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Por Felipe Yapur
 Todo indica que la situación
de Pedro Pou continúa siendo complicada ante la evaluación
que realizan de su gestión los legisladores frente al Banco Central.
Pero el silencio de la mayoría de los integrantes de la comisión
bicameral tras el segundo encuentro que mantuvieron con el funcionario,
más la decisión de posponer hasta el próximo martes
la discusión del dictamen final, hace suponer que el órgano
bicameral que conduce el senador Mario Losada se moverá al ritmo
de la resolución o no de la crítica situación que
vive el gobierno de Fernando de la Rúa.
Sin duda que el ímpetu o la mesura que fluctúa en el ánimo
de los miembros radicales de la comisión está altamente
influenciada por las innumerables desmentidas de renuncias y confirmaciones
de los integrantes del gabinete realizadas por el propio Presidente, el
ajuste que anunciará el ministro de Economía, Ricardo López
Murphy, y los efectos que puede tener sobre la continuidad de la Alianza,
más el enfriamiento de las versiones que daban a Domingo Cavallo
como seguro reemplazante de Pou.
Mario Losada, en su rol de presidente de la comisión bicameral,
fue el que mejor representó esta situación al sostener que
el dictamen se postergará hasta la próxima semana cuando
el diputado Raúl Baglini (UCR) y el senador Carlos Verna (PJ) retornen
de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
se realizará en Chile. “Cuando regresen nos sentaremos a evaluar
con ecuanimidad la documentación que obra en poder de la comisión”,
dijo Losada.
El segundo día de Pou frente a los legisladores fue tan largo,
tenso y plagado de entredichos como el del miércoles. Esta vez
no agobió a los diputados y senadores con una tediosa y monocorde
lectura de su descargo debido a la presión ejercida por el senador
radical Alcides López, quien “lo convenció” de
incorporar su extenso descargo al cuerpo de taquígrafos.
En el momento de las preguntas, el titular del Central no se movió
un ápice de su rol de funcionario y se valió de toda la
terminología técnica para responder el cuestionario desarrollado
por los legisladores.
Las preguntas realizadas por los senadores López y Verna y los
diputados radicales Baglini y Víctor Peláez giraron fundamentalmente
alrededor del “privilegiado” tratamiento que le dispensaba el
menemista presidente del Central al Banco República, propiedad
del también menemista Raúl Moneta, en cuanto a redescuentos
y autorizaciones para que se fusionara con el Banco Mendoza, hecho que
se repitió en los casos de los bancos Mayo y Patricios. Fuentes
cercanas a la comisión destacaron que Pou se escudó, tras
una prolongada explicación técnica, en que su tarea “es
la de mantener el buen funcionamiento del sistema financiero y por ello
no salvé uno o dos bancos sino todo el sistema”.
Hubo un detalle que sorprendió a la comisión y fue lo que
denominaron como “el precario equilibrio de la memoria de Pou”
que se notó frente a “la extraordinaria capacidad para recordar
detalles de poca importancia y una gran fragilidad a la hora de intentar
confirmar o no algún tema central”. Sí, reconocieron
fuentes cercanas a la comisión, entregó una gran cantidad
de documentación que, en principio, será evaluada a partir
del martes cuando la comisión vuelva a encontrarse.
Como el primer día, los entredichos y los fuertes intercambios
entre el funcionario y los legisladores se repitieron. El más virulento
fue el protagonizado con el diputado Peláez. Pou lo acusó
de haberse referido en malos términos sobre su persona en un reportaje
radial. El radical intentó esquivar el ataque, pero no contaba
con una desgrabación del reportaje que Pou le dejó sobre
la mesa. Silencio, a otro tema.
Los vaivenes del gobierno aliancista dejaron atrás los días
en que la mayoría de los legisladores que integran la comisión
“querían comerse crudo a Pou” y, obviamente, emitir el
dictamen cuanto antes. Ayer, y luegode escuchar durante seis horas a Pou
(en total casi doce horas en dos días), las posiciones son las
siguientes de acuerdo con fuentes cercanas a la comisión: Peláez
y López mantienen firme su decisión de aconsejar la remoción.
Losada y Baglini apoyan esa posición, pero antes de decirlo “miran
primero a la Rosada”. La posición del único justicialista
es complicada de entender: Verna está enfrentado con Pou, carga
con el peso de ser el representante del único partido que respaldó
políticamente al funcionario, pero reconoció, según
confió una fuente del bloque de senadores del PJ, que “no
hay motivos para removerlo”, aunque finalmente dijo que su postura
será respetar la decisión del oficialismo.
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Le robaron a Cantarero
“Seguramente esto fue un aviso de algo”, dijo Andrés
Marutian, abogado de Emilio Cantarero. Se refería a los golpes
y el robo que le dieron un susto al senador imputado en la causa
de los sobornos en el Senado, y a su yerno, que estaba con él.
El miércoles a la noche tres hombres armados entraron al
edificio donde vive el legislador, tomaron como rehén al
guardia de seguridad y abrieron su departamento con una llave como
la original. Repartieron trompadas, golpes y empujones y se llevaron
más de 1500 pesos en billetes que estaban perfectamente visibles
en el living. Pero, salvo la caja de seguridad, que estaba vacía,
no revisaron más nada. Nadie sufrió heridas graves.
“Si hubiera sido un robo normal, hubieran buscado plata y joyas,
y les hubieran partido la cabeza”, dijo Marutian.
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PIDEN
INFORMES AL PRESIDENTE
La SIDE versus la SIGEN
Por A. M.
Cuatro diputados socialistas
le pidieron informes al Poder Ejecutivo sobre la actitud del presidente
Fernando de la Rúa en el escándalo de los sobornos en el
Senado. La SIGEN le había solicitado autorización para enviar
información al juez federal Gabriel Cavallo pero nunca recibió
respuesta. Por eso, para evitar dilaciones, el magistrado secuestró
hace tres días esos informes –referidos al manejo de fondos
de la SIDE– y ahora se dispone a compararlos con los datos que ya
están en el expediente y con las tres declaraciones testimoniales
que prestó el secretario de Finanzas del organismo, Juan Gallea.
Si aparecieran omisiones o contradicciones los funcionarios de inteligencia
podrían ser convocados nuevamente a dar explicaciones.
Jorge Rivas, Alfredo Bravo, Héctor Polino y Oscar González
quieren saber “si es verdad que la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) pidió autorización del Presidente para cumplir con
el requerimiento del juez Cavallo, en el sentido de que se le remitieran
dos informes acerca del manejo de fondos por parte de la Secretaría
de Inteligencia mientras Fernando de Santibañes era su titular”,
y “si es verdad que esa autorización no se había verificado
aún el 13 de marzo pasado, día en que el juez Cavallo procedió
a secuestrar la documentación referida”. También le
preguntan al Ejecutivo “si el presidente De la Rúa estaba
personalmente al tanto de la situación planteada, en tal caso por
qué omitió la autorización y en caso negativo quién
o quiénes son los funcionarios responsables”. En realidad,
los movimientos del síndico general Rafael Bielsa en la causa de
los sobornos en el Senado fueron cuestionados varias veces por la Procuración
del Tesoro, que argumenta que no tiene atribuciones para investigar a
la SIDE. Como De la Rúa nunca se pronunció al respecto,
Cavallo decidió obtener los dos informes que Bielsa había
elaborado. Se refieren a las partidas destinadas a los sueldos de los
espías y a las sociedades de cobertura que utiliza la SIDE.
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