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En el eje de las acusaciones por el cierre de los mercados de exportación
de carnes, el ex titular de la fenecida Secretaría de Agricultura,
Antonio Berhongaray, encontró una defensa singular. Reconoció
que, aunque lo negaban públicamente, “todos sabían”
sobre la existencia de la aftosa en el país. Señaló
que “aquí nadie engañó a nadie, porque todos
aceptaron las reglas del juego”, ocultar la realidad sanitaria. El
“todos” lo incluye a él como funcionario público
y máximo responsable del área, a sus superiores jerárquicos
dentro del Gobierno, junto a las organizaciones de productores, los exportadores
y los países compradores.
Desde que en setiembre del año pasado se volvió evidente
la aparición de la aftosa en el territorio argentino, los sectores
involucrados decidieron que el mejor camino era el secreto. “Todos
saben que tú sabes que yo sé, pero no te lo digo, a ver
si se enteran”, parece haber sido la clave del juego de intrigas.
El taxativo reconocimiento de Berhongaray significa que el ex funcionario
no actuó de acuerdo con los protocolos del Senasa, que señalan
cuál es el camino a seguir frente a la aparición de focos
de aftosa. También resulta grave que el responsable de construir
la verdad oficial haya ocultado la información a la Organización
Internacional de Epizootias, la oficina encargada de determinar el status
sanitario del país. Cabría considerar también hasta
qué punto no incurrió en la figura de incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
A pesar de los evidentes resultados, Berhongaray continuó insistiendo
en la efectividad del camino seguido bajo su gestión. “Yo
me fui con 77 mercados abiertos porque sabía que cerrarlos significaba
dejar gente en la calle, frigoríficos quebrados y productores con
precios disminuidos”, justificó el frustrado ex funcionario.
Sin embargo, fue precisamente esta estrategia la que dio como resultado
la descontrolada expansión de la aftosa y el consecuente cierre
de casi el 80 por ciento de los mercados de exportación. El quebranto
de la industria será el efecto probable si las restricciones persisten
en el tiempo.
De las declaraciones del secretario saliente también surge la complicidad
de las principales organizaciones de productores agropecuarios. La Sociedad
Rural, la Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro
tienen representación en el directorio del Senasa. Según
pudo saber Página/12, la estrategia de ocultamiento habría
surgido del por entonces director de epidemiología y luego ascendido
a vicepresidente del organismo sanitario, Eduardo Greco. En aquel momento,
no fueron pocos los especialistas que recomendaron el blanqueo de la situación,
pero la evaluación previó que el rebrote sería acotado
y pasajero. El ocultamiento, además de viable, resultaba más
atractivo que asumir políticamente las seguras pérdidas
económicas y el abandono de la ilusión por la conquista
de nuevos mercados.
Berhongaray se quejó amargamente porque la realidad trascendió,
no por su propia y desastrosa fuerza, sino por las filtraciones de algunos
productores que, según el frustrado secretario, habrían
“quebrado” el acuerdo de encubrimiento. La referencia tuvo destinatarios
directos: “Los importadores de carnes argentinas habían aceptado
no aplicar restricciones si el gobierno de la provincia de Buenos Aires
ocultaba la aparición de la enfermedad”. “No hablar de
aftosa fue una política de Estado consensuada con todas las provincias.
Yo reuní al Comité Federal Agropecuario, nos mandaron a
todos los ministros de Agricultura, y todas las entidades agropecuarias
participaron de esta decisión”, argumentó.
De este generalizado conocimiento participaba también el propio
Fernando de la Rúa. En un cruce radial con el ex titular de Agricultura,
el ex presidente del Senasa entre 1989 y 1996, Bernardo Cané, sostuvo
que “preferiría no hacer comentarios que involucran hasta
al Presidente, que Berhongaray conoce; reuniones en las que le fue informado
todo, detalladamente, sobre este tema”.
La Argentina, hasta ahora el cuarto exportador mundial de carne vacuna,
está en serio riesgo de perder un mercado que supera los 600 millones
dedólares. Y en este punto, como dejaron en evidencia los reconocimientos
de Berhongaray, las responsabilidades no están en un solo lugar.
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Llamamiento de la
FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) realizó un llamamiento para
que se lleve a cabo una “acción internacional urgente”
contra la aftosa. “La rápida propagación de una
cepa pandémica de fiebre aftosa demuestra a las claras la
difusión del virus en vastas áreas geográficas
y su capacidad de provocar epidemias en países que habían
estado libres de la enfermedad durante muchos años”,
afirmó en un comunicado del organismo hecho público
en Roma. A juicio de la FAO, ningún país puede considerarse
al margen del peligro de la enfermedad, debido al aumento del comercio
internacional, el turismo, así como la circulación
de animales y de productos alimentarios. Ante la amenaza mundial
que representa la enfermedad, la FAO pidió a los países
expuestos a este peligro que refuercen las medidas de vigilancia
mediante campañas de información, que estrechen el
control fronterizo y que elaboren planes para la destrucción
de los cadáveres y el suministro de vacunas.
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PIDEN
QUE INTERVENGA CANCILLERIA
Frigoríficos en rojo
El masivo cierre de mercados
para las carnes vacunas argentinas puso en alerta a la industria frigorífica,
que reclamó la intervención de la Cancillería ante
la Unión Europea. Los exportadores ya fueron afectados por el cierre
de mercados entre septiembre y diciembre del 2000, período en el
que se produjeron pérdidas por 70 millones de dólares. La
nueva restricción supera ampliamente a la de entonces. Las pérdidas
anuales podrían llegar a los 600 millones que, de producirse, significarían
la virtual desaparición de una industria que ocupa a alrededor
de 15 mil trabajadores.
Miguel Schiareti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio
de Carnes, consideró que “el riesgo de que la Unión
Europea cierre sus mercados para carnes argentinas por aftosa es una amenaza
paraarancelaria que podría evitarse con una oportuna intervención
de la Cancillería”.
En previsión del aumento de la conflictividad y de potenciales
despidos y suspensiones, los gremios del sector se declararon en sesión
permanente y realizaron una presentación al Ministerio de Trabajo.
Según declaró a Página/12 Carlos Etchehun, secretario
general de la Federación de Trabajadores de la Carne, demandarán
que el inminente problema laboral sea tratado como una cuestión
de Estado. Para el dirigente, “será necesario un marco de
contención, porque éste es un problema de largo tiempo,
como mínimo de seis meses”, concluyó.
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