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Declaró el cura que tenía archivos de la represión

Emilio Graselli contó en el Juicio de la Verdad cómo llevaba fichas con datos de desaparecidos. Otro testigo inició un juicio pidiendo la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad.

El sacerdote Emilio Graselli declaró
por segunda vez ante la Cámara
Federal de La Plata.

En marzo de 1977 Alicia y Roberto de la Cuadra se entrevistaron con quien era secretario del vicariato castrense, Emilio Graselli. Un tiempo antes le habían contado que su hija Elena y su yerno Roberto estaban desaparecidos y volvían buscando novedades. “Ustedes no me habían dicho que su hija estaba embarazada”, les recriminó el cura en la segunda audiencia. Ayer Graselli se presentó ante la Cámara Federal de La Plata para declarar en la primera audiencia del año en el Juicio por la Verdad pero negó que durante la dictadura tuviera más datos que los aportados por los familiares de desaparecidos y los diarios.
Fue la segunda vez que Graselli se presentó ante la Cámara de La Plata. En mayo de 1999, después de su primera declaración, el tribunal secuestró su fichero en el que había datos sobre más de dos mil desaparecidos. Ayer los jueces lo interrogaron sobre las anotaciones que había en sus archivos que, dijo, se confeccionaban “a partir de lo que me contaban los familiares de desaparecidos que semanalmente, en un número que oscilaba entre 30 y 50 me visitaban en la Vicaría”. El cura negó poseer un “archivo paralelo”.
El sacerdote desvió toda la responsabilidad de los contactos con las Fuerzas Armadas en su jefe –ya fallecido– Adolfo Tortolo, que en esos tiempos era arzobispo de Paraná. “Todas las consultas que se planteaban eran elevadas a Tortolo, quien tomaba contacto con los organismos militares y de seguridad, para luego responder a estas inquietudes”, afirmó Graselli. Sin embargo admitió que “en muchos casos, por lo intenso de la tarea me ayudaba personal que se me enviaba de las Fuerzas Armadas, de allí que en las fichas aparecen otras caligrafías”. Ante la pregunta del juez Julio Víctor Reboredo el cura especificó que los códigos “ND, SN, DIF y SD” correspondían a las aclaraciones de “No Detenido, Sin Noticias, Dificultades y Sin Detención”. El tribunal interrogó sobre el registro de la palabra “muerto” en algunas fichas y la procedencia de esta información, a lo que el prelado respondió que “puede haber sido que lo supe por una persona amiga (del muerto) que me dio ese dato”. La desmemoria de Graselli no es nueva. Cuando declaró en 1999 ni siquiera recordaba que había declarado ante la Conadep.
Ayer debía declarar el coronel (R) Pedro Alberto Duran Sáenz, ex jefe del centro clandestino El Vesubio, pero en cambio se presentó su mujer con un certificado médico. Sí testimoniaron Ema Prieto, madre de un desaparecido, y el ex detenido Rufino Almeida, quien solicitó oralmente a los jueces que se abra una causa penal sobre su caso. El pedido de Almeida, que permaneció secuestrado en El Banco entre el 4 de junio y el 27 de julio de 1978, se relaciona con el fallo del juez federal Gabriel Cavallo en el que se dictó la nulidad insalvable y la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 


 

RECHAZAN PEDIDO DE UN APROPIADOR
Disfrazado de víctima

Por Adriana Meyer

Policarpo Vázquez, ex marino y apropiador confeso de la presunta hija de los desaparecidos Susana Pegoraro y Rubén Bauer, estuvo a punto de recuperar la libertad, pero la jueza María Servini de Cubría le negó ese beneficio. El represor fue enviado por la magistrada a la cárcel de Caseros en marzo de 1999 pero hace varios meses que está internado en el Hospital Naval por una operación de “juanete”. La defensora oficial había invocado para Vázquez el Pacto de San José de Costa Rica y la ley del dos por uno.
“El país ha pasado por uno de los peores momentos de su historia en los que la violencia y el desconocimiento de las normas jurídicas propias de los pueblos civilizados ocasionaron secuelas que son de una dimensión tal que cualquier previsión normal es imposible de requerir”, escribió la jueza al rechazar el pedido de excarcelación que había presentado la defensora oficial Perla Martínez y que contó con el aval del fiscal Luis Comparatore. “El Pacto de San José es para las víctimas y no para los victimarios”, manifestó la abogada querellante Alcira Ríos al ser consultada por Página/12.
Tras su arresto, el ex marino confesó que en 1977 recibió una beba de manos de un camarada de armas al que no identificó. Admitió, además, que crió y anotó ilegalmente a la menor como hija propia “por mandato divino”. Vázquez y su esposa, Ana Ferrá, la inscribieron como “Evelyn Carina Vázquez”, pero las Abuelas de Plaza de Mayo sospechan que la chica, que ha cumplido 23 años, es en realidad la hija que dio a luz, en cautiverio, la desaparecida Susana Pegoraro. Ante la oposición de la joven a someterse al análisis genético Servini ordenó la realización de la medida en forma compulsiva. El abogado de Evelyn, Juan Pablo Vigliero, apeló la orden ante la Corte Suprema y el expediente fue enviado en setiembre al Procurador General para que dictamine al respecto. Desde entonces nada pasó en el caso. Además, Evelyn había pedido el año pasado que la Justicia la exima de convertirse en prueba contra su apropiador. La abogada Ríos considera que esto no es posible porque la prueba genética es algo material y por lo tanto “la joven no es sujeto sino objeto de la medida”.

 

OPINION
Por Alicia Castro *

Carta abierta al Frepaso

La Alianza fue una construcción de todos los sectores políticos, sociales y sindicales que lucharon contra el modelo de ajuste y exclusión social de Menem y Cavallo y se comprometieron activamente con una alternativa formulada en la plataforma electoral: “El Gran Cambio”.
A poco de asumir, el nuevo gobierno envió al Congreso la Reforma Laboral que facilita la rebaja de salarios y la degradación de las condiciones de los trabajadores.
En campaña, los militantes de la Alianza sostuvimos que la flexibilización no crea empleos, pero sirve para disciplinar a los trabajadores. Advertimos, además, que esta ley no tenía consenso: para forzarlo se quebró la voluntad de legisladores honestos y algunos funcionarios corruptos salieron a comprar la voluntad de algunos senadores igualmente corruptos. El escándalo de la corrupción en el Senado precipitó la renuncia del vicepresidente Alvarez.
Entonces, muchos creímos que ese gesto de gran coraje cívico sería acompañado por la lucha contra la verdadera corrupción: el poder económico que compra, somete y degrada al poder político.
Asimismo, el gobierno de la Alianza decretó la desregulación de las obras sociales, que favorece la privatización de la salud en manos de las empresas trasnacionales e impide la implementación de un verdadero Plan Nacional de Salud que articule la salud pública con las obras sociales. Después, llegó por decreto la rebaja de salarios de los trabajadores de la administración pública. Destacados economistas de la Alianza se equivocaron al sostener que al satisfacer estas demandas de los organismos multilaterales de crédito, bajaría el “riesgo país” y las tasas de interés, y así llegarían los “inversores” a generar empleo y bienestar. Este círculo “virtuoso” es el círculo mentiroso del neoliberalismo. Al final del círculo vicioso, los economistas descubren, con aparente sorpresa, que recaudaron menos y deberán aplicar... un nuevo “ajuste”. El sentido común no es patrimonio de los economistas doctorados en Harvard o Chicago y rentados por las empresas privadas en fundaciones como FIEL. Pero el bien común es el objetivo de la política.
Sostuvimos desde siempre que era imprescindible debatir un cambio de rumbo y propusimos medidas alternativas que se despreciaron sistemáticamente.
Otras acciones nos alejaron de nuestros compromisos y promesas: el voto negativo a Cuba en las Naciones Unidas, la obstaculización del cambio a la Ley de Riesgo de Trabajo, la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, la entrega de Loma de la Lata a Repsol, el aumento de tarifas del transporte.
Quienes votamos contra el Presupuesto 2001 rechazamos el congelamiento del gasto social por 5 años, la convalidación de la rebaja salarial, la falta de presupuesto de los organismos reguladores, la falta de inversión en Ciencia y Tecnología que nos permita investigar y agregar valor a nuestros productos.
El Frepaso, que se había postulado como una fuerza transformadora, no tuvo la capacidad de influir en las acciones políticas y en las decisiones centrales del gobierno que integra en la coalición.
En ese estado de cosas, el Gobierno anunció la Reforma Previsional, su intención de obligar a las mujeres a trabajar hasta los 65 años, eliminar la Prestación Básica Universal y desentenderse del mandato constitucional de atender la previsión social. Entonces, Chacho Alvarez anunció públicamente que este decreto sería el límite para el Frepaso. Sin embargo, el Gobierno, en una posición rupturista, atravesó estos límites. Más tarde se justificó la docilidad como acompañamiento del promocionado “blindaje”. Se trata de un préstamo más a ser pagado por el pueblo que asegura la cobrabilidad a los acreedores externos.
El previsible fracaso de estas medidas para reactivar la economía sirve ahora de excusa para recambiar el gabinete económico e instalar directamente a los representantes del sector financiero, que han promovido la extranjerización de la economía y la banca, las privatizaciones ruinosas y el desguace del Estado. El nuevo ministro integró su gabinete con funcionarios de la dictadura militar, que inició el proceso económico que convirtió a un país rico –la Argentina– en un país con catorce millones de pobres.
Esto no fue obra de la casualidad ni de la globalización: Menem y Cavallo se ocuparon en la última década infame de realizar “la más grosera, grotesca y malévola transferencia de riqueza del sector del trabajo y la producción al área restringida de las finanzas”. Sin embargo, dirigentes de la Alianza convocan hoy a Cavallo para integrar el Gobierno y, en el futuro, la coalición. La Alianza acaba de corporizar su funcionalidad con el modelo que había prometido confrontar.
El neoliberalismo no es un sistema de números, es una tragedia cotidiana en la vida de la gente. La gente que confió en el Frepaso como garante del “Gran Cambio” se siente abandonada y pierde sus esperanzas. Mi pregunta, entonces, a los dirigentes, militantes, afiliados y miles de votantes del Frente Grande y del Frepaso, incluido Chacho Alvarez, es: “¿Qué hacemos?”. Espero sus respuestas.

* Diputada nacional (Frepaso). [email protected]

 

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