actual”.
Ayer, el juez Silva Garretón desestimó esos argumentos y
recordó que las funciones de la comisión bicameral “están
circunscriptas a la elaboración de la recomendación al Ejecutivo,
para la remoción de los miembros del directorio del Banco Central
de la República Argentina”.
En otro fragmento de su fallo, Silva Garretón subrayó que
–según la Carta Orgánica del BCRA– el Banco debe
estar gobernado por un directorio (compuesto por un presidente, un vicepresidente
y ocho directores) que puede ser destituido por el primer mandatario,
debido a mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario
público. Pero esa remoción, debe estar precedida por una
recomendación formulada por los titulares del Senado y de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la Cámara alta
y de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados.
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