Por Cledis Candelaresi

Salvo Ferrovías, adjudicataria del Belgrano Norte, el resto de las operadoras de trenes urbanos, de subtes y premetro y los colectivos estarán habilitadas a subir 10 centavos sus tarifas a partir de la 0 hora del sábado. La Secretaría de Transporte prevé notificar desde hoy a las empresas sobre un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechaza una medida cautelar interpuesta por Martín Silva Garretón, quien había dejado sin efecto el polémico ajuste autorizado por el Gobierno en diciembre pasado. Sin embargo, no está dicha la última palabra, ya que este magistrado aún debe resolver sobre la legalidad o no del aumento, lo que se conoce como la "cuestión de fondo".
El fallo de la sala V no resultó demasiado sorpresivo ni para el Gobierno ni para las empresas, que especulaban con que en cualquier momento pudiera salir ese dictamen favorable a la suba de tarifas. Como antecedente, tenían el fallo en segunda instancia del mismo tribunal, que también dejó sin efecto otro amparo, pero interpuesto por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y sólo referido al aumento en el boleto de colectivos.
Ayer la misma Cámara bloqueó el segundo "no innovar" de Silva Garretón, ordenado en base a un recurso planteado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira. La funcionaria denunció la inconstitucionalidad del incremento que el secretario de Transporte, Jorge Kogan, anunció a principios de diciembre como un camino ineludible para evitar el colapso del autotransporte y permitir que las adjudicatarias de trenes urbanos hicieran inversiones imprescindibles.
A poco de ese anuncio, Oliveira interpuso un recurso sumarísimo, fundándolo tanto en la Constitución como en la Ley de Defensa del Consumidor, que contempla la participación de los usuarios en los cambios tarifarios a través de audiencias públicas. Silva le hizo lugar invocando el artículo 42 de la Carta Magna, que abre las puertas para que los consumidores tengan el protagonismo reclamado por la defensora.
La apelación del Gobierno y las empresas empujaron el trámite hacia la Cámara, que ayer frustró el amparo con el argumento de que "no le compete a los jueces sino al poder administrador (es decir, Economía)
fijar las tarifas", casi un reproche a Silva. Los camaristas consideran "innegable" esa atribución, para decidir la relación tarifas-subsidios, especialmente por la incidencia que éste tiene en los recursos del Tesoro.
De los 10 centavos de aumento autorizados para los trenes urbanos, al menos uno iría para cubrir parte de la subvención que por contrato le corresponde a los adjudicatarios de trenes urbanos. El resto es para costear el plan de inversiones que las empresas se obligan a ejecutar en el marco de los contratos renegociados. TBA y Ferrovías ya consiguieron firmar uno nuevo, y Fernando de la Rúa ratificó esos acuerdos por decreto a principios de año. En otros términos: parte del incremento tarifario responde al nuevo esquema contractual, por el cual son los usuarios y no el Tesoro Nacional los que aportan fondos para el plan de obras.
El fallo de ayer abre las puertas para que se vuelva a aplicar el aumento de 10 centavos autorizado a principios de diciembre, pero que fue luego suspendido por la cautelar finalmente volteada ayer. La inminente suba, sin embargo, no será factible para Ferrovías, cuyos boletos no pueden aumentar en virtud de otro recurso, promovido por el diputado del Socialismo Popular, Héctor Polino, y el ex ombudsman porteño, Antonio Cartañá, ante el juzgado de María José Sarmiento.
Esta presentación objetó con éxito la segunda versión contractual del Belgrano Norte, línea que atiende a unas de las zonas más pobres del Gran Buenos Aires. Gobierno y empresa apelaron el dictamen de Sarmiento, que hizo lugar a un amparo aún no considerado por la Cámara de Apelaciones. Por esta razón, aunque todos los boletos de trenes suban a partir del sábado, los de esta empresa quedarían en su valor actual. Cartañá y Polino –ex aliancistas ahora distanciados políticamente– también cuestionaron la renegociación del contrato de Metrovías, que tuvo lugar en el anterior gobierno y en virtud de la cual el cospel trepó de 50 a 60 centavos. El expediente también recayó en manos de Sarmiento, quien hizo lugar al no innovar y, apelación mediante, el tema está ahora en la sala II de la Apelaciones. Si el tribunal ratifica el fallo de la jueza, el cospel no sólo no podría aumentar sino que debería retrotraerse.
Otras razones ponen en duda la suerte del inminente y generalizado aumento de tarifas. Una medida cautelar sirve para suspender provisoriamente una medida, hasta que se resuelva lo que se discute. Silva aún no decidió si el incremento tarifario viola o no la Constitución Nacional y, en base a su primer dictamen, presumiblemente, dirá que sí. Oliveira, en tanto, amenaza llevar el caso a la Corte Suprema.

PRESIONES DE LAS EMPRESAS AL GOBIERNO POR LA SUBA
Kogan estaba en Punta del Este

Por C.C.

El fallo encontró al secretario de Transporte, Jorge Kogan, en Punta del Este en un cónclave de colegas de distintos países. Desde el confortable hotel Conrad, participó de la delicada decisión que ayer también ocupó parte de la convulsionada agenda del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo: a pesar de la tormenta que lo sacude, el Gobierno sostiene la decisión de que aumenten las tarifas públicas de transporte, quizás, porque no encuentra otra salida.
El Gobierno está jaqueado por múltiples presiones empresarias. Si no consiguen reforzar su caja ya, los colectiveros amenazan con suprimir servicios o quebrar, con la consiguiente secuela de despidos. La promesa oficial de que podrían subir muy pronto el boleto, permitió frenar la suspensión de servicios nocturnos que los transportistas estuvieron a punto de aplicar semanas atrás, protestando por la carestía del gasoil.
Los concesionarios de trenes y subtes también advierten que suspenderán definitivamente su plan de obras –uno de los capítulos del Plan de Infraestructura–, al tiempo que exigen al Estado que les pague los subsidios que les debe por contrato.
Las privatizaciones ferroviarias obligan al Tesoro a cubrir tanto las inversiones como el déficit operativo, pero las angustias fiscales que jaquearon la gestión de José Luis Machinea impidieron al Estado cumplir con ese compromiso. Una parte de esas deudas, que superan holgadamente los 100 millones de pesos, debían ser saldadas con bonos que, según los adjudicatarios, aún no llegaron a sus manos, a pesar del compromiso oficial de entregárselos.
Aunque con variantes, Economía optó por la misma salida que había diseñado el menemismo: que paguen los usuarios. Revertir este criterio parece inviable, ya que significaría aumentar el gasto público en pleno ajuste. El gobierno se jugó, entonces, por la salida más impopular.
El polémico aumento tarifario también siembra dudas sobre la pretendida independencia judicial. El fallo difundido ayer, ya era un dato cantado tanto para las empresas como para el gobierno semanas antes de que tuviera letra firme, lo que permite presumir que hubo, al menos, alguna filtración. Según fuentes allegadas a la causa que se tramita en el juzgado de Martín Silva Garretón, el dictamen de los camaristas tampoco es tan restrictivo como debería ser por referirse sólo a un amparo sino que va más allá, dejando poco resquicio para pelear en contra del aumento.

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